El Gobierno incrementará los efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 21 de diciembre, hasta el punto de poner una patrulla policial por cada colegio electoral en lugar de dos, que es lo habitual. Así lo ha anunciado este lunes el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, que ha comparecido en el Senado para dar cuenta del primer mes de aplicación del 155. Asimismo, se reforzará la seguridad en torno al centro de datos.
El secretario de Estado ha calificado de "desvergüenza" que se ponga en duda la limpieza de las elecciones, tal y como está haciendo ERC, a cuyos representantes ha invitado a acudir al recuento general que se celebra 4 días después por su albergan alguna duda. Justo en el día en que se conocía el sondeo preelectoral del CIS, ha asegurado que estas catalanas tendrán "todas las garantías democráticas".
El PSOE ha pedido garantías para que se pueda votar en libertad en las zonas rurales
El de hoy era el primer examen parlamentario al Ejecutivo central tras la intervención del Gobierno de la Generalitat y la convocatoria de elecciones. La comisión conjunta de Comunidades Autónomas y Constitucional se ha reunido en Madrid para escuchar al secretario de Estado de Administraciones Territoriales, en lugar de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. El portavoz del PSOE, Ander Gil, le ha pedido seguridad para que el 21-D "se garantice la participación de todas las opciones políticas y la plena acción de los candidatos" principalmente en las zonas rurales donde los partidos constitucionalistas viven "un obstracismo social y mediático" que limita su capacidad de actuación.
La intervención del portavoz socialista no ha sido especialmente crítica dado que su partido respaldó la aplicación del 155, pero ha reiterado sus acusaciones por la actuación del Ministerio del Interior en la consulta independentista ilegal del 1 de octubre y, en este sentido, ha acusado a Juan Ignacio Zoido de "incompetencia" al poner a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "al pie de los caballos".
El portavoz de ERC asegura que "no acatamos el 155 ni renunciamos al derecho de autodeterminación"
Por su parte, el portavoz del PDeCat, Josep Lluis Cleries, ha negado la mayor, esto es, la constitucionalidad y legalidad de la aplicación del 155. En una retahíla de reproches, por otro lado, la esperada, el senador catalán ha reprochado al representante del Gobierno que usan este artículo "como una cláusula de pleno derecho" que supone, ha agregado, "un ataque a la democracia, a los catalanes y a las instituciones". En definitiva, "la democracia en Cataluña ha quedado en suspenso y recuerda a otras épocas".
Joan Estradé, de ERC, también ha arremetido contra la intervención del Gobierno catalán pero ha ido más lejos al aseverar que "no vamos a acatar el 155 ni renunciar al ejercicio del derecho de autodeterminación", lo que no deja de ser incoherente con su presentación a las elecciones convocadas, precisamente, bajo la aplicación de ese artículo constitucional. Estradé, que ha dicho echar de menos en la comparecencia a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cree que se ha producido "una usurpación de poder clarísima" y una "ocupación" del país. Y en alusión a la decisión de juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de mantener en prisión al líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado al Ejecutivo central "de mantener presos políticos y no distinguir un hombre honrado de un delincuente común, porque en su partido ha habido muchos delincuentes comunes".
Bastante plana ha sido la intervención del portavoz de Podemos, Óscar Guardingo, que ha alertado respecto a la posible tendencia del Ejecutivo de intervenir otras Comunidades por cuestiones ideológicas sin ahondar en el hecho de que su formación ha anunciado la presentación, ante el Tribunal Constitucional, de un recurso contra la aplicación del 155.
Sin vacío de poder
Bermúdez de Castro ha afirmado en su intervención inicial que nunca se ha producido un vacío de poder en Cataluña al tiempo que ha valorado la actuación de aquellos cargos públicos y funcionarios que decidieron seguir al frente de su responsabilidades. Sí ha reseñado dificultades en la Administración de Justicia por la paralización de 26 expedientes urgentes que hubo que activar. El contacto Madrid-Barcelona "es fluido" con cauces habituales de comunicación lo que ha abierto la puerta a "resultados tangibles" para los ciudadanos como la oferta de empleo público en educación, el pago a proveedores por 1.500 millones de euros o la prestación de la renta garantizada de ciudadanía. Pero sobre todo ha destacado de este mes de aplicación del 155 "el marco de respeto constitucional".
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