La renuncia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por motivos de salud, llega en un momento clave para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Gobierno quiere renovar cuanto antes el tercio del Tribunal Constitucional que venció su mandato el pasado 12 de junio, con lo que se aseguraría el cambio de una mayoría conservadora a otra progresista en el Alto Tribunal con el magistrado y también ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, padrino de Delgado, como presidente. Para ello, necesita que el órgano de gobierno de los jueces nombre cuanto antes a los dos magistrados que le corresponden para poder hacer lo propio con los otros dos que sustituirán al presidente Pedro González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez, nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy. De ahí que el PSOE presentara una ley -ya aprobada en el Congreso y el Senado- para apremiar a los vocales a que nombren antes del 13 de septiembre a sus candidatos.

La permanencia de la exministra de Justicia del Gobierno socialista al frente del Ministerio Público es uno de los escollos que el Partido Popular ha presentado desde finales de 2018, cuando venció el mandato del consejo de jueces, para no renovar el órgano. Consideran que está al servicio del Gobierno y daña la independencia del Ministerio Fiscal.

Sin ir más lejos, en la propuesta que presentó el principal partido de la oposición a Sánchez el pasado martes, un día antes del debate de la nación en el que ofreció renovar el CGPJ "esta misma tarde", se aludía a la necesidad de que Delgado saliera de la Fiscalía.

El nombramiento de García "no cambia nada"

Este martes, nada más conocerse la renuncia de Delgado, el vicesecretario de coordinación autonómica de la formación de Alberto Núñez Feijóo y portavoz poco habitual, Pedro Rollán, ha afirmado que la sustitución de la fiscal general por su mano derecha, el jefe de la Secretaría Técnica Álvaro García, "no cambia nada". Afirman desde el PP que el Gobierno "ha perdido una oportunidad" para blindar la independencia del Ministerio Público.

Pero lo cierto es que una vez que Delgado -que ha centrado el foco de muchas críticas contra el presidente Pedro Sánchez por parte de la oposición- queda fuera de la Fiscalía, los argumentos del PP para continuar bloqueando la renovación del CGPJ se reducen.

En la oferta de Pacto para la Justicia que el PP entregó la pasada semana al Gobierno, las asociaciones de jueces, de fiscales, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, se apostaba por que los próximos fiscales generales no procedan de cargos políticos cinco años antes de ser nombrados.

La Comisión Europea, en su último informe sobre el Estado de Derecho en España publicado hace una semana, insistía también en que se debe garantizar la independencia del Ministerio Público respecto de los poderes políticos en nuestro país, reclamando que el nombramiento del fiscal general no vaya unido a cada cambio de Gobierno.