El sector cinegético retomará las "medidas de presión" si el PSOE -mayoritario en el Gobierno de coalición- no da marcha atrás y mantiene la Ley de protección, derechos y bienestar de los animales tal como ha salido este lunes del Consejo de Ministros para iniciar su tramitación parlamentaria. "La norma es inaceptable. Considera a los animales auxiliares de caza como mascotas", critica el presidente de la Federación Española de Caza (RFEC), Manuel Gallardo.

El pasado 20 de marzo, decenas de miles de cazadores procedentes de toda España se manifestaron por las calles de Madrid para exigir -entre otras reivindicaciones- la retirada del anteproyecto de Ley de bienestar animal al entender que su entrada en vigor supondría la "prohibición inmediata" de la montería y rehala, la caza menor con perro, la cetrería, la perdiz con reclamos y los galgos.

Esa presión no ha surtido efecto. En pleno mes de agosto, el Consejo de Ministros ha aprobado este proyecto de ley con el que pretende "integrar, coordinar y clarificar en una única norma de rango legal el régimen jurídico en materia de tenencia y convivencia responsable con animales, lucha contra el abandono y maltrato de animales que viven en el entorno humano e impulsar la actuación coordinada de los poderes públicos en favor del fomento de la protección y bienestar animal", según se lee en la referencia difundida por La Moncloa.

La aprobación del proyecto de ley tuvo lugar en la misma sesión en que el sector socialista del Gobierno sacó adelante el anteproyecto de la futura Ley de información clasificada, que derogará la franquista Ley de secretos oficiales y que no es apoyada por los socios de Unidas Podemos en desacuerdo con el periodo -hasta 50 años, prorrogables por 15 más- que fija para que se levante la reserva sobre la información considerada alto secreto.

La RFEC sostiene que, a la luz del documento al que ha tenido acceso, el texto no da respuesta a la mayor parte de las alegaciones que han venido planteando desde que tuvieron conocimiento de que el Gobierno iba a legislar en esta dirección, básicamente que se respetaran sus peculiaridades y los animales auxiliares de caza (perros, hurones y cetrería) quedaran fuera del marco de esta ley. Así se comprometió el PSOE -aseguran-en las distintas reuniones mantenidas tanto con los dirigentes federativos como con representantes de la Oficina Nacional de Caza y en actos públicos, como en la jornada organizada el pasado mes de junio por el diario El Mundo y la Fundación Artemisan.

Compromiso del PSOE

El último compromiso asumido por un representante socialista tuvo lugar a mediados de junio, cuando el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del pasado 19-J (Juan Espadas) firmó con la Federación Andaluza de Caza el 'Pacto Andaluz por la Caza' y se comprometió a trabajar para que los animales auxiliares de caza quedaran fuera de la ley que tramitaba el Gobierno. "El apoyo a la caza del PSOE es inequívoco y eso se demostrará con una Ley de derechos de los animales que respete la actividad cinegética", defendió.

En declaraciones a El Independiente, Manuel Gallardo asegura que si entra en vigor la norma con la redacción actual se dificultará la cría y tenencia de perros de caza, lo que irá en contra de la selección de razas y de la reposición de animales. De igual manera, anticipa que se complicará el transporte para la actividad cinegética y "hará desaparecer" tanto el tiro al vuelo como el silvestrismo.

"Esta norma trata de intervenir en las actividades que se hacen con animales, no trata de mejorar el bienestar de los animales. Esta ley no debería ver la luz", añade el presidente de la RFEC, que lamenta que se impongan los planteamientos "animalistas y radicales" de Podemos con tal de que se mantenga el Gobierno de coalición. Y ello, subraya, a pesar del rechazo que el sector cinegético expresó hace poco más de cuatro meses durante la multitudinaria manifestación celebrada en Madrid.

De momento, la Federación dice que va a estudiar el texto que se ha aprobado "profundamente" mientras espera que el PSOE "recapacite" y el resto de partidos políticos -entre ellos el PP, Vox y PNV- se posicionen "claramente" en contra esta norma. "De no ver satisfechas nuestras justas demandas iniciaríamos medidas de presión para conseguir los compromisos que se adquirieron y para hacer ver al Gobierno de la nación que el sector cinegético defiende sus derechos. También para que la sociedad entienda que nuestra actividad es imprescindible y que tiene una gran importancia económica, social y medioambiental. Es una herramienta económica importante de progreso y desarrollo en el mundo rural, para la fijación de población, y una norma animalista viene a poner en riesgo esta actividad", subraya Gallardo.

Un informe elaborado por la consultora Deloitte por encargo de la Fundación Artemisa ha cifrado en 6.475 millones de euros al año el impacto económico de la caza en España -el 0,3 % del PIB nacional y el 13 % del generado por el sector agrario- y en más de 141.000 los empleos que genera. Se calcula que en el país hay unos 800.000 cazadores (de ellos están federados unos 335.000), si bien la actividad alcanza en total a unos cinco millones de personas.