Interior se niega a revelar el coste del alquiler de los barcos para los policías por 'seguridad'

El Ministerio del Interior se niega a revelar cuánto ha costado el alquiler de los barcos en los que se alojan los policías nacionales y guardias civiles enviados a Cataluña ante el desafío independentista con el argumento de que es materia reservada y su difusión podría "suponer un perjuicio para la seguridad pública".

Así justifica la dirección del gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad la denegación a la información solicitada a través del Portal de la Transparencia por este redactor, interesado en conocer el coste diario que ha supuesto para el erario el flete de los tres ferries que han hospedado a los agentes movilizados en el marco de la Operación Copérnico. Ésta se inicio el pasado 20 de septiembre, en vísperas del referéndum ilegal del 1-O, y no se dará por terminada de forma definitiva hasta este viernes.

En su respuesta, Interior defiende que, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros en 1986 por el que clasificaron determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, todos los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos tienen naturaleza reservada. "La difusión de la información relativa a la estructura, organización, medios y técnicas reflejadas en los planes de seguridad, además de vulnerar la normativa reguladora de materias clasificadas, puede afectar a la eficacia de los mismos", justifica.

Respuesta de Interior denegando el acceso a la información solicitada.

El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido considera que en esta petición de información concurre la causa cuarta de las 12 que prevé la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 14.1 para limitar el acceso a la información -un perjuicio para la seguridad pública- y rechaza atender la solicitud. Ésta puede recurrirse ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno antes de un mes o ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos.

El citado precepto también establece que la aplicación de los límites tiene que ser "justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección" y habrá de analizarse las circunstancias de cada caso concreto, especialmente si concurre "un interés público o privado superior que justifique el acceso".

Para garantizar el alojamiento del contingente movilizado, Interior ha llegado a alquilar desde el pasado 20 de septiembre tres barcos, de los que dos se encuentran atracados todavía en el puerto de Barcelona: el Rhapsody y el Azzurra. Este último permaneció fondeado en el puerto de Tarragona hasta que se trasladó al de Barcelona el día en que el tercer ferry contratado por el Estado -el Moby Dada, rebautizado popularmente por los agentes como el ‘Piolín’ por tener decorado su casco con la imagen del célebre canario amarillo de la serie de dibujos animados ‘Looney Tunes’- se marchó.

El Gobierno mantiene en secreto tanto el coste que va a suponer el despliegue extraordinario desarrollado en Cataluña ante el órdago soberanista como el número de agentes movilizados especialmente para este dispositivo desde otras provincias españolas, alegando motivos de seguridad. Cálculos conservadores permiten cifrar en no menos de 4.500 los funcionarios (entre policías nacionales y guardias civiles) enviados de forma extraordinaria con motivo de la convocatoria del referéndum. Ese contingente se sumaba a los más de 6.000 destinados en esa comunidad, lo que totaliza más de 10.000 personas.

Interior había cifrado en 31,77 millones el coste del dispositivo antes de prolongarlo por lo sucedido el 1-O y la aplicación del artículo 155

En respuesta a otro requerimiento de información, Interior también ha invocado el carácter reservado para no revelar cuántos efectivos han formado parte de la Operación Copérnico. Conocer esa información por personas no autorizadas "puede poner en riesgo tanto la seguridad de las personas objeto de protección como de los agentes encargados de la misma", sostiene el director del gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, Diego Pérez de los Cobos.

Como ya informó El Independiente el pasado 2 de octubre, Interior había cifrado en 31.776.643,41 euros el coste del operativo extraordinario. Éste se iba a desarrollar inicialmente entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, pero la celebración de la consulta ilegal al no haberse intervenidos las urnas ni haberse logrado el cierre de los colegios electorales -en este caso por la actitud pasiva de los Mossos d'Esquadra- y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución ha obligado a mantener el refuerzo hasta la celebración de las elecciones autonómicas el pasado 21-D. El Estado, por tanto, ha tenido que soportar un gasto mucho mayor del previsto en un principio.

Productividad

De esos 31, 77 millones, más de 20,43 millones correspondían a la productividad que se ha abonado tanto a los policías nacionales (11,23 millones) como a los guardias civiles (9,20 millones) como complemento a sus sueldos, una compensación económica que también han percibido los funcionarios adscritos a la Jefatura Superior de Cataluña y que los agentes han cobrado de forma íntegra al haber sido el propio Ministerio del Interior el que ha corrido con las gastos derivados del alojamiento y manutención del contingente. Esta partida se cifró inicialmente en 11.270.008,41 euros, de los que casi la mitad (5.586.431,41 euros) estaban relacionados con el flete de tres barcos. Los 5.683.577 euros restantes son el coste del alojamiento en hoteles de otros funcionarios policiales.