El Estado ha recaudado este año una media de 60.778 euros al día por las denuncias a conductores sorprendidos al volante bajo los efectos del alcohol o la droga, una infracción que representa casi el 10% del importe de las multas impuestas por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. El exceso de velocidad en las carreteras españolas sigue siendo con diferencia el principal motivo de sanción.
De acuerdo con los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través del Portal de la Transparencia, los ingresos por infracciones ascendieron a 231.185.610,9 euros hasta el 30 de noviembre. Expresado en otras palabras, las multas por incumplimiento de la Ley de Seguridad Vial representaron un promedio de 692.172 euros durante cada uno de los 334 primeros días del año. Esa cifra no incluye las denuncias formuladas en el País Vasco y Cataluña, las dos comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de tráfico y seguridad vial.
Las denuncias de la Guardia Civil por infracciones en las carreteras durante los once primeros meses del año superan los 231,18 millones, a razón de 692.172 euros al día
Pese a las campañas de intensificación de vigilancia y al progresivo incremento de los controles, la Guardia Civil sigue cazando a diario a conductores que exceden las tasas máximas de alcohol en sangre o que se echan a la carretera tras haber consumido alguna sustancia estupefaciente (cannabis y cocaína, principalmente), desencadenante de muchos de los accidentes mortales registrados durante el año. En concreto, según datos de la DGT, el alcohol está implicado en más de un 30% de los siniestros con fallecidos, lo que lo sigue convirtiendo en "uno de los principales factores de riesgo en la conducción".
En total, las denuncias por alcohol o drogas durante los 11 primeros meses del año totalizan 20.299.913 euros, de los que casi una cuarta parte -concretamente el 23,84%- tuvieron Andalucía (4.840.541,83 euros) como origen. Esa cantidad aumentará significativamente cuando se computen los datos de diciembre. Sólo en el marco de la campaña llevada a cabo del 11 al 17 de diciembre, la Guardia Civil de Tráfico denunció a 569 conductores en las carreteras de esta comunidad: 307 por alcohol y 262 por dar positivo en las pruebas de drogas.
De enero a noviembre, a Andalucía le siguieron Galicia (2.857.413,58 euros), Comunidad Valenciana (2.137.538,83), Castilla y León (1.820.009,14), Canarias (1.364.731,13), Castilla La Mancha (1.119.211,67), Madrid (1.118.070,45), Baleares (946.953,47), Murcia (938.629,47), Asturias (820.460,51), Cantabria (657.923,21), Aragón (566.377,61), Navarra (549.327,62), Extremadura (409.619,3) y La Rioja (151.105,59).
Una cuarta parte de las multas por conducir bajo los efectos de la droga o superar los niveles máximo de alcohol han tenido como origen las carreteras de Andalucía
Entre los casos registrados durante este año, la DGT ha detallado el protagonizado por el conductor de un turismo que dio positivo en alcoholemia (1,22 miligramos de alcohol por litro de aire espirado) cuando circulaba por una carretera de A Coruña. Aquél no fue capaz de realizar la segunda prueba al quedarse dormido, teniendo que despertarlo los agentes del equipo de atestados. Terminó en el Hospital Clínico de Santiago, hasta donde tuvo que ser trasladado en ambulancia.
La normativa actual castiga la circulación por las vías públicas cuando la tasa del conductor supera los 0,5 gramos de alcohol en sangre o los 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, reduciéndose estos niveles máximos a 0,3 gramos y 0,15 miligramos -respectivamente- en el caso de los chóferes profesionales o noveles. El alcohol puede detectarse a partir de los cinco minutos de su ingesta, alcanzándose su mayor reflejo entre los 30 y 90 minutos siguientes.
Las sanciones a conductores bajo los efectos del alcohol o de las drogas son severas. Entre 0,25 y 0,50 miligramos por litro de aire aspirado, la multa consiste en 500 euros y la retirada de cuatro puntos. El castigo duplica la cuantía económica si se superan los 0,50 miligramos, lo que conlleva también seis puntos menos. Se trata de la misma multa prevista para aquellas personas al volante a las que se detecta presencia de drogas en su organismo.
También puede derivarse responsabilidad penal. Ser sorprendido con una tasa de alcohol de 0,6 miligramos por litro de aire espirado o 1,2 gramos en sangre puede conllevar una pena de entre tres y seis meses de prisión, multa de seis a 12 meses o trabajo en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, con privación al derecho a conducir que puede oscilar entre uno y cuatro años. Es el mismo castigo que prevé el Código Penal para aquellos conductores bajo la influencia de drogas o sustancias psicotrópicas.
Más medios materiales
La ley también prevé penas de prisión de seis meses a un año y no poder conducir entre uno y cuatro años para aquellos conductores que se nieguen a que se les practiquen las pruebas de detección de alcohol o droga.
Sacar de las red viaria a estos conductores es una de las prioridades que se ha marcado la DGT para reducir la siniestralidad vial, dada la importancia que sigue teniendo este factor de riesgo en los accidentes mortales en España. Para mejorar los recursos materiales de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en aquellas provincias con mayor prevalencia, el Ministerio del Interior acaba de incorporar 156 nuevas furgonetas habilitadas para la realización de las pruebas y que se suman a otras 40 entregadas a principios de verano. Ello ha requerido una inversión de 6,7 millones de euros.
La Dirección General de Tráfico, igualmente, ha destinado otros 7,7 millones de euros a la adquisición de 746 etilómetros, 500 lectores de drogas y 23.400 kits multidroga. "Estas inversiones son consecuencia de la obligación legal y moral que tiene la DGT de que el 100% de lo recaudado en sanciones vaya destinado a cuestiones relativas a la seguridad vial", sostiene Gregorio Serrano, el director general de Tráfico.
Desglose de la recaudación por infracciones
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