Economía

El repliegue de Carmena ante Montoro salva ‘in extremis’ carriles bici y calefacción en escuelas

Jorge García Castaño: el elegido de Carmen para lidiar con Montoro.
Jorge García Castaño y Manuela Carmena, tras el pleno del lunes. | EFE

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha ganado, de momento, el pulso al Ayuntamiento de Madrid que lidera Manuela Carmena. El consistorio ha aprobado un nuevo Plan Económico Financiero (PEF)  para 2017 y 2018 que ha recibido por fin el visto bueno de Hacienda en tanto se pliega, aunque a regañadientes, a la interpretación que hace el Gobierno central de la regla de gasto.

El consistorio no dejará de dar la batalla en los tribunales contra el polémico límite que recoge la Ley de Estabilidad, pero de momento se repliega en un momento en el Congreso de los Diputados acaba de aprobar una iniciativa presentada por Podemos para echar abajo la actual regla de gasto, con el voto en contra de PP y Ciudadanos.

Además, Hacienda no tendrá que verse más las caras en terreno presupuestario con el hasta ahora delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez-Mato, que ha sido destituido.

A cambio, el Ayuntamiento de Madrid cuenta el visto bueno al nuevo PEF, por lo que se libra de la tutela que Hacienda le impuso el pasado mes cuando volvió a tumbar la anterior formulación. De este modo, el Presupuesto para 2018 se plegará desde el inicio a los criterios de Hacienda, sin que Montoro fiscalice cada semana sus movimientos.

En el seno del Ayuntamiento se admite que la tutela del Estado habrían llevado a un agotamiento de las fuerzas y de los resultados. Por eso, se ha preferido ganar libertad para, aunque sea asumiendo la regla de gasto, poder redistribuir las inversiones y seguir atendiendo a las partidas sociales.

Además, el Ayuntamiento ha ganado una batalla en lo que se refiere al gasto de 2017. El consistorio da por cerrado también un acuerdo entre sus aparatos jurídicos y la Abogacía del Estado para retirar los recursos que esta última había presentado ante del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que mantenía bloqueados, según datos aportados por la alcaldesa en rueda de prensa, casi 300 millones de euros para proyectos presupuestados a través de inversiones financieramente sostenibles (IFS).

Las IFS son una figura que se contempla en la Ley de Estabilidad y que incluye gastos que, por su naturaleza, pueden realizarse fuera del límite que impone la regla de gasto. Con esta base, Hacienda había recurrido estas disposiciones al considerar que los créditos suplementarios aprobados a través de IFS no se correspondían con gastos computables como tal y eran en realidad un ‘atajo’ para incrementar el gasto por encima de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en un momento en el que Hacienda reclamaba al Ayuntamiento de Madrid un acuerdo de no disponibilidad de gasto por importe de 238 millones de euros para cumplir con la regla de gasto.

Ahora, con este acuerdo Carmena podrá "hacer un mayor uso de las IFS" y llevar a cabo obras que actualmente estaban paralizadas.

Calefacciones y carriles bici

El Ayuntamiento viene sosteniendo que gran parte de los créditos extraordinarios que había recurrido el Estado ya estaban ejecutados y que las maniobras del Gobierno tendrían escaso efecto. Sin embargo, documentos internos del Ayuntamiento a los que ha tenido acceso El Independiente  revelan que el consistorio se veía en el límite de tiempo para poder tramitar las obras comprometidas en estas partidas que estaban bloqueadas antes de que acabara 2017.

De esperar más a desbloquear la situación, Madrid podría haber perdido el dinero dejando sin acabar actuaciones "tan necesarias como arreglar una calefacción en una escuela de música o ejecutar los itinerarios ciclistas de Moratalaz y Madrid Río, por poner dos ejemplos”, indica el documento.

Documentos internos hablan también de 80 millones para la compra de autobuses o más de 15 millones de euros retenidos para la remodelación de zonas verdes.

En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid denunciaba en octubre de este año, aún con Sánchez-Mato al frente de la delegación de Economía y Hacienda, que los créditos recurridos estaban destinados a financiar 500 inversiones en toda la ciudad. En ese momento se hablaba de la suspensión cautelar de 272 millones de euros para asfaltado, reforma y rehabilitación de calles y centro municipales.

Un mes después el gasto ya autorizado para ejecutar obras era de 116,7 millones de euros. Entre las IFS ejecutadas al 100% estaba la tercera fase de los itinerarios ciclistas para extender 32 kilómetros más, entre carriles bici segregados y ciclocarriles.  Sin embargo, aún faltaban itinerarios como los de Moratalaz y tramos de Madrid Río.

Carmena podrá ejecutar ahora inversiones que Hacienda vetó con Sánchez-Mato

Es por eso que Carmena y su equipo sostiene que no va a haber un recorte del gasto municipal, ni de las prestaciones ni de las subvenciones. Con todo, fuentes del Ayuntamiento de Madrid conforman que seguirán denunciando ante los tribunales la regla de gasto, que consideran injusta.

Las IFS que Montoro vetó a Sánchez-Mato

Llama la atención, en cualquier caso, que el consistorio que lidera Manuela Carmena cuente ahora con que podrá hacer un mayor uso de las IFS. Ninguna de las partes consultadas justifica por qué un instrumento que se vetó cuando Sánchez-Mato manejaba las cuentas del Ayuntamiento ahora es válido.

Sin embargo, fuentes próximas al Ayuntamiento afirman que, del mismo modo que Carmena ha tenido que asumir los criterios presupuestarios de Hacienda consciente de la dificultad de ganar la batalla en los tribunales, Montoro contaba con que era difícil de parar la ejecución de obras a través de IFS, más aún cuando muchas de ellas estaban siendo ejecutadas.

Carmena se ha limitado a señalar al respecto que “cuando gobiernas y tienes un obstáculo tienes que ver la manera de superarlo siempre con observancia a la ley”.

Los datos que maneja el Ayuntamiento reflejan que se aprobaron inicialmente 355,4 millones de IFS en 2017, por encima de los 209,4 millones de 2016. Además, entre 2014 y 2015 se aprobaron 48,4 y 50,5 millones de euros, respectivamente.

 

 

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