El Ministerio del Interior facilitará a las unidades operativas de la Policía Nacional desplegadas en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar herramientas informáticas que les permitan rastrear los criptoactivos con los que las organizaciones criminales, cada vez más cercadas, blanquean las ganancias millonarias que obtienen con el narcotráfico.

La Dirección General de la Policía ha sacado a licitación la contratación del suministro de dos licencias de análisis de criptoactivos que comercializa Chainalysis, empresa neoyorkina que tiene entre sus clientes a la Oficina Federal de Investigación (FBI) y a la Agencia de Control de Drogas (DEA). Este software permite analizar y seguir el rastro a las transacciones que se realizan en la blockchain de bitcóin.

Los grupos que operan en el Campo de Gibraltar recurren cada vez a medios más sofisticados para tratar de ocultar el botín de sus operaciones ilegales por la presión que en los últimos años vienen ejerciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta zona. Los planes especiales que Interior viene desplegando en los últimos cuatro años ha propiciado el descabezamiento de las principales organizaciones criminales y la incautación de una ingente cantidad de droga, al tiempo que se ha potenciado la investigación patrimonial contra los clanes para perseguir el blanqueo de capitales ligado a esta actividad. 

Consciente de sus debilidades y de los medios cada vez más complejos que utilizan las bandas dedicadas al narcotráfico, el Cuerpo Nacional quiere actualizar la dotación tecnológica de las unidades desplegadas en Cádiz, Huelva y Málaga -tres de las provincias andaluzas en las que se ejecuta el Plan Especial del Campo de Gibraltar- con vistas a mejorar los informes forenses de evidencias electrónicas que ponen a disposición de los jueces y, en definitiva, poder localizar dónde esconden el dinero que obtienen con el tráfico de drogas.

"Dada la complejidad de los actuales sistemas que utilizan las organizaciones delictivas, es prácticamente imposible realizar informes de calidad suficiente sin disponer de los sistemas objeto de contrato", justifica la Dirección General. El análisis de los movimientos de criptoactivos (las criptomonedas, entre ellos) a través de las redes que los comercializan se ha convertido en una necesidad, como se ha evidenciado en algunas de las operaciones policiales llevadas a cabos en los últimos meses.

Las licencias que quiere comprar la Policía permiten seguir el rastro a las transacciones en la 'blockchain' de bitcóin

La intención de Interior es que las unidades cuenten con este nuevo software a mediados del próximo mes de octubre. El departamento que dirige Grande-Marlaska incluye como elemento de valoración de las ofertas que el proveedor ofrezca cursos de formación de ocho horas de duración para al menos siete alumnos, al objeto de adiestrar a técnicos de sistemas en el manejo completo de la herramienta. El contrato lleva aparejado un año de garantía y soporte.

Con un presupuesto de 109.707,07 euros, la adquisición de estas licencias se imputa al III Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar (2022-2023), para el que se ha consignado en este ejercicio una partida de 35.346.400 euros. De esta cantidad, 19.346.400 euros se invertirán en medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia, mientras que los 16 millones restantes se destinarán a sufragar las medidas de refuerzo de personal.

16 drones para la Guardia Civil

De otro lado, la Guardia Civil pretende poner a disposición de los agentes dedicado a la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar 16 drones (seis de ellos con altas capacidades) antes de final de año. Cuando reciba estas unidades, el Cuerpo que dirige María Gámez contará en toda España con más de 200 aeronaves no tripuladas, un recurso que gana peso en la función policial por las prestaciones y la versatilidad que ofrecen.

"Dadas las numerosas competencias atribuidas a la Guardia Civil, el uso de RPA [Aeronave Pilotada por Control Remoto] se emplea cada vez más para multitud de escenarios, permitiendo realizar aquellos cometidos encomendados de una manera más especializada y eficiente. El acceso visual en remoto a lugares de gran dificultad, así como la disminución del riesgo personal para determinadas circunstancias y el ahorro de costes respecto a la aviación tradicional, hacen de los RPAS una herramienta de gran importancia en el uso policial", detalla la memoria justificativa.

En julio de 2021, la Secretaría de Estado de Seguridad abrió un concurso público para la compra de una treintena de drones (24 de capacidades básicas y seis específicas) a fin de reforzar los medios materiales con los que la Guardia Civil combate a los clanes de la droga en esta comarca gaditana y su área de influencia. El presupuesto máximo ascendía entonces a 131.000 euros.

Tres meses después, el órgano de contratación declaró desiertos los dos lotes al no resultar admisible ninguna de las ofertas que se habían recibido en aplicación del pliego de condiciones que reguló el procedimiento. En concreto, las empresas que pujaban por el contrato eran Asesoramiento y Servicios de Drones SL, Aerocámaras SLU y Stock Rc Fpv Aeromodelismo SL, según se detalla en el expediente.

Casi un año después, Interior vuelve a sacar a licitación el suministro de drones para la Guardia Civil, con un presupuesto máximo de 222.865,02 euros. De las 16 unidades que pretende incorporar, diez son de capacidades básicas. Según se detalla en el pliego de condiciones técnicas, éstas deberán tener una masa máxima al despegue superior a un kilo (con accesorios), deberán captar y trasmitir imágenes en tiempo real con un mínimo de resolución de 720 píxeles (de día) y tendrán que garantizar una autonomía de al menos 28 minutos. Igualmente, se exige que vuelen a una altitud mínima sobre el nivel del mar de 3.500 metros, que resistan ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora y que puedan operar a temperaturas de entre menos 10 y 40 grados sobre cero.

En cuanto a los drones de capacidades específicas, estos deberán tener una masa máxima al despegue de entre cuatro y seis kilos, ser capaces de volar a 4.000 metros y en temperaturas climáticas adversas (resistencia al viento de hasta 14 metros por segundo y temperaturas de entre menos 20 y 45 grados sobre cero). Las unidades de este lote deben ofrecer más autonomía (hasta 50 minutos) y ser capaces de captar imágenes con más nitidez (960 píxeles a 30 fotogramas por segundo).