El Supremo coloca al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a un paso de ingresar en prisión por su responsabilidad en el escándalo de los ERE tras confirmar la condena a seis años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos que la Audiencia de Sevilla le impuso hace dos años y medio. La sentencia, cuyo sentido se ha adelantado, no es unánime: dos de los cinco magistrados han anunciado un voto discrepante.

Con ponencia del magistrado Eduardo de Porres, el alto tribunal resuelve los recursos presentados por los 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a finales de 2019 tras la vista oral en la que se enjuició la legalidad del procedimiento específico con el que la Administración autonómica repartió al menos 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009 para el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis a través del denominado fondo de reptiles. Confirma la pena de prisión para Griñán y la de nueve años de inhabilitación para Chaves por el delito de prevaricación.

Los magistrados de la Sala Penal Juan Ramón Berdugo (presidente), Carmen Lamela y Eduardo de Porres (ponente) se han mostrado a favor de rechazar el recurso de Griñán contra la sentencia de instancia y las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo se han mostrado a favor de admitirlo y absolver al ex presidente andaluz -y a otros cuatro ex altos cargos más (Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano)- de la comisión del delito de malversación. De ahí que emitirán un voto particular contra la decisión. Hasta que éste no esté redactado no se conocerá el contenido íntegro de la sentencia.

Los magistrados sí han estimado totalmente los recursos de casación de tres condenados. Se trata de los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez García, a quienes se ha absuelto del delito de prevaricación. En paralelo, la Sala ha estimado parcialmente otro y ha rebajado de siete a tres años la pena que la Audiencia de Sevilla impuso a Juan Márquez, el director general de Trabajo y Seguridad que sucedió en el cargo a Javier Guerrero, al aplicarle la atenuante de reparación del daño.

Ingreso en prisión de Griñán

La mayor repercusión pública de la sentencia de la Sala Segunda viene por la confirmación de la pena de cárcel para Griñán (76 años), histórico dirigente socialista al que la investigación judicial adelantó el final de su carrera política cuando estaba al frente de la Junta de Andalucía, que le pone a un paso de ingresar en prisión. Previsiblemente recurrirá ahora ante el Tribunal Constitucional, al que pediría la suspensión hasta que falle sobre el fondo de su amparo. Otra opción para esquivarlo es que se solicite el indulto y el Gobierno lo conceda.

El tribunal le reprochó que en su etapa de consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) mantuviera el "uso inadecuado" de las transferencias de financiación como mecanismo por el que la Consejería de Empleo hacía llegar el dinero al ente instrumental -primero el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), convertido posteriormente en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)- para el pago de las ayudas y que no hubiera actuado pese a que "tuvo conocimiento de las deficiencias" detectadas en los informes de control financiero permanente de las empresas públicas que la Intervención de la Junta elevaba a su consejería.

"Era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó (…) asumiendo la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31.L [el conocido como fondo de reptiles] fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados", sentenció la Audiencia de Sevilla, que avalaba así la tesis que desde que comenzó la investigación había mantenido la juez Mercedes Alaya, la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular ejercida por el PP y los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El alto tribunal ha ido más lejos de lo que fue en 2015, cuando instruyó una pieza del caso ERE por la presencia de varios aforados. Entonces no apreció que indiciariamente José Antonio Griñán pudiera ser autor de un delito de malversación, ya que -en opinión del magistrado Alberto Jorge Barreiro- el alto cargo sabía que el sistema de concesión de las subvenciones era "claramente ilegal en su tramitación" por los informes emitidos por la Intervención pero no que con la materialización de dicho procedimiento "se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio ilícito de terceras personas".

El Supremo sí vio indicios de una actuación malversadora en la persona de José Antonio Viera, titular de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre los años 2000 y 2004 y uno de los dos firmantes del convenio que dio pie al nacimiento del fondo de reptiles. Se trataba de la consejería a la que estaba adscrita funcionalmente la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, el órgano que gestionó la partida para el pago de las prejubilaciones.