OMI, operador de los mercados de electricidad y de gas natural de la Península Ibérica, y que tiene accionistas tan importantes como BBVA, Banco Santander o Bolsas y Mercados de España (BME) ha dado un paso más contra la idea que tiene el Gobierno en poner límite de 30 euros el megavatio a la hora a la tecnología del ciclo combinado, propulsada por gas.

Esta semana, Bruselas dará la respuesta definitiva a España y Portugal, que mandaron una propuesta conjunta para limitar los precios de la electricidad hace poco menos de un mes. Los dos países consideran que el coste eléctrico se disminuiría “hasta un 50% menos” si entra en vigor la documentación enviada a la Comisión Energética.

Esas medidas fueron duramente criticadas por las eléctricas de manera individual y, ahora, lo hace el gran operador español y luso, en las que se encuentran Iberdrola, Endesa, EDP, Repsol, además de las otras compañías anteriormente mencionadas, tal y como adelantó Expansión la pasada semana.

En una misiva mandada este mismo lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a las secretarías de estado energéticas de España y Portugal, y a la que ha tenido acceso este periódico, el operador ha criticado duramente a los países por los planes que van a llevar si Bruselas da el plácet.

“La ausencia de un régimen regulatorio claro, inequívoco e incuestionable de determinación del precio y con un periodo de aplicación limitado, provocaría una gran inseguridad y riesgo jurídico, en especial en lo que respecta a todos los contratos de derivados ya transaccionados”, señala la carta.

Las empresas han querido mostrar su rechazo debido a que buena parte de la electricidad que se vende está sometida a los mercados financieros y, por tanto, un cambio en las condiciones podría acarrear “graves consecuencias” para la viabilidad económica empresarial. “La nueva realidad podría generar volatilidades en los precios de la energía, en particular a corto plazo”.

Además, el operador recalca que el verdadero protagonista de esta subida es el gas y que debería toparse el precio de compra de esta materia prima y no así la tecnología con la que se genera electricidad. En este apartado, la carta señala que en el mercado eléctrico se ha registrado “escalada en los precios en el último año sin precedentes, generando graves dificultades económicas en el tejido empresarial ibérico, en la capacidad y propensión de los hogares a consumir energía y un fuerte malestar social”.

En la nota enviada también se señala que se imponga un precio de referencia en toda Europa “por seguridad económica financiera” y que sea el precio que se decida en Bruselas sea “el que sirva de subyacente para todos los derivados de electricidad en el mercado ibérico”.

Fuentes del mercado, tras enviar la nota, señalan que los mercados a plazo mueven 160 Teravatios/hora a nivel ibérico están expuestos a posiciones financieras en el mercado eléctrico, lo que supone alrededor del 60% del consumo en España. En este sentido, las fuentes consultadas indican que “la diferente regulación a ambos lados de la frontera hace que Portugal no necesite una medida como el cap al gas, que puede generar más perjuicios que beneficios”.

A su vez, indican que el mercado español es muy diferente al portuguñes ya que el luso posee el 97% de los clientes tiene contratos a precio fijo y sólo el 3% restante tiene tarifa regulada, vs 60% tarifa plana en España y 40% regulada (PVPC)”, si bien piden que haya consenso entre los diferentes gobiernos europeos.

Peticiones

Con todo, el grupo exige a los gobiernos portugués y español que, de acometer nuevos cambios, “apenas tengan alteraciones en el mecanismo del precio de la energía y que sean homogéneas en el resto de países de la Unión Europea”.

A su vez, las eléctricas españolas -de la mano de las entidades bancarias- instan a Pedro Sánchez y Antonio Costa que las medidas “no lleven alteraciones legislativas” por el bien económico del país. Por último, remarcan que la aplicación del nuevo mecanismo “sea de carácter transitorio”.