La crisis política surgida a raíz del Catalangate, el espionaje a políticos catalanes independentistas, incluido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, reconocido por los servicios secretos del Estado, dejan al Gobierno socialista en una situación más comprometida si cabe que la que ya tenía para sacar adelante las normas que se propuso al inicio de la legislatura.

Un buen número de leyes impulsadas por los partidos del Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos (más de una treintena entre las procedentes de decretos leyes y las que se encuentran en el plazo de enmiendas) llevan meses paralizadas por los frágiles apoyos con los que cuenta el presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Entre éstas se encuentran la ley de Memoria Democrática, la Ley Trans, la de Secretos Oficiales o la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley Mordaza', que lleva siete años en vigor con promesas de derogación del Gobierno de coalición puesto que, como han denunciado organismos internacionales como Amnistía Internacional, vulnera derechos fundamentales de manifestantes e informadores.

Tras el escándalo de Pegasus, los escaños de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) -partido al que pertenecen algunos de los espiados por el CNI- están en el aire y, sin ellos, el Gobierno necesitará más que nunca el apoyo de Bildu en el Congreso.

Antes de que se desatara la última crisis política con los independentistas, distintas normas se encuentran atascadas y los partidos de la oposición reprochan al Gobierno que vaya tomando decisiones por medio de decreto ley que posteriormente no se conviertan en ley tramitada con mayoría en el Congreso, como ocurrió con el decreto ley para la tramitación de los fondos europeos que, una y otra vez durante más de un año, ha ido al trámite de enmiendas.

PNV presiona por la ley de secretos oficiales

Se resisten leyes que impulsó el PSOE, pero también las que impulsó el PSOE con Podemos e incluso algunas apoyadas ampliamente en el Congreso como la de los Bebés Robados, que apoyaron PSOE, ERC, Bildu y Podemos a raíz de un texto de la asociación CeAqua.

Desde 2020, el PNV se queja de que el PSOE bloquea en el trámite de enmiendas la ley con la que lleva proponiendo reformar la norma sobre secretos oficiales vigente desde el franquismo, concretamente desde 1968. Los nacionalistas vascos persiguen, entre otras cuestiones, que se obligue a desclasificar materias cada cierto tiempo.

También es propuesta de PNV la reforma legislativa con la que se busca eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad que se encuentra en el mismo punto de enmiendas parciales después de superar las parciales.

El grupo vasco presentó en diciembre de 2019 una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para retirar el recurso previo de inconstitucionalidad introducido durante el Gobierno de Mariano Rajoy contra proyectos de Estatuto de Autonomía que, según consideran los nacionalistas, buscaba en último término impedir la celebración de referéndums.