Toda Argentina está en estado de shock desde que se confirmó el jueves una explosión en la zona donde se busca al submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo, que había desaparecido el miércoles 15 en su recorrido por el Atlántico Sur. La negligencia de la Armada Argentina, la inacción del Gobierno y el dolor de los familiares que reclaman justicia son algunos de los temas centrales en la agenda política y mediática local.
Todo comenzó el lunes 13 de noviembre, cuando el submarino ARA San Juan partió desde Ushuaia con destino a Mar del Plata, a realizar sus tareas de vigilancia en el Atlántico Sur. El miércoles 15 se perdió todo contacto con la nave, tras una última comunicación que se registró a las 7:30 horas de la mañana desde su última posición conocida, ubicada a la altura del Golfo San Jorge.
Tras 24 horas sin noticias, el jueves 16 la Armada Argentina confirmó la desaparición del submarino y el comienzo de la imperiosa búsqueda para tratar de evitar una tragedia: en caso de que la nave estuviera averiada y no se pudiera subir a la superficie a renovar el aire, los tripulantes contarían únicamente con siete días de oxígeno.
Salvar la vida de las 44 personas a bordo se convirtió muy pronto en una causa internacional. El presidente Mauricio Macri escribió el sábado 18 en su cuenta de Twitter que el Gobierno estaba comprometido a utilizar “todos los recursos nacionales e internacionales”, y así fue.
A los rescatistas argentinos se sumaron numerosos barcos y aviones provenientes de países como Chile, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay y Perú para ayudar en el rastreo. Las malas condiciones meteorológicas y el extenso territorio -480.000 kilómetros cuadrados- complicaban aún más la situación, pero el plan de rescate parecía eficaz: consistía en localizar al submarino desaparecido y entonces bajar un minisubmarino de rescate presurizado que se conectara con la nave y pudiera evacuar, de seis en seis, a todos los tripulantes.
Problemas en la búsqueda
Sin embargo, a partir de la última hora del sábado, todo empeoró. El Ministerio de Defensa dio la primera noticia esperanzadora e informó oficialmente de que, a través de siete llamadas satelitales, la tripulación habría intentado reestablecer contacto desde la nave. Enseguida se comunicó que la información era errónea y se agudizó la desesperación. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, quedó al borde del despido por la noticia falsa y por haber designado como encargada de búsqueda a Graciela Villata, una legisladora provincial que se especializa en el cultivo de yerba mate, pero que no tiene conocimientos de rescate en el mar.
El domingo 19 la Armada reconoció que el comandante a bordo del submarino había informado de un problema en las baterías antes de que se perdiera el rastro. Los responsables militares tenían esa información desde el minuto cero pero esperaron casi cinco días para contarla y luego la minimizaron con explicaciones. "No hay que establecer que esa avería tenga que ver con el suceso de este momento"; afirmó el portavoz de la Armada, Enrique Balbi.
Reunidos en la base naval de Mar del Plata, donde escuchaban con atención los partes de la Marina, el desasosiego de los familiares era cada vez mayor. Al reclamo ante la desinformación de la Armada y la falta de acción del Gobierno Nacional, se sumó aquel que hacía referencia a las pésimas condiciones en las que se encontraba el vehículo para navegar. El ARA San Juan, uno de los tres submarinos que tenía la Marina argentina, de procedencia alemana, había sido incorporado en 1985 y estuvo en reparación entre 2007 y 2014 para extender por 30 años su vida útil, pero sus condiciones, según ellos, estaban lejos de ser óptimas. "Me comentó (mi pareja) que tuvieron un desperfecto en 2014 que fue grave y generó tensión y miedo entre la tripulación", explicó Itatí Leguizamón, esposa de uno de los tripulantes.
Malas noticias
La peor noticia llegó el miércoles 22, cuando los sensores de África detectaron una "anomalía hidroacústica", es decir, una implosión, a casi 60 kilómetros del lugar donde se produjo la última comunicación del submarino. Esa información fue confirmada un día después por un organismo antinuclear perteneciente a Naciones Unidas, lo que llevó a la Armada Argentina a pronunciarse ante los familiares. “Se trató de un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente en una explosión”, aseguró el portavoz, aunque afirmó que por ahora no hay indicios que permitan afirmar que el submarino sufrió un ataque: “No tengo ninguna evidencia que pueda confirmarlo. Seguimos buscando. Vamos a continuar con el esfuerzo de búsqueda del submarino San Juan".
Quiero dar un especial reconocimiento a los 44 tripulantes por su patriotismo, su heroísmo y valentía. Como todas las FFAA, ellos tienen una responsabilidad central en la vida del país: cuidar nuestro territorio y a todos nosotros. Para ellos y sus familiares mi mayor afecto.
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 24, 2017
La explosión detectada redujo el área de la búsqueda. Ahora se rastrea la zona donde se perdió la comunicación: a 430 kilómetros de la costa, entre la Península de Valdés y el Golfo de San Jorge. Sin embargo, se encuentra en un lugar donde hay un talud continental que da origen a una gran fosa abisal, por eso la Armada habla de que puede estar entre 200 y 3.000 metros de profundidad.
La desaparición del submarino y los 44 tripulantes conmociona al país. La noticia de la explosión golpeó a los familiares que continúan reclamando justicia y piden que el Gobierno y la Armada Argentina se hagan cargo de la situación. ¿Por qué no informaron a tiempo sobre el problema de las baterías? ¿Cuál era el verdadero estado del submarino reparado mínimamente en 2014? ¿Quién es el verdadero responsable de esta tragedia?, son algunas de las preguntas que todavía quedan sin respuesta.
Además, la pérdida de submarino ha generado un gran debate sobre la falta de financiación de las Fuerzas Armadas en Argentina. De acuerdo a datos oficiales, el presupuesto de mantenimiento y producción para la Defensa era en 2014 de 1707 millones de pesos, mientras que con el cambio de gobierno en 2017 tuvo una reducción y quedó en 535 millones de pesos. En medio del cruce de denuncias y de la imperante desesperación, desde la Armada afirman que “no hay fecha para que termine la fase de búsqueda y rescate” y piden no perder las esperanzas.
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