La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha propuesto durante la reunión de la Junta de Portavoces de este martes la reducción del sistema de mayorías necesaria en la cámara para acceder a la comisión de secretos oficiales; un órgano parlamentario de control que se encuentra sin convocar desde más de tres años y un mes. La acción de la presidenta de la cámara llega tras una ronda de conversaciones mantenida hasta el pasado lunes con todos los grupos políticos y ante el cruce de vetos que han impedido hasta la fecha conformar la comisión.

Concretamente, Batet quiere fijar la mayoría absoluta, de 176 escaños, en lugar de los 210 votos necesarios. Eso, permitiría acceder a partidos independentistas como ERC o EH Bildu, cuya presencia estaba vetada por el PP, a material de Estado y clasificado, así como al control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Este cambio, supondrá la modificación de la resolución de Presidencia que el socialista Manuel Marín firmó en 2004, y rebajará a 176 votos los necesarios por candidato.

Batet, en una comparecencia ante los medios en el patio del Congreso, ha justificado la premura alegando que la no constitución de la comisión por "falta de acuerdos", es "una anomalía democrática". Unos grupos políticos entre los que la socialista percibe un interés, ha dicho, mayoritario en darle salida.

Esta comisión, que gestiona los gastos reservados y cuyos encuentros son confidenciales y a puerta cerrada, supervisa las actividades del CNI y el uso de los fondos asignados, unos 26,86 millones de euros, a la inteligencia española o los ámbitos de Interior, Defensa y Exteriores. Darle salida, tras años de bloqueo, ha sido una de las principales promesas que el Gobierno y su ministro de la Presidencia Félix Bolaños ha hecho al Govern de Cataluña para despejar las dudas sobre el presunto espionaje a políticos y líderes independentistas.

La derecha, en contra

Desde el PP, la portavoz parlamentara y secretaria general Cuca Gamarra, califica de "triste que un partido como EH Bildu vaya a tener acceso a datos clasificados y a poder interrogar al CNI". Ello, considera, es un ejemplo más de que la voluntad del Gobierno "es poner el Estado a su servicio para garantizar el apoyo de sus socios el resto de la legislatura".

Para los populares "no es necesario este cambio", dado que "la interpretación correcta es la que se ha venido haciendo". "No sería la primera vez que no habría un miembro -EH Bildu- representado-", ha añadido Gamarra en la rueda de prensa posterior a la reunión de portavoces.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha avisado que "cambiar las reglas del juego" para transformar las mayorías para conformar la comisión de secretos oficiales "no es ejemplo de limpieza democrática". También ha puesto en cuestión que este trámite pueda llevarse a cabo mediante una resolución de la presidenta Batet.

Ambos partidos apoyan la constitución del órgano para los secretos oficiales, pero respetando los mecanismos de 210 votos necesarios por candidato. O lo que es lo mismo: tres quintos del Congreso. Asimismo, siguen cuestionando que formaciones independentistas vayan a poder tener constancia de asuntos del Estado que plantean destruir. "Nosotros no vamos a permitir con nuestro voto que estas formaciones conozcan los secretos del Estado para atentar contra el Estado y destruir el Estado. Lo que hagan otras formaciones ellos verán", ha explicado Bal.

Vox, como populares y naranjas mantienen, de igual manera, su veto a que formaciones de corte secesionista tengan cabida en la comisión.

Aceleración de trámites

Batet quiere someter a votación esta reducción de mayorías cuanto antes en la cámara baja. Intentará que sea esta misma semana, tras haber acelerado los trámites. Todo ello, después de que este domingo el Ejecutivo y Bolaños prometiese a la consejera de la Presidenta del Govern, Laura Vilagrà, aportar todo tipo de información sobre el supuesto espionaje a los partidos independentistas dentro de la comisión.

Por ello, Batet reunirá este martes por la noche, después de la sesión plenaria, a todos los portavoces para aprobar la nueva resolución y trasladar al Congreso la votación de aquellos integrantes que quieran ser propuestos.