La Fiscalía belga, a favor de la entrega de Puigdemont por rebelión y sedición

La Fiscalía belga se ha mostrado este viernes de acuerdo con la entrega a España del ex president de Cataluña Carles Puigdemont y de los cuatro ex consellers que le acompañan en la capital belga por todos los delitos que le imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -incluyendo los de rebelión y sedición- salvo el de prevaricación, según ha manifestado el abogado Christophe Marchand.

Ha sido en el curso de una audiencia, calificada por el letrado como "serena",  en la que se han escuchado tan sólo los argumentos del Ministerio Público belga. Tanto Puigdemont como los cuatro ex consejeros tendrán que volver al tribunal de primera instancia de Bruselas el próximo 4 de diciembre, cuando será el turno de los alegatos de sus defensas.

En la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) cursada, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela imputaba al ex president y a los cuatro consejeros en rebeldía judicial los delitos de prevaricación, desobediencia, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Ello suponía una novedad, puesto que en los autos de prisión tan sólo consignaba que investiga a los miembros del Govern cesado en aplicación del artículo 155 de rebelión, sedición y malversación.

El Ministerio Público belga no ha pasado por alto esta circunstancia y no muestra su respaldo a que los imputados sean investigados en España también por el delito de prevaricación, como consignó la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional cuando rellenó el formulario. El resto de las conductas delictivas atribuidas a los ex altos cargos catalanes tienen correspondencia con dos delitos que existen en código penal belga (coalición de funcionarios y malversación), por lo que da su conformidad a que sea atendida la petición de detención y entregada tramitada por las autoridades judiciales españolas.

A la espera de que el tribunal adopte una decisión el próximo 4 de diciembre, dos días antes de que arranque la campaña electoral, la posición de la Fiscalía belga es un indudable motivo de tranquilidad para el Gobierno español. Como ha informado El Independiente, el Ejecutivo de Rajoy teme que las autoridades judiciales belgas accedan a entregar a España a Carles Puigdemont y a cuatro ex consellers -Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura)- para que se les investigue sólo por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos y no por rebelión y sedición, lo que generaría una situación paradójica: altos cargos de la Generalitat de Cataluña con menores responsabilidades que el ex president se enfrentarían previsiblemente a penas más severas pese a no haberse declarado en rebeldía judicial.

Fuentes del Ejecutivo de Rajoy no ocultan su temor a que la ejecución de la orden de detención y entrega sea parcial y circunscriba a malversación el ilícito penal por el que podrían ser investigados -y en su caso enjuiciados- Carles Puigdemont y los consejeros que se trasladaron con él a Bélgica y no han atendido la citación de la Audiencia Nacional.

Formulario enviado por la juez Lamela a Bélgica, donde detalla que la orden de detención es por 'corrupción'. EL INDEPENDIENTE

La decisión marco del Consejo de la Unión Europea que regula la orden de detención prevé 32 delitos en los que procede la entrega entre estados miembros en virtud de una orden de detención europea, siempre que el código penal del país emisor castigue ese ilícito con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos tres años. Esta condición se cumple holgadamente, puesto que los investigados se enfrentan sobre el papel a penas de hasta 48 años de cárcel y de 17 de inhabilitación.

En el caso del ex presidente del Govern, Lamela marcó la casilla de 'corrupción', infracción en la que encajaría teóricamente la malversación de caudales públicos. Y ése puede ser uno de los ejes sobre los que puede pivotar la estrategia de Puigdemont para no ser entregado a España.

La defensa de Puigdemont alegará que Lamela detalla en la orden de detención y entrega más delitos de los que ha especificado en los autos de prisión

No es aventurado pensar que las defensas del ex president y de sus ex consellers traten este viernes de tumbar la petición de entrega cursada por la juez Lamela con el argumento de que la malversación no es un delito de corrupción. También harán ver con total seguridad que, mientras en los autos de prisión la magistrada de la Audiencia Nacional sólo detalla delitos de rebelión, sedición y malversación, en la documentación enviada a Bruselas para justificar la detención especifica también prevaricación y desobediencia.

De otro lado, el Gobierno interpreta la decisión de la Fiscalía belga de enviar un cuestionario a España interesándose por las condiciones de las cárceles españolas como una medida anticipatoria ante la posibilidad de que las defensas del ex presidente de la Generalitat y de los cuatro consejeros puedan esgrimir ese argumento para reclamar que no sea atendida la orden de entrega.

La ejecución de una orden europea de detención y entrega no puede propiciar trato degradante o inhumano a la persona reclamada por otro Estado miembro, ya que ello vulneraría la obligación de respeto a los derechos fundamentales que el Tratado de la Unión Europea consagra en su artículo 6.

Condiciones de reclusión

Es por ello por lo que las autoridades judiciales del país receptor de la orden pueden reclamar del emisor información complementaria sobre las condiciones de reclusión, si bien esa medida sólo suele adoptarse cuando hay motivos fundados para sospechar de ese trato degradante o inhumano.

En este sentido, los expertos consultados por este periódico han mostrado su sorpresa por las preguntas que la Fiscalía belga ha planteado a España en relación con el sistema penitenciario, que serían adecuadas en casos de países en las que las condiciones carcelarias son claramente deficientes -como Rumanía y Bulgaria- pero no de un estado miembro con estándares en materia penitenciario muy superiores a los de la media europea.