La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a Josep María Jové, ex número dos de Oriol Junqueras y uno de los arquitectos del 'procés' independentista, a pagar 1.500 euros por actuar de "mala fe" en su intento de recusación al magistrado del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Ramírez Sunyer investiga desde febrero la organización y logística del referéndum ilegal del 1 de octubre y ordenó las detenciones de los 14 altos cargos de la Generalitat practicadas por la Guardia Civil los días 20 y 21 de septiembre.
Ramírez Sunyer permanecía fuera de la causa desde septiembre, a causa de las deliberaciones pendientes sobre su recusación, ahora rechazada. Hace una semana fue ingresado en estado grave en el Hospital Clínic de Barcelona, y desde este lunes se ha hecho cargo de la causa el magistrado Jaime Conejo, que hasta ahora había sido el titular del juzgado de Instrucción 16 de Barcelona.
La Audiencia Provincial rechaza la recusación alegando que las razones presentadas por Jové constituyen "una amalgama de afirmaciones carentes de cualquier corroboración más allá de la mera alegación de parte". El escrito, contra el que no cabe recurso, también acusa a Jové y Josep Masoliver -otro de los encausados que se unió a la recusación- de tratar de "apartar del conocimiento de la causa al juez que venía conociendo de ella, siendo conscientes de que su pretensión carecía del más mínimo fundamento al apoyarse en simples alegaciones no sustentadas en elemento probatorio que las avalase".
El dueño de la 'Moleskine'
La Audiencia rechaza que el juez haya actuado guiado por un "interés directo o indirecto" en la causa, por lo que no aprecia ningún tipo de "base jurídica" para asumir las tesis de la defensa de Jové, que esgrimió catorce argumentos para justificar la recusación, que el tribunal rechaza uno a uno.
Como ejemplo, la Audiencia avala que el juez mantuviese durante meses la causa en secreto o que encargara las diligencias a la Guardia Civil, que ha actuado como policía judicial. "Ningún reproche cabe hacer en este sentido al juez, quien estaba legitimado para auxiliarse de la Guardia Civil en su tarea instructora", remarca el auto, que también sostiene que la detención de Jové, durante unas 54 horas, no excedió las previsiones legales.
En el marco de estas detenciones, la Guardia Civil localizó en el domicilio de Jové la célebre agenda Moleskine en la que el alto cargo de la Generalitat apuntaba a modo diario sus impresiones y datos sobre el avance del procés independentista.
Del análisis de la agenda se ha desprendido la implicación en el comité estratégico independentista de figuras clave como Marta Rovira (ERC) o Anna Gabriel (CUP), o las intenciones de la Generalitat respecto a la futura fiscalidad catalana y el resto de las necesarias estructuras de Estado que debían desarrollarse en caso de seguir hacia adelante con la declaración de independencia.
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