El Tribunal Constitucional ha tumbado la jornada de 35 horas semanales aprobada por la Junta de Andalucía para los empleados públicos de la región. El Alto Tribunal atendía así al recurso presentado por el Gobierno central, que en 2012, en plena ola de recortes impuso una ampliación de la jornada semanal de todos los empleados públicos del país hasta las 37,5 horas.
Pese a la anulación del Constitucional, la Junta de Andalucía busca vías alternativas para que los funcionarios en la práctica mantengan las 35 horas actuales, aunque formalmente su jornada sea de 37,5 horas como exige la legislación del Gobierno central.
Los planes de la Junta pasan por aplicar medidas de flexibilidad laboral para que los funcionarios sigan trabajando de manera presencial 7 horas diarias, emulando la fórmula que el propio Gobierno ha empezado a reconocer en empresas públicas, como Aena o Enaire, en las que oficialmente se mantienen las 37,5 horas pero se permite a los empleados reducir su jornada media hora diaria si entran antes de determinada hora, como desveló en exclusiva El Independiente.
“No vamos a modificar la jornada presencial ni se van a rescindir contratos” por la sentencia del Tribunal Constitucional, ha explicado María Jesús Montero, la consejera andaluza de Hacienda. La Junta quiere alcanzar un acuerdo con los sindicatos el próximo lunes que permita “incluir en el cómputo de la jornada laboral aquellas tareas y actividades que los empleados públicos fuera de su jornada y fuera de su puesto de trabajo”.
Esto es, la Junta pretende que se reconozca como parte de la jornada de los funcionarios labores de preparación de su trabajo que realizan en su casa. “Me refiero a tareas preparatorias de los casos clínicos, de las clases… de todo lo necesario para su labor que se hace fuera del puesto de trabajo y que normalmente se hace en el ámbito doméstico. Lo vamos a incorporar a efecto del cómputo de la jornada”, ha dicho Montero.
“Aena, una empresa del Estado, ha reconocido una cortesía de media hora a los empleados cuando entran antes de una hora determinada. De alguna manera hizo efectivo el reconocimiento de la jornada presencial de 35 horas incorporando otros elementos”, ha apuntado la consejera andaluza en referencia a la fórmula aplicada por el gestor de los aeropuertos y aceptada por el Gobierno central.
En cualquier caso, la Junta de Andalucía ha “exigido” al Gobierno de Mariano Rajoy que incluya en los próximos presupuestos generales del Estado la vuelta a las 35 horas con carácter general en todas las Administraciones. “El Gobierno nunca creyó que era un derecho conquistado de los trabajadores públicos y me temo que se lo ha llevado para siempre. El Gobienro ha querido aprovechar medidas transitorias para robar un derecho conseguido a través de la negociación colectiva”, ha criticado Montero.
De momento, el Gobierno mantiene su rechazo frontal a recortar la jornada laboral de los funcionarios. El Ministerio de Hacienda considera que rebajar la jornada semanal de los empleados públicos desde las 37,5 horas actuales a las 35 horas que reclaman los sindicatos tendría un coste inasumible para las cuentas públicas, que cifra entre los 800 y los 1.200 millones de euros.
Sin embargo, algunas empresas públicas han empezado ya a aplicar de facto la jornada de 35 horas semanales mediante acuerdos de flexibilidad laboral. Ni las compañías ni sus sindicatos lo han anunciado públicamente y el contenido de esos pactos oficialmente se mantiene en secreto, pero en ellos se incluye una rebaja de la jornada laboral.
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