¿Qué va a pasar con los créditos ICO que no se puedan devolver?

El Consejo de Ministros aprobó el martes un acuerdo mediante el que podría ampliarse hasta ocho o diez años el plazo para amortizar los préstamos avalados con las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Si la medida recibe el visto bueno de la Comisión Europea, sería la tercera ampliación que aprueba el Ejecutivo. Cuando se aprobó en marzo de 2020 para apoyar a las empresas por la crisis del Covid, se fijó en tres años el plazo para devolver los préstamos y, posteriormente, se amplió a ocho.

Pero más allá de las extensiones, ¿qué va a ocurrir con los créditos que no se puedan devolver? "El Estado ha improvisado las líneas ICO con rapidez, pero no ha previsto qué va a pasar con las compañías que no van a poder pagar", se preguntó este miércoles Ricardo San Marcos, Vicepresidente y Director de Concursal del despacho Vaciero durante el debate 'Reestructuraciones y fondos ICO: oportunidades de futuro para las empresas', organizado en colaboración con El Independiente.

"La realidad se va a imponer y hay un problema de gestión de esa deuda", prosiguió. En su opinión, la estrategia del Gobierno pasa por aprobar sucesivas prórrogas hasta dar con una solución definitiva. Entre otras cosas, "el Estado puede decidir no cobrarlos y pasarlos de una vez al déficit", recordó. Pero no en vano, el próximo 2023 es año electoral y eso puede condicionar la hoja de ruta.

Precisamente Álvaro Cobo, Managing Director de Gordon Brothers, consideró que ante la próxima cita con las urnas, "el Gobierno intentará que la situación no se descontrole y que no empiece ahora a una cascada de situaciones de insolvencia, reestructuraciones, concursos de acreedores que pueda tener una incidencia significativa en la tasa de paro".

"Yo creo que qué decisiones se tome desde el Gobierno va a ser bastante importante. Y una de ellas es qué va a pasar con los préstamos ICO", subrayó durante el debate moderado por el director de Marketing y Comunicación de despacho Vaciero, Jorge Calín.

"Dado que la práctica totalidad de las empresas tienen en su balance tienen préstamos garantizados por el ICO, qué facilidades o no puede haber para la reestructuración de los mismos va a tener una incidencia fundamental en los próximos meses", abundó Cobo.

No en vano, recordó el presidente del despacho, Francisco Vaciero, "aunque se han ampliado los períodos de carencia, todo el mundo tiene ya en un corto horizonte el inicio de la amortización de esta financiación". Desde que se pusieron en marcha en 2020 y hasta el pasado mayo, las líneas de avales del ICO han desplegado avales por valor de 107.102 millones. Según el Gobierno, esto ha permitido movilizar 140.627 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.192.252 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos.

Para Rafael Busto Alvarez, Gerente Territorial de Banca de Empresas de Ibercaja, "las líneas del ICO han supuesto un desahogo importante para las empresas". "Y todo lo que suponga facilitar a las empresas diferir el pago de la deuda para que vaya acompasada al crecimiento de la actividad, es positivo", aseveró.

En este sentido, Cobo dio por descontado que se vayan a dar facilidades desde el ámbito público para reestructurar los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial. De hecho, consideró que este organismo tendrá "un papel mucho más relevante a partir de ahora" en estos procesos.

Reestructuraciones con capital privado

Sin embargo, Cobo se mostró crítico con la con el volumen garantizado por el ICO con el nivel de deuda sobre PIB que tiene la economía española. "Hay actores privados que podían haber jugado ese papel. Se ha generado una solución un poco artificial que habrá que reconducir de alguna manera. No veo el sentido a que el Estado siga apoyando de manera tan masiva a las empresas y creo que las siguientes reestructuraciones tienen que ser con capital privado", sentenció.

Ricardo San Marcos coincidió en que "el capital privado tiene mucho que decir en las situaciones de reestructuración", pero consideró que los créditos ICO "están ahí y lo complican todo". "Y esto se va a multiplicar con SEPI y Cofides. El Estado va a ser un financiador relevante en las compañías en dificultades. Y el Estado va a ser el que va a decidir qué compañías se cierran y cuáles van a continuar porque tiene a las entidades financieras atadas con los acuerdos marco", reflexionó.

En este sentido, se mostró crítico con el modelo de acuerdos-marco que "encorseta a las entidades financieras para tomar decisiones de forma autónoma" aunque en el propio acuerdo que firman se contemple que la entidad financiera "gestione la operación como si fuera propia".

Fin de la moratoria concursal

Respecto al fin de la moratoria concursal, los ponentes también se mostraron convencidos de que el Ejecutivo decretará su extensión más allá del 30 de junio. En todo caso y, una vez que esta finalice, el responsable de Gordon Brothers en España consideró que no se dará una tormenta en lo que a concursos se refiere.

"Creo que un cierto incremento de actividad en reestructuraciones y concursos va a haber, pero espero que no sea nada dramático. Espero que no llegue a avalancha, sino un cierto incremento, sobre todo en aquellas compañías que ya son inviables en sí mismas", sostuvo.

El sector vive pendiente de la aprobación por parte del Congreso de la nueva ley concursal en un plazo relativamente corto. "Nuestra interpretación a día de hoy con el proyecto de ley que se conoce, es que es bastante positiva y espero que ayude a mitigar los problemas que se pueden encontrar las empresas", abundó Cobo.