A las acusaciones que versan contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por su imputación en el caso Lezo, se suman los delitos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuye en otra macrocausa de corrupción, en este caso en la trama Púnica.
El pasado 4 de diciembre agentes de la UCO citaron a declarar a González en calidad de "investigado no detenido" en las dependencias que el Instituto Armado tiene en la localidad madrileña de Las Rozas. Allí la Guardia Civil leyó sus derechos al expresidente madrileño y le informó de que se le investiga por delitos de cohecho, fraude en materia de contratación pública, malversación, prevaricación, falsedad documental y delito electoral en el caso Púnica.
Los investigadores sospechan que el delfín de Esperanza Aguirre, primero como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y luego como presidente, fue uno de los beneficiarios de los servicios reputacionales prestados por algunas de las principales empresas de esta red de corrupción: las mercantiles Eico y Madiva vinculadas al informático Alejandro de Pedro.
El beneplácito de Aguirre
Dichos servicios se habrían dado sin que mediara contrato público alguno "generando una deuda a favor de dichas empresas que terminaría siendo abonada por empresarios adjudicatarios de contratos de la Comunidad de Madrid a través de diferentes procedimientos de pagos ilícitos", ya sea en pagos en metálico o a través de facturación ficticia.
La UCO investiga a González por delitos de cohecho, fraude en materia de contratación pública, malversación, prevaricación, falsedad documental y delito electoral en Púnica
El Independiente ha tenido acceso al contenido íntegro del interrogatorio al que fue sometido el ex dirigente del Partido Popular. En primer lugar, la UCO preguntó al ex presidente madrileño por su relación con De Pedro. Ignacio González respondió: "No le conozco absolutamente de nada. Ni le he conocido ni he tenido nunca contacto alguno con él". El imputado sostuvo que "a través de las declaraciones que había oído en la Asamblea de Madrid el señor Alejandro de Pedro dice que lo introdujo Francisco Granados y que realizó trabajos para la presidenta Aguirre y algunos alcaldes".
Cuando el presunto cabecilla de la trama Lezo fue cuestionado sobre qué persona del Partido Popular de Madrid recayó la decisión de contratar los servicios de Madiva y Eico en el año 2012, la respuesta dada por Ignacio González fue muy clara: "la gerencia del partido con el visto bueno del secretario general y presidencia". De este modo, González dejaba claro que el ex gerente Beltrán Gutiérrez y la expresidenta Esperanza Aguirre dieron el beneplácito para contratar con una de las principales empresas de Púnica.
Niega los pagos del Canal
La UCO sospecha que el ex presidente madrileño pagó los servicios prestados por De Pedro a través de facturaciones ficticias cuando los fondos utilizados para ello salieron de las arcas de la empresa pública Canal de Isabel II. Sobre este extremo, el investigado sostuvo lo siguiente: "Absolutamente nunca di instrucciones a los responsables del Canal para abonar pagos a Alejandro de Pedro".
En otro momento del interrogatorio, la Guardia Civil interpela a González sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid a través de la Fundación Fundescam. Los agentes preguntaron al ex presidente si era conocedor de que a través de dinero otorgado a la citada fundación se sufragaron gastos electorales de los comicios de 2007 cuando él era el director del comité de dicha campaña. En esa ocasión, el cabecilla de Lezo tampoco sabía nada: "No fui conocedor de esos extremos".
No contento con las respuestas que dio a los agentes, el expresidente madrileño entregó aquel día un documento escrito a ordenador donde explicaba alguna de las cuestiones por las que había sido preguntado. Ignacio González recalcó en dicho escrito que "jamás tuvo participación ni conocimiento de la gestión de dicha fundación".
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