La amenaza se cierne sobre el negocio de los CFD. Los reguladores europeos han puesto el foco sobre estos productos derivados para la inversión y planean poner en marcha una normativa que restrinja su uso.

Así lo ha hecho saber la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), la autoridad supervisora de los mercados financieros en Europa, que anunció el pasado viernes que planea lanzar una consulta pública el próximo enero para reforzar la regulación sobre los CFD, unos productos facilitan operar sobre distintos tipos de activos, sin necesidad de poseerlos físicamente, apostando al alza o a la baja y con apalancamiento (lo que permite multiplicar sustancialmente las ganancias pero también las pérdidas).

Los reguladores vienen observando con preocupación que estos productos han ganado amplia popularidad en los últimos años entre los inversores particulares, a pesar de su complejidad y riesgos, que los hacen poco apropiados para operadores no profesionales. Países como Reino Unido y Francia ya han adoptado medidas para proteger a sus consumidores y la CNMV mostraba recientemente su preocupación por la expansión de los productos complejos.

Por esa razón, ESMA plantea una normativa que limite, entre otras cuestiones, el apalancamiento que permiten estos productos a un máximo de 30 a 1 y las pérdidas que pueden registrar los inversores en estos productos, así como restringir los incentivos para su comercialización. Asimismo, la autoridad europea planea adoptar medidas que restrinjan la comercialización y venta de estos productos a clientes minoristas.

Esta situación pesa como una losa en bolsa esta mañana sobre alguno de los principales operadores mundiales de CFD, como Plus 500 -patrocinador del Atlético de Madrid-, IG o CMC, que sufren en el parqué recortes que han llegado a rondar el 20% y que a media sesión oscilan entre el 8,5% y el 14%.

Algunos operadores como IG han cifrado en alrededor de un 10% el impacto que estas medidas podrían tener sobre sus ingresos. Las firmas del sector consideran que las propuestas de ESMA son desproporcionadas, ya que estos productos tienen una arraigo muy elevado entre inversores profesionales, que se verán limitados en su operativa por estas normas.

La actuación de ESMA se encuadra en las políticas regulatorias europeas tendentes a elevar la protección de los inversores particulares en los mercados financieros, que ha tenido como principal reflejo la normativa de MiFid II.