En esta semana se está produciendo el mayor traslado forzoso en la historia de la ocupación israelí en Palestina desde 1967. Más de 1200 personas -entre ellas, 500 niños- del área de Masafer Yatta están viviendo la violencia de un desalojo masivo y un traslado forzoso de una magnitud sin precedentes.

Masafer Yatta es un conjunto de comunidades al sur de Cisjordania junto a las colinas de Hebrón, en lo que se denomina la Zona C, y que Israel establecería en los 70 como Campo de tiro 918, considerándola como zona de entrenamiento militar. Cientos de familias palestinas residían en ella ya antes de 1967. En 1999 el ejército israelí ejecutó la primera expulsión y comenzaría así una batalla legal de más de 20 años, hasta que el pasado 4 de mayo, la Corte Suprema de Israel rechazara la apelación por parte de las comunidades. Se daba así luz verde a la expulsión de cientos de familias, una violación flagrante de los artículos 49 y 147 del IV Convenio de Ginebra que Israel suscribió en 1951.

Como ha señalado la UE, el establecimiento de una zona de tiro no se puede considerar una “razón militar imperativa” que justifique el traslado forzoso de población bajo ocupación. No obstante, con su decisión, la Corte Suprema de Israel establece la primacía de su derecho interno e ignora, una vez más, el derecho internacional.

Los relatores especiales de Naciones Unidas Francesca Albanese, Cecilia Jiménez-Damary, y Balakrishnan Rajagopal han señalado cómo un tribunal que no es capaz de impartir justicia basada en normas internacionales y que perpetúa las violaciones de los derechos humanos de personas bajo ocupación militar durante 55 años se convierte en parte del sistema estructural de opresión.

La ampliación de la ocupación, las demoliciones y los desalojos son ilegales según el derecho internacional y sólo contribuyen a aumentar la tensión y la violencia y a hacer inviable la solución de dos estados. También lo han reiterado ONGs internacionales, organizaciones de la sociedad civil palestinas e israelíes, el departamento de Estado de EE UU, la ONU y la UE. Lo más grave es que la situación de Masafer Yatta sólo es la expresión más cruenta de una política ilegal que Israel ha normalizado y que la comunidad internacional ha permitido. Desde 2009, Israel ha demolido más de 8.469 estructuras y desplazado a más de 12.586 personas, unas cifras que no han dejado de crecer desde 2017. Muchas de estas estructuras habían sido construidas, reconstruidas o rehabilitadas con fondos europeos.

Lo más grave es que la situación de Masafer Yatta sólo es la expresión más cruenta de una política ilegal que Israel ha normalizado y que la comunidad internacional ha permitido"

La solución de dos estados es diametralmente opuesta a la política de anexión territorial de Israel: un estado palestino nunca puede existir sin viabilidad territorial, y los asentamientos ilegales han ido progresivamente minando el territorio establecido por Naciones Unidas. Esto incluye la capitalidad de Jerusalén este, que sigue siendo un elemento nuclear de la paz basada en los dos estados.

Los asentamientos ilegales, condenados de forma unánime por la comunidad internacional, suponen también una vulneración sistemática y generalizada de los derechos humanos de la población palestina en territorios ocupados. Israel, como potencia ocupante, no sólo tiene la obligación de respetar los derechos humanos, sino también de proveer las necesidades básicas de la población bajo ocupación, obligación que, además de incumplir, ha delegado en manos de la ayuda humanitaria internacional.

Desde el Parlamento Europeo hemos reiterado que las normas de un estado de ningún modo pueden contradecir los principios fundamentales de derecho internacional ni los tratados que el mismo estado haya suscrito. Lo hemos repetido cada día desde la invasión rusa en Ucrania, y casi en cada rincón del mundo donde el autoritarismo pretende poner un velo de soberanía sobre la universalidad de los derechos humanos. Y, sin embargo, el Parlamento Europeo, tras los tres años ya de esta legislatura, ha sido incapaz de abordar la situación de los territorios ocupados. La defensa de los derechos humanos no puede estar condicionada por la afinidad política o ideológica.

Como señalaban recientemente los expertos de Naciones Unidas, el silencio es cómplice de las violaciones del derecho internacional: alimenta la impunidad y abre el camino para que estas violaciones sigan produciéndose. Mantener el statu quo del silencio es daniño para las víctimas, pero también va contra nuestros propios intereses. Mostrar un doble estándar a la hora de defender los derechos humanos nos debilita, y erosiona un derecho universal y un orden internacional cuya absoluta vigencia e importancia recordamos ahora con la invasión criminal de Ucrania por parte de Rusia.

Es hora de pasar a las acciones concretas, de establecer una verdadera coalición entre socios afines en la defensa del derecho internacional

No basta con palabras. La UE y los países europeos prestan un apoyo humanitario fundamental a las familias palestinas, pero es una ayuda que resulta insostenible e inviable si no existe una mediación política activa. Es hora de pasar a las acciones concretas, de establecer una verdadera coalición entre socios afines en la defensa del derecho internacional.

Las próximas visitas a la región que harán, de forma paralela, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente de EE UU, Joe Biden, son una oportunidad. Biden llevará un mandato de más de 83 congresistas y senadores estadounidenses para establecer un diálogo con Israel y exigir el cese de inmediato de la ocupación y la violencia, dando pasos concretos hacia la paz. Esta semana circularé una carta en el Parlamento Europeo para sortear los bloqueos y permitir que también Von der Leyen lleve un claro mensaje de los representantes de la ciudadanía: necesitamos pasos y soluciones concretas. Restaurar el derecho internacional es el único camino para la paz.

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos.