El Ministerio de Sanidad no tiene aún siquiera una estimación de la fecha en la que concluirá el informe de la evaluación independiente de su gestión de la pandemia, a pesar de haber transcurrido ya casi dos años desde que el departamento dirigido entonces por Salvado Illa acordó con las comunidades autónomas la creación de un grupo de trabajo para llevar a cabo dicha auditoría y uno desde que se configuró el equipo que coordina el trabajo.

"La evaluación no ha finalizado y de las estimaciones sobre fechas para la conclusión del informe se informará en cuanto sean recibidas por este ministerio", ha señalado la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, en respuesta a una petición tramitada a través del Portal de la Transparencia. En marzo pasado, la misma alto cargo dijo que el plazo aproximado para la terminación de los trabajos se definiría en el cronograma que el grupo de planificación establecería "en unas pocas semanas".

El 7 de octubre de 2020, el ministerio y las comunidades autónomas -en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud- acordaron la creación de un grupo de trabajo que definiría el "marco" para realizar un balance independiente de la gestión. "La evaluación de las actuaciones realizadas por parte de las distintas autoridades sanitarias durante la pandemia, así como de las fortalezas y debilidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) al inicio de ésta, permitirán adoptar las decisiones conjuntas que correspondan para reforzar la vigilancia epidemiológica, los servicios de salud pública y el conjunto del sistema asistencial", informó Sanidad en un comunicado.

El Gobierno reaccionaba así a la carta que, justo dos meses antes, una veintena de prestigiosos epidemiólogos y especialistas en salud pública españoles publicaron en la revista The Lancet demandando que un panel de expertos internacionales y nacionales llevara a cabo una "evaluación independiente e imparcial" de la gestión de la crisis sanitaria no como un mecanismo para "distribuir la culpa" sino para identificar las áreas del sistema público en las que se debían adoptar mejoras. En esas fechas, España era el octavo país del mundo con más fallecidos por covid-19: más de 28.500 compatriotas habían perdido la vida por el virus.

Entre los firmantes de aquel escrito se encontraban Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa; Rafael Bengoa, ex consejero de Salud vasco y asesor de la reforma sanitaria del presidente de Estados Unidos Barack Obama; Carme Borrell, gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona; Daniel Prieto-Alhambra, farmacoepidemiólogo de la Universidad de Oxford (Reino Unido), y Carles Muntaner, profesor e investigador de la Universidad de Toronto (Canadá).

Sanidad asegura que no dispone todavía de una estimación acerca de cuándo estará acabado el informe final

A juicio de estos especialistas, ese chequeo -tanto a la actuación del Ejecutivo central como de los 17 gobiernos autonómicos- era urgente e inaplazable. Cuando plantearon la iniciativa, España había salido ya de la primera ola y no había entrado en la segunda, a la que han sucedido hasta ahora cinco más. "Se necesita una evaluación integral de los sistemas de salud y atención social para preparar al país para nuevas oleadas de covid-19 o futuras pandemias, identificando debilidades y fortalezas, y lecciones aprendidas", razonaban en la carta.

Casi dos años después de que Gobierno y autonomías acordaran la realización de una evaluación de la gestión de la crisis sanitaria, no hay aún un informe de conclusiones como demandaban con celeridad los profesionales que firmaron el artículo en la citada revista médica británica. Sí ha tenido tiempo el ex ministro de Sanidad Salvador Illa de publicar una crónica en primer persona sobre la actuación realizada en el libro titulado El año de la pandemia. Del estado de alarma a la vacunación (Península), presentado la pasada semana en Madrid.

La coordinación de la auditoría externa la dirige un equipo multidisciplinar formado por cuatro profesionales que fueron designados durante la reunión que el consejo interterritorial celebró el 22 de septiembre de 2021 después de que el grupo de trabajo del marco de evaluación independiente del desempeño del SNS frente a la pandemia hubiera analizado qué candidatos podrían integrar el equipo de planificación teniendo en cuenta cuatro criterios: género, perfil experimentado, área de conocimiento y que no hubieran desempeñado responsabilidades de gestión directiva directa durante la crisis sanitaria.

Las cuatro personas más votadas en dicho proceso fueron Rosa María Urbanos Garrido, profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid; Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid; Carmen Pérez Romero, profesora del área de Gestión de Servicios y Profesionales de la Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y Xurxo Hervada Vidal, ex subdirector general de Información sobre Salud y Epidemiología de la Xunta de Galicia.

En la respuesta ofrecida a través del Portal de la Transparencia, la directora general de Salud Pública explica ahora que el equipo de planificación y coordinación ha optado por la línea de trabajo alineada con la metodología 'Revisión Post Actuación (RPA)', al "facilitar la reflexión de todas las partes interesadas de manera transparente y sistemática". Ese grupo obtendrá la información mediante peticiones de informes y técnicas cualitativas, apunta.

"Dicho equipo trabaja bajo la metodología y los criterios que ha considerado más oportunos para llevar a cabo con éxito esta evaluación externa del desempeño del Sistema Nacional de Salud frente a la pandemia de covid-19, tanto a nivel nacional como a nivel de las comunidades y ciudades autónomas. Es también este equipo el responsable de establecer el cronograma de trabajo", agrega Sanidad.

"Plazo aproximado de cuatro meses"

El informe que se acordó el 2 de diciembre de 2020 con el marco de trabajo fijó en "un plazo aproximado de cuatro meses" el tiempo que se requeriría "para el desarrollo de todo el proceso y la entrega" del documento final. Ese margen empezaría a contar "una vez conformado el equipo de planificación y coordinación de la evaluación", por lo que -de haberse cumplido esa previsión y teniendo en cuenta cuándo se creó el grupo evaluador- el dictamen se tendría que haber emitido a finales de enero. De momento, el ministerio reconoce que no tiene siquiera una estimación de cuándo concluirá el informe.

Según se detallaba en el informe que Sanidad entregó a los consejeros autonómicos en diciembre de 2020, el grupo de expertos tendría que diseñar la metodología, el plan de trabajo y las herramientas de evaluación; establecer recomendaciones y finalmente presentar los resultados al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud antes de que se le diera difusión pública.

El compromiso asumido por el entonces ministro Illa era no sólo que las conclusiones fueran presentadas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el órgano de cogobernanza que acordó la constitución de un grupo de trabajo para llevar a cabo la evaluación. "Deben ser públicos para que puedan ser consultados por la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil», indica el citado informe. Casi dos años después, el ex titular de Sanidad ha puesto en las librerías su visión sobre la gestión de la pandemia pero aún no se dispone del documento científico con los errores cometidos y las propuestas para evitar que los fallos en los que se ha incurrido puedan repetirse en caso de que se produzca otra grave crisis sanitaria.