La Justicia andorrana ha notificado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al que fuera su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, su imputación a raíz de una querella por supuestas presiones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés.

La investigación deriva de una querella que presentaron el Institut de Drets Humans d'Andorra, Drets y el expresidente de BPA, Higini Cierco, por la llamada "Operación Cataluña" e incluye como investigado al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, según han informado las entidades denunciantes.

En 2020 Andorra admitió una segunda ampliación de la querella inicial: investiga a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz por un supuesto delito de falsedad de documentos por remitir información falsa a autoridades estadounidenses para perjudicar a la BPA; y a Rajoy y a Montoro por un supuesto delito contra los órganos constitucionales por supuestamente intimidar al jefe del Gobierno andorrano y sus ministros para que liquidasen la entidad financiera.

También a Fernández Díaz, y a sus entonces subordinados, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, por los presuntos delitos de amenazas, extorsiones y chantaje.

En un primer momento, la querella se dirigía contra el inspector jefe de la Policía Nacional que fue agregado en la Embajada española de Andorra, Celestino Barroso Sánchez, y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas, quienes presuntamente coaccionaron y extorsionaron a los dirigentes de la BPA para conseguir datos de supuestas cuentas bancarias andorranas a titularidad de los Mas, Pujol y su familia y Junqueras.

La primera ampliación de la querella afectó al exDAO Eugenio Pino, superior de ambos, y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano.