La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el sobreseimiento de la causa contra la alcaldesa de Hospitalet, Núria Marin. La también presidenta del PSC y de la Diputación de Barcelona está siendo investigada por la presunta malversación de fondos del Consejo Deportivo de la ciudad (CELH). La Fiscalía rechaza en su escrito la comisión de un delito de “omisión del deber de perseguir delitos" que el informe de la Policía atribuye a la alcaldesa.

Ese informe policial es el responsable de la inclusión de Marin en la causa que dirige el titular del juzgado de instrucción número 2 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, contra una trama de supuesto desvío de subvenciones públicas.

En esta causa han sido imputadas trece personas, entre ellas dos concejales de L’Hospitalet y el secretario general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras. A estos tres responsables se les atribuye también el delito de pertenencia a organización criminal.

Auditoría del Ayuntamiento

En su escrito, la Fiscalía recuerda que tras ser informada de las presuntas irregularidades ordenó una auditoría externa sobre la gestión del CELH. "La actitud, comportamiento y decisiones adoptadas por la investigada no pueden tener encaje en la idea de una dejación de funciones" apunta el ministerio público, para el que Marin "cumplió con la obligación de controlar el buen fin de las subvenciones concedidas".

Añade la Fiscalía que, posteriormente, una vez judicializada la causa, en el momento en que recibe la documentación, "adopta la única decisión que le era exigible: remitirla al Juzgado de instrucción puesto que, efectivamente, 'era allí donde debía estar'".

Por tanto, concluye que la investigada "actuó sin ningún ánimo de ocultación de los hechos que se pusieron en su conocimiento y, en consecuencia, sin hacer dejación de sus funciones que supusieran obstáculo alguno para su investigación".

Informe de la policía

La Fiscalía rechaza así la postura de la Policía, que en un informe muy crítico señalaba a Marin por haber obviado los indicios de irregularidades en la gestión del regidor Cristobal Plaza, que entonces era además el número dos del PSC en Hospitalet. La investigación policial señala a Plaza por destinar a fines particulares algunas de las ayudas públicas que gestiona el CELH y hacer una contabilidad paralela para ocultarlo.

Por elevación, el informe policial atribuye a Marin responsabilidad en la presunta prevaricación y malversación de caudales públicos. Lo hace "alegando como único motivo el hecho de que su condición de alcaldesa le convierte, en consecuencia, en la máxima responsable de las decisiones que se adoptan en el Ayuntamiento", apunta la Fiscalía.   

"Se nos antoja excesivo aplicar dicho razonamiento, so pena de convertir a cualquier primer edil en blanco, por presunción extensiva, de las denuncias o querellas que puedan interponerse contra cualquier autoridad o funcionario de ámbito local a falta de indicios que permitan deducir lo contrario" concluye el ministerio público.