En julio se cumplen cuatro años de la llegada del caso iDental a la Audiencia Nacional. La mayor investigación por fraude en la historia de nuestro país de unas clínicas dentales en las que se juzga a los cabecillas de la trama por "administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública".

La macrocausa por la actividad de las 26 clínicas dentales que operaron de 2015 a 2018 reúne ya 18.000 afectados, mil más que hace seis meses. La "complejidad" de la causa hace que el juez Félix Alfonso Guevara, presidente del Tribunal, prorrogue la instrucción de la causa seis meses más, hasta enero de 2023. Ya en el primer auto del juez que asumió la causa en 2018, José de la Mata, asumió la investigación por "el volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo y ancho del territorio nacional, la existencia de miles o decenas de miles de perjudicados y de una aparente compleja estructura societaria".

Precisamente esta semana ha comenzado el primero de los juicios de la causa, por la pieza separada del fraude a la Seguridad Social que cometió la cúpula de la empresa y que se cifra en 23,6 millones de euros. En el arranque del juicio contra iDental, dos funcionarios de la Unidad especializada en delitos económicos de la Seguridad Social de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) han asegurado que en el modus operandi de la compañía se sucedieron hasta 55 empresas entre las que se produjo un trasvase de fondos con una "confusión patrimonial y de capital".

El escándalo iDental se produjo en dos etapas. En primer lugar de 2015 a octubre de 2017, en la que dirigían la compañía sus fundadores Vicente Castañer y Antonio Javier García Pellicer, al frente de 55 compañías distintas que formaban parte del grupo. En octubre de 2017 adquiere la compañía el fondo Weston Hill, tras el que se esconde otro entramado de empresas cuyos cabecillas son Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido. Al final del período antes de su detención, la investigación estima que se trató de repetir la estafa con otra cadena dental, Instituto Odontológico Asociados (IOA), propiedad de Weston Hill. Además de los anteriores, están acusados José Luis González y Domingo Bejarano como presuntos testaferros del grupo.

Más allá de la presunta gestión corrupta de la empresa, la investigación abarca el delito contra la salud pública y lesiones tras las miles de denuncias que la compañía arrastraba desde 2016.

Las denuncias por mala praxis se acumulaban y como llegó a afirmar el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro, en base a la investigación judicial, "había indicios de que en iDental se arrancaban dientes sanos para poner implantes".

Las denuncias por mala praxis también llegaron al Colegio de Dentistas de Madrid, que en 2017 denunció la investigación de un centenar de colegiados por mala praxis de enero a septiembre, 10 veces más que en todos los años anteriores.

A la investigación de esta trama se suma también desde este año la investigación del fraude de otra cadena dental low cost, Dentix, que acumula también 407 denuncias y un fraude de dos millones de euros. Esta última semana también ha sido noticia otra cadena dental, Vivanta, al ser rescatada por el Gobierno a través del fondo de solvencia empresarial con la oposición de los dentistas. Así lo manifestaba el presidente de la entidad, que lleva años reclamando cambios en el sistema para evitar que la historia se repita. Una de ellas es la prohibición de las llamadas "sociedades de intermediación", que permiten que las cadenas dentales sean propiedad de fondos de inversión. "En España es en el único país de Europa donde un DJ o un antenista pueden tener una clínica dental», afirmó Castro en una entrevista en El Independiente. La otra es un "un necesario mayor control publicitario".

La prórroga ahora de la instrucción de la macrocausa unos seis meses más hasta enero de 2023 pone aún más lejos en el horizonte el fin de la tramitación del caso iDental y con ello la resolución de un problema que afecta ya a más de 18.000 pacientes, además de trabajadores y el Estado a través de la Seguridad Social. Tan solo por esta primera causa, el fiscal pide para los acusados penas de seis años de cárcel para Castañer, García Pellicer, Sans y los hermanos Garrido y tres para Bejarano y González.