La Oficina Antifraude de Cataluña ha confirmado que no había "cobertura legal" para que la Generalitat anticipara 35 millones de euros a un intermediario por una compra de mascarillas en el primer estado de alarma y ha remitido la operación a Hacienda para que valore si el IVA se aplicó correctamente.

Así lo ha determinado Antifraude (OAC), una vez ha dado por finalizada su investigación sobre el contrato adjudicado en marzo de 2020 por el Instituto Catalán de la Salud (ICS) a la empresa Basic Device SL., para el suministro, por valor de 60 millones de euros, de mascarillas, vestidos de protección y respiradores.

Al no apreciar inicialmente indicios de delito en esta compra -ya que si no lo habría remitido directamente a la justicia- Antifraude incoó un informe razonado, en el que advertía sobre la inexistencia de cobertura legal para el pago anticipado de 35 millones de euros a Basic Devices SL, que se presentó como intermediario ante el mercado chino.

El ICS admitió que asumió un riesgo con este contrato, aunque lo atribuyó a la situación de emergencia y la escasez de material, y alegó que todo el proceso fue legal, se coordinó entre las consellerías de Salud y Vicepresidencia, Economía y Hacienda y que todo el material fue entregado y distribuido y utilizado por los profesionales sanitarios.

Una vez analizados los argumentos de la Generalitat, Antifraude ha dado por finalizada la investigación y ha puesto el caso en fase de seguimiento, para comprobar si se cumplen sus recomendaciones, como que el Govern aclare con su órgano consultivo específico en materia de contratación pública si los licitadores tienen que estar inscritos en el sistema de la seguridad social, lo que no ocurría entonces con Basic Devices.

Además, Antifraude ha instado a la consellería de Economía y Hacienda y al ICS para que valoren y verifiquen el alcance, la repercusión y los efectos de la aplicación de la normativa tributaria y aduanera en la operación con Basics Devices.

Según la Oficina, el 23 de abril de 2020 entró en vigor una modificación tributaria que preveía aplicar el 0 % del IVA en las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias, siempre que sus destinatarios fuesen entidades de derecho público, clínicas o centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social.

Pese a que en el contrato investigado la Generalitat pagó las mascarillas con el IVA vigente antes de que se aprobara la excepción para el ámbito sanitario, el material se fue entregando paulatinamente, hasta mayo de 2020.

En consecuencia, la Oficina Antifraude insta a Hacienda a valorar si, a partir del 23 de abril de 2020, se debió calcular el IVA del material entregado al 0%, con lo que la Generalitat podía reclamar a Basic Devices la diferencia abonada.

Antifraude aprecia un "riesgo tributario" que ha puesto en conocimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por si considera que la operación examinada puede ser objeto de su actuación.