Desde el año 2012, cuando entró en vigor la Ley del Juego, los jugadores españoles de póker online sólo pueden compartir mesas con usuarios que estén dentro de nuestras fronteras. Hacienda, cartera de la que depende el regulador del sector, ponía así coto a una actividad alegal y buscaba llenarse los bolsillos con las grandes cifras que por entonces manejaba el naipe por internet.

El resultado, una vez puestas puertas al campo, fue un desastre. Los números se desplomaron y hubo una desbandada general de grandes jugadores, que decidieron buscar acomodo en otros países con legislaciones experimentadas y en los que sí pudieran competir con usuarios de todo el mundo. A más rivales, mayor participación y, por lo tanto, mayores premios.

En el año 2012 los jugadores de póker online apostaron 1.165 millones de euros entre las mesas de cash y los torneos. La cifra se disparó hasta 2.240 millones en 2013 y se estabilizó en los 2.139 al cierre de 2014. Desde entonces el desplome es notable: 1.783 millones en 2015, poco más de 1.570 millones en 2016 y unos escasos 1.168 millones de euros en los nueve primeros meses del año pasado.

A la vez que caían las cantidades jugadas lo hacían los premios entregados. Así, los 2.172 millones de euros del año 2013 son ya una utopía, ya que en 2016, el último año completo del que hay datos disponibles, fueron 1.521 millones de euros los que volvieron a manos de los jugadores.

Con menores cantidades en juego el principal perdedor era Hacienda. Las casas de juego se veían afectadas, ya que sus ingresos dependen del número de botes jugados, de los que se llevan un porcentaje dependiendo del montante total, pero el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro araña un buen trozo del pastel a la hora de hacer la declaración del IRPF. La solución a estos problemas es sencilla: liquidez compartida.

Han pasado más de cinco años, pero de esta manera el Gobierno cumple una de las demandas más ansiadas por los jugadores y las casas de apuestas, que pagan religiosamente las licencias para operar en nuestro país.

La liquidez compartida permitirá el acceso de los jugadores con residencia en España a las mesas de bandera francesa y viceversa, ya que los jugadores galos podrán competir cara a cara con aquellos que juegan en las salas .es.

Eso asegura que los números de registros en los torneos y los usuarios de las mesas de cash aumenten en todos los niveles de juego, por lo que también lo harán de manera directa el número de botes jugados, bueno para las casas de juego, y los premios, bueno para Hacienda ya que conseguirá ingresar más a través de la declaración de la renta de los jugadores y, por extensión, bueno para los jugadores, que tendrán mejores oportunidades para hacerse con un buen premio.

De momento el acuerdo ha sido firmado por las autoridades del juego en España y sus homólogos en Francia, la Autoridad de Regulación del Juego Online (o Arjel por sus siglas en francés), aunque es cuestión de (muy poco) tiempo que Italia y Portugal se sumen para componer un mercado único en el sur de Europa.

Objetivo de la DGOJ

El cambio en la dirección del regulador del juego en España ha supuesto un gran espaldarazo para la firma de la ley que aprueba la liquidez compartida. Hace justo un año asumía el cargo principal de la DGOJ Juan Espinosa, que desde julio de 2013 ocupaba el puesto de subdirector.

Espinosa, licenciado en derecho y administrador civil del Estado, es un experto en competencia y en economía a nivel europeo, pero además lleva mucho tiempo ligado al mundo del juego, desde que abandonara en el año 2008 su puesto en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Sin duda, la iniciativa del regulador ha sido apoyada por Hacienda, Ministerio del que depende directamente todo lo relacionado con el juego en España. Con las arcas del Estado siempre ávidas de nuevos fondos, la decisión tenía que llegar tarde o temprano, sobre todo teniendo en cuenta que favorece a todas las partes. Y eso sí que es raro.