El Govern ha aprobado este lunes el Decreto Ley que fija los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos. Un texto en el que se excluye explícitamente la fijación de porcentajes en el uso de catalán y castellano en las horas lectivas. Responde así a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que la Generalitat aplique el 25% de castellano.

Con este decreto, que entrará en vigor esta medianoche, el Govern da cobertura legal a los directores de centro, ha asegurado la portavoz, Patricia Plaja, y responde a la sentencia por la vía de modificar el marco legal regulatorio para "proteger el modelo de escuela catalan".

Una reforma que no convence a los sindicatos de profesores, alarmados por la falta de instrucciones claras del ejecutivo autonómico. A 24 horas de que se agote el plazo dado por el TSJC, el Departamento no ha dictado las ordenes pertinentes para los centros, como el reclamó el tribunal. Unas órdenes que Josep González-Cambray dictará mañana, ha asegurado Plaja.

El Decreto es la primera respuesta a la sentencia, a la espera de que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) sobre la Ley del catalán. El texto tiene dos elementos clave para los independentistas: el rechazo explícito a las cuotas impuestas por el TSJC; y la última palabra del Govern sobre los proyectos lingüísticos, que deberá validar explícitamente, para evitar la responsabilidad legal de los directores de centro.

Enfado de los sindicatos

Por ello, los sindicatos de educación han denunciado este lunes la improvisación del Govern. Señalan la desprotección de los funcionarios y el temor a una "ofensiva judicial" contra los directores de centros por no aplicar la sentencia. Mientras, el Gobierno se pone de perfil y señala que será el TSJC quien deba "determinar" si el decreto es una "respuesta acertada, oportuna o correcta" a la sentencia del 25% de castellano.

Pero este decreto no convence al sindicato independentista USTEC, mayoritario en la escuela catalana. Este sindicato -en guerra con el conseller de Educación, Josep González-Cambray, por el adelanto del inicio del curso escolar- cree que las reformas legales del Govern "son demasiado ambiguas".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, la portavoz de USTEC, Yolanda Segura, se mostraba segura de que el TSJC) no se dará por satisfecho con la respuesta del Govern. Y temen que el tribunal pida responsabilidades a los directores, pese a que la resolución de ejecución forzosa dictada por el tribunal aludía a la responsabilidad del consejero.

"No sabemos qué pasará" se lamenta Segura. "Hace semanas que vivimos con esta incógnita y no parece que esté resuelto. La portavoz sindical señala además que apenas quedan tres semanas de curso y "es un despropósito" porque "un proyecto lingüístico no se elabora en dos días, no podemos hacerlo con un mínimo de coherencia y garantías".

El Gobierno tampoco tiene respuesta de la Generalitat

Paralelamente, la ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Pilar Alegría, ha afirmado este lunes que es el Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat de Cataluña (TSJC) "quien tiene que determinar" si el decreto ley del catalán en la escuela que el Govern tiene previsto aprobar este lunes.

Alegría ha vuelto a insistir en que en un país con Estado de Derecho las sentencias firmes son "de obligado cumplimiento". "No hay debate que valga", ha añadido.

Sobre el papel de la Alta Inspección, a la que el TSJC encomienda la tarea de velar por el cumplimiento de la sentencia, Alegría ha explicado que el Ministerio ya se ha dirigido a la Generalitat para que "aporte" y "traslade" la respuesta que va a dar para el cumplimiento de la sentencia, "de momento" sin respuesta por parte de la comunidad autónoma.

La ministra ha advertido de que utilizar este debate de la lengua "como arma arrojadiza" no hace "ningún favor como país" y ha criticado que para los partidos de la oposición la lengua es un problema en todas la comunidades, "a excepción de Galicia".