JxCat ejercerá este miércoles el voto delegado de Lluís Puig, ex consejero de Carles Puigdemont fugado, junto a él, en Bruselas. Pero debería ser la última vez. El Tribunal Constitucional (TC) falló este lunes a favor de la demanda del PSC anulando la delegación de voto desde Bélgica del diputado electo de Junts.
El Parlament no ha recibido aún la notificación del Constitucional. Por tanto, la resolución no afectará al pleno iniciado este martes, que hoy afronta las primeras votaciones, en las que seguirá participando Puig. Así lo acordó ayer la Mesa, consciente de que deberá debatir esta cuestión para el siguiente pleno, previsto para la próxima semana. El pleno debe votar entonces la ratificación de un decreto ley y dos proposiciones de ley.
La presidenta, Laura Borràs, debería instar entonces el relevo de Puig por el siguiente candidato de la lista de JxCat en las últimas elecciones. Pero Borràs siempre ha hecho bandera de la desobediencia, y la CUP ya ha dejado claro que no permitirá el relevo de Puig.
Órdago de la CUP
La diputada antisistema Laia Estrada recordó ayer que su formación entró en la Mesa para defender que en el Parlament se pueda hablar de todo y que se garanticen los derechos de los diputados, por lo que cuando se reciba la notificación del TC, "haremos todo lo que esté en nuestras manos para defender el derecho al voto" de Puig.
Con la cuestión sobre la mesa, es difícil que Borràs se sustraiga a la defensa del diputado de su grupo, aunque el precedente de Pau Juvillà no la favorece. El diputado de la CUP fue inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de desobediencia, inhabilitación que Borràs acabó acatando, pese a las gesticulaciones iniciales. Lo hizo, eso sí, atribuyendo a los letrados del Parlament la responsabilidad de la decisión, lo que dejó seriamente tocada su autoridad como presidenta de la cámara.
Lluís Puig tiene, además, un valor simbólico para Junts, puesto que la justicia belga ya ha fallado, en su caso, en contra de la euroorden dictada por el Tribunal Supremo. Es el único de los fugados que sigue en Bruselas y no es eurodiputado como Puigdemont, Toni Comin y Clara Ponsatí. Su caso es el precedente al que se acogerán éstos en caso de que la justicia europea les retire finalmente la inmunidad del Parlamento Europeo, como ha solicitado el instructor del procés, Pablo Llarena.
Dictamen del Constitucional
En la decisión hecha pública el lunes el Tribunal Constitucional da la razón al PSC y anula el acuerdo de la mayoría independentista de la Mesa del Parlament que permitió a Puig delegar en marzo de 2021 su voto en la primera investidura fallida del presidente catalán, Pere Aragonès.
El Constitucional considera que con esta decisión se vulneró el derecho de los demás diputados de ejercer sus funciones representativas "con los requisitos que señalan las leyes", por lo que anula el acuerdo que admitió la solicitud de la delegación de voto de Puig, el 25 de marzo, y el que lo ratificó, el 26 de marzo.
Al imponer el independentismo su mayoría, el PSC pidió sin éxito a la Mesa que reconsiderara su decisión, argumentando que la situación de Puig, huido en Bélgica desde octubre de 2017, no se ajustaba a los supuestos previstos en el reglamento del Parlament para que un diputado pueda delegar su voto: enfermedad, paternidad o maternidad.
El paraguas del Covid
Durante los primeros meses de la legislatura las restricciones impuestas por el Covid dieron un cierto paraguas a la delegación de voto de Puig. Pero el pasado octubre el Pleno del Parlament recuperó el 100% del aforo de la cámara, y esta medida se ha tradujo en una nueva delegación de voto ad hoc para el diputado de JxCat. Una delegación no justificada por el reglamento de la Cámara.
PSC, PP, Cs y Vox recurrieron la decisión, que fue sometida a una nueva reconsideración minutos antes de que empezara el pleno. Pero la mayoría independentista en la Mesa se impuso para aceptar la medida.
Lluís Puig, que fue conseller de Cultura en el Govern del 1-O, resultó elegido diputado de JxCat tras las elecciones del 14F y ya solicitó la delegación de voto en la sesión constitutiva de la XIII legislatura del Parlament, que fue rechazada por la mesa de edad.
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