El juez belga que tiene que decidir si entrega a Carles Puigdemont a las autoridades judiciales españolas no resolverá hasta el próximo 14 de diciembre, según han comunicado los abogados del ex president al término de la vista celebrada este lunes en un tribunal de primera instancia de Bruselas.

Se trata de un plazo que encaja en los cálculos que, como ha informado El Independiente, hacían las defensas de Puigdemont y de los cuatro consejeros que decidieron huir a Bélgica para sustraerse a la acción de la Justicia: Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret y Antoni Comín. El fallo se conocerá justo una semana antes de la celebración de las próximas elecciones catalanas, convocadas por el Gobierno para el 21-D en el marco de la aplicación del artículo 155.

Puigdemont y sus cuatro ex consejeros estaban citados a primera hora de este lunes ante un juzgado de primera instancia belga, después de que se pospusiera la vista el pasado 17 de noviembre. Aquel día tan sólo tomó la palabra el representante de la Fiscalía, que apoyó la extradición de los miembros del Govern a las autoridades españolas para que respondan por la posible comisión de cuatro de los cinco delitos que les atribuye la magistrada Carmen Lamela: rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. El Ministerio Público belga cerró la puerta a que puedan ser investigados también por prevaricación, como también planteó la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional en la euroorden librada el pasado 3 de noviembre.

El fiscal belga alega que el delito de rebelión por el que es reclamado por España tiene encaje en el Código Penal de su país

La comparecencia de este lunes ha durado unas tres horas y media y, además de las alegaciones presentadas por las defensas, en ella también ha vuelto a tomar la palabra el fiscal belga. Según las fuentes consultadas por este diario, el representante del Ministerio Público ha defendido que el delito de rebelión por el que los investigados son reclamados por España tiene encaje en el Código Penal de su país, que lo tipifica en el artículo 104: "El intento de destruir o cambiar la forma del gobierno o el orden de sucesión al trono, o hacer que los ciudadanos o habitantes se levanten en armas contra la autoridad real, las cámaras legislativas o uno de ellos".

En un intento de tumbar este argumento, las defensas han alegado que en Bélgica la rebelión requiere un alzamiento armado y que esa condición no se ha registrado en España, que también prevé este supuesto agravado. De acreditarse esta circunstancia, el Código Penal español eleva la petición de pena hasta los 30 años.

Las fuentes dijeron que los abogados de Puigdemont y de los ex consejeros han centrado su estrategia en hacer ver que no hay doble incriminación, ya que los hechos por los que se les quiere investigar en España no serían delictivos en el país centroeuropeo. Las defensas han tratado de insistir en que el único "elemento violento" registrado en torno al proceso independentista son las relativas a las "cargas" practicadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil el día del referéndum ilegal.

Mientras que el representante del Ministerio Público ha invocado el principio de confianza que rige entre los países europeos para reforzar su posición favorable a la entrega de los huidos, los abogados de éstos han intentado hacer ver al tribunal la "falta de garantías" para un proceso justo que sus representados encontrarían en España en caso de ser atendida la petición de entrega cursada por la Audiencia Nacional.

"Sensaciones buenas"

La decisión marco del Consejo de la Unión Europea que regula la orden de detención prevé 32 delitos en los que procede la entrega entre estados miembros en virtud de una orden de detención europea, siempre que el código penal del país emisor castigue ese ilícito con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos tres años. Esta condición se cumple holgadamente, puesto que los investigados se enfrentan sobre el papel a penas de hasta 48 años de cárcel y de 17 de inhabilitación.

Las fuentes dijeron que Carles Puigdemont ha cerrado las comparecencias con una declaración "muy favorable" para sus intereses y que la sensación de los abogados belga que están defendido al ex president "son muy buenas".