La Generalitat se personará como acusación popular "en todos procedimientos judiciales" sobre los presuntos casos de espionaje. Una medida que también podría incluir la denuncia presentada por el Gobierno sobre el espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles ante la Audiencia Nacional. O las querellas presentadas por el ex president Quim Torra y el ex vicepresidente del Parlament, Josep Costa, que sitúan como responsable del espionaje al que fueron supuestamente sometidos al propio Pedro Sánchez.

"Con el objetivo de que todas las personas responsables asuman las responsabilidades que les tocan y para proteger a los servidores públicos se encarga al gabinete jurídico las acciones para defensa de la Generalitat y sus servidores compareciendo como acusación popular" ha anunciado el Govern.

La decisión de personarse como acusación particular es "paralela" a la demanda en nombre de la Generalitat, que los servicios jurídicos "siguen estudiando" ha asegurado la portavoz del Govern, Patricia Plaja.

Torra apunta a Estrasburgo

Paralelamente, el expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, han anunciado una demanda contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el conjunto del Ejecutivo por el espionaje con el software 'Pegasus'.

Según un comunicado de la oficina del expresidente de este martes, ya han presentado un requerimiento "exigiendo el cese de la vulneración de sus derechos fundamentales como víctimas de espionaje ilegal" y en los próximos diez días presentarán ante el Tribunal Supremo una demanda -textualmente- de protección de los derechos fundamentales contra el presidente y su Gobierno.

Si este procedimiento termina con un recurso de amparo inadmitido o resuelto en el Tribunal Constitucional, prevén presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo (Francia).

Torra y Aragonès, vías paralelas

El Govern, por su parte, sigue "estudiando" la querella en nombre de la Generalitat y la que debe presentar Pere Aragonès a título individual. La semana pasada acordó además ofrecer apoyo jurídico a todos los cargos o ex cargos de la administración catalana que han sido presuntamente espiados. El departamento de Presidencia ya ha contactado con una veintena de afectados, ha explicado hoy Plaja.

La portavoz ha asegurado que la oferta ha sido bien recibida. Pero lo cierto es que Torra y Costa han optado por seguir una vía propia ante la justicia, al margen de la oferta del Govern. Ahora el ejecutivo de Aragonès debe decidir si se suma como acusación popular a la denuncia contra Sánchez o no.

"El acuerdo de la semana pasada es vigente, se denunciará por todas las vías y en todas las jurisdicciones competentes la vulneración de derechos básicos" ha asegurado Plaja. "Pero no se trata solo de presentar una querella sino de que sea fundamentada y con todas las pruebas, en eso trabajan los servicios jurídicos" ha añadido.

El Govern revisa 500 móviles

Al margen de las iniciativas legales, el gobierno catalán ha encomendado a la Agencia de Ciberseguridad de la Generalitat la revisión de "al menos" 500 móviles de otros tantos cargos de la administración catalana, ha explicado Plaja. Aún así, "seguimos siendo vulnerables" ha reconocido la portavoz. "Estamos hablando de espionaje político con instrumentos no legales, ante esto nadie se puede sentir 100% protegido".

En este contexto, ha insistido en considerar inaceptable la falta de respuestas de Pedro Sánchez a las exigencias de información del Govern. Plaja ha reclamado que se fije "cuanto antes" una fecha para el encuentro reclamado por el Govern entre ambos presidentes.

"Pedro Sánchez vendrá a Cataluña y se irá sin dar explicaciones de este escándalo de nivel internacional" se ha preguntado en referencia a la visita del presidente, este viernes, a la capital catalana.

Ocho infecciones a Torra

Torra y Costa han asegurado haber confirmado -respectivamente- ocho infecciones en 2020 y cuatro en 2019, que a su juicio eran momentos política o judicialmente sensibles.

Ambos han apuntado a Sánchez "como máximo representante y responsable de los servicios de inteligencia del Estado español" y al Gobierno por entender que dirige -en sus palabras- toda la política interior y exterior, y es a quien el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informa de sus actividades.

Exigen saber "qué información han obtenido con el espionaje, quién la ha conocido, cuál se ha destruido y cuál se ha conservado" y piden al Ejecutivo que desclasifique toda la información y documentación del caso. La demanda pretende "acreditar la vulneración de derechos fundamentales y que se condene a España por ello", además de depurar responsabilidades penalmente.

Costa exime a NSO de responsabilidad

"No nos interesa tanto esclarecer qué persona concreta o qué departamento o servicio lo ha hecho, sino demostrar que ha existido una vulneración de derechos fundamentales absoluta, total y sin ningún tipo de base legal o de cobertura jurídica", ha insistido Costa en una entrevista en RAC1.

En este contexto, el dirigente de JxCat ha justificado que la demanda sea contra el Ejecutivo y no la empresa propietaria del software porque "quien hace un mal uso de esta herramienta es quien la utiliza para hacer espionaje".

"No estamos diciendo que las actuaciones que se están haciendo por parte de los otros afectados no sean también útiles e interesantes, porque también participaremos, estamos abriendo un nuevo frente", ha zanjado.