Las cárceles españolas registraban al cierre de 2017 un déficit de plantilla superior a las 2.000 personas, según los propios datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Hay establecimientos que han arrancado 2018 con hasta un 25 % menos de funcionarios de los que tienen asignados.

Las 68 prisiones, dos psiquiátricos penitenciarios y 13 Centros de Inserción Social (CIS) operativos contaban a finales de año con 21.495 funcionarios efectivos, cuando la Relación de Puestos de trabajo (RPT) totaliza 23.563 plazas (+ 2.068). Con los datos correspondientes a la última semana de diciembre, las cárceles -excluidas las de Cataluña, comunidad que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria- sumaban 50.811 reclusos.

La congelación de empleo público con motivo de la crisis económica ha agravado el déficit de personal en las prisiones españolas, en las que las escasas convocatorias no han permitido compensar ni de lejos las bajas por fallecimiento, jubilación o por pase a segunda actividad que se han registrado. Sólo para cubrir estas contingencias se necesitaría una reposición mínima de 400 plazas al año.

Hay algunos centros penitenciarios, como el castellonense de Albocàsser, que cuentan hoy con un 25 % menos de funcionarios de los que le corresponden

La brecha no se ha reducido durante 2017, toda vez que los aspirantes a las 701 plazas ofertadas el pasado año -después de cinco sin convocatorias- ni siquiera se han examinado todavía. La Subsecretaría del Ministerio del Interior no publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el pasado 5 de diciembre la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, teniendo de plazo los opositores hasta el 8 de enero para presentar sus solicitudes.

"No existe capacidad de vigilancia ni de reinserción posibles cuando no hay recursos humanos. De manera reiterada hemos manifestado a la Administración la necesidad de planificar sobre este aspecto. Sin riesgo a equivocarnos, nos encontramos ante la peor gestión de las prisiones de nuestro país desde la democracia", sostiene Nacho Gutiérrez, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip).

Especialmente preocupante es la situación de falta de plantilla en el centro penitenciario de Albocàsser (Castellón), que tiene una dotación de 506 funcionarios y tan sólo cuenta en la actualidad con 382 trabajadores (un 25 % menos). En Topas (Salamanca) faltan 93 funcionarios para que la plantilla esté al completo, mientras que Estremera (Madrid) -prisión en la que se encuentra el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras- presenta un déficit de 35 plazas.

El Ministerio del Interior anunció una convocatoria de 701 plazas en 2017, pero las pruebas selectivas no se han celebrado aún

"Esta falta de personal sólo nos lleva a una conclusión: están dejando morir un servicio público esencial con la intención de decir que no funciona y poder privatizarlo en beneficio de unos cuantos y para mayor desgracia de las personas que están internas. ¿Imagina 75.000 personas teniendo que consumir en los economatos de las prisiones a los precios que establezca una entidad privada? Ya está ocurriendo con los contratos de seguridad privada para la vigilancia exterior de las cárceles", advierten desde la asociación Funcionarios de Prisiones Unidos (FPU). Y añaden: "Vemos cómo año tras año se pierde personal y no se repone. Cada vez hay menos funcionarios en los módulos o simplemente servicios como los de mantenimiento, lavandería, cocina o la limpieza están siendo privatizados y concedidos a empresas externas".

A la espera de que los futuros funcionarios se examinen y se asignen las plazas, otros 750 empleados públicos del sector de Prisiones están a la espera de traslado. Ello dependerá en gran medida de la entrada en servicio del centro penitenciario de Archidona (Málaga), que ha ido retrasando su apertura y que se ha estrenado como 'CIE temporal' para acoger a 500 inmigrantes sin papeles que llegaron en patera el pasado 20 de noviembre a las costas de Murcia.

Elevada edad media

La falta de personal no es el único problema que denuncian los representantes de los trabajadores públicos del sector de prisiones: más de un tercio de la plantilla tiene una edad superior a los 51 años. Con 57 y 25 de trayectoria en Prisiones, el funcionario tiene la posibilidad de pasar a oficinas como segunda actividad.

"Eso quiere decir que, si no hay buenas ofertas de empleo en los próximos años, nos quedaremos sin personal suficiente", advierten desde FPU. De momento, se desconoce si en 2018 -cuando se celebrarán las pruebas selectivas correspondientes a la convocatoria de 2017- se anunciarán nuevas plazas.

En concreto, según los datos de Instituciones Penitenciarias, en 13 centros la media media es superior a 50 años. A saber: Burgos, Topas (Salamanca) y Villabona (Asturias), con 52; Cáceres, Cuenca, Dueñas (Palencia), Ourense, Segovia y Valladolid, con 51, y Santoña-El Dueso (Cantabria), León, Lugo-Bonxe y Madrid IV (Navalcarnero).