"No se conoce un fraude de tal magnitud y en tan breve espacio de tiempo como el que se analiza en el presente juicio". Así de clara ha sido la letrada de la Administración de la Seguridad Social, acusación particular en el caso de iDental, a cuya cúpula considera responsable de defraudar más de 23 millones de euros con las clínicas dentales de 2015 a 2018.

La letrada de la Administración de la Seguridad Social ha hecho esta afirmación en sus conclusiones finales de la vista oral de esta pieza separada del caso iDental. Los principales acusados son los fundadores Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer en la primera etapa y Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido en la segunda, cuando adquirieron la compañía por dos euros cuando ésta arrastraba pérdidas millonarias. De esa segunda parte se juzga también como cooperadores necesarios a Domingo Bejarano y José Luis González, ambos considerados por la acusación testaferros.

La letrada ha reiterado en la sesión de este jueves que el fraude total a la Seguridad Social de iDental se cuantifica en 23,7 millones de euros, que quedan en 21,3 millones tras lo abonado en el seno de la administración judicial. A los fundadores - para los que el fiscal ha rebajado la pena solicitada de seis a cuatro años de cárcel - les solicita que indemnicen conjunta y solidariamente con 11,5 millones de euros.

Por la segunda etapa pide a los tres socios y sus dos colaboradores necesarios 10,6 millones de euros, pero un total de 22,1 millones porque con la compra del grupo asumieron la deuda que éste tenía ya en octubre de 2017. Fue en esa fecha cuando el fondo Weston Hill adquirió la compañía, que se hallaba en serias dificultades con sueldos sin pagar y miles de clientes con los tratamientos a medias. Las clínicas dentales apenas estarían abiertas unos meses más, meses en los que la representante de la Seguridad Social ha afirmado que se defraudó más de un millón de euros mensuales. "En este caso hemos sido defraudados todos", ha apuntado la representante de la Tesorería General de la Seguridad Social.

De la segunda etapa, la letrada ha subrayado que cuando compraron iDental, los empresarios inyectaron en la empresa seis millones procedentes de IOA (la otra cadena dental que los acusados habían comprado), según el informe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional). "Manifestándose desde el inicio de la compra la confusión patrimonial", ha incidido. De esos seis millones cinco se destinaron a pago de nóminas pero nada a la Seguridad Social, a la que se debía ya entonces 12 millones de euros: "Pero ese mismo día se retraen a la cuenta de Maxduell Gran S.L. [de los acusados, aunque el administrador único era González] 600.000 según la UDEF. Con ese dinero se podía haber solventado el ingreso de la cuota obrera de los salarios pagados pero los acusados se apropiaron de él".

La letrada ha afirmado que "de un total de 20 millones de euros traspasados a Maxduell a la fecha de la compra [de iDental], no se destinó ni un solo euro a la deuda con la Seguridad Social, que era conocida".

"El modus operandi de la defraudación se refleja igualmente en el modelo de negocio. Se divide la empresa en un entramado de sociedades donde la actividad comercial se ubica en las despatrimonializadas o de mínimo capital y el patrimonio empresarial queda en otras sociedades patrimoniales de los acusados. Son ellos quienes a través de estas sociedades instrumentales desde donde distribuyen el capital de modo controlado y medido en función de los pagos que interesadamente decidían en cada momento", ha explicado la letrada en sus conclusiones finales.

El juicio oral está ya solo pendiente del fin de la declaración final de las defensas de parte de los acusados, que este jueves han comenzado con las de los abogados de Luis Sans, García Pellicer, Castañer y Juan Garrido. En todos los casos han pedido su absolución bajo el argumento de ausencia de ánimo defraudatorio. Según el abogado de Sans, los empresarios "erraron en sus decisiones empresariales, fueron idiotas, pero son inocentes".

En esta macrocausa, el mayor escándalo dental en la historia de España, los acusados son juzgados además por administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública. Las cadenas dentales low cost que se dirigían a una clase social media baja dejaron a miles de clientes con los tratamientos a medias y con un alud de demandas por mala praxis. La instrucción, que arrancó en 2018, ha sido recientemente prorrogada de nuevo tras la adhesión de 1.000 pacientes más en los últimos seis meses. Son 18.000 los particulares que están personados contra las clínicas dentales.

En España el sector ha sufrido fuertes convulsiones en los últimos años. A iDental se suman el cierre de Funnydent y Dentix, cuyos casos están también en la Audiencia Nacional.