Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dieron este miércoles por perdida la negociación con los conservadores para tratar de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a los que les obliga la reformada Ley Orgánica del Poder Judicial después de reunirse tres veces sin resultados.

Los consejeros representados por Roser Bach, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo trasladaron al presidente del órgano, Carlos Lesmes, que ya exploran "vías alternativas de acuerdo inmediato" entre este miércoles y viernes para tratar de llegar a un acuerdo. Esas vías alternativas consisten en dirigirse a vocales del bloque conservador, convencerles de que rompan con la línea de su grupo y se avengan a proponer, junto a ellos, a dos candidatos para sustituir al vicepresidente del Alto Tribunal Juan Antonio Xiol y al magistrado Santiago Martínez-Vares que vencieron su mandato en junio con el fin de que el Gobierno pueda nombrar a otros dos magistrados para reemplazar al presidente Pedro González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez. De esta manera, el tribunal de garantías quedaría renovado antes de que PSOE y PP acuerden desbloquear el CGPJ, que lleva caducado desde diciembre de 2018.

Entre los miembros del bloque conservador representados por José Antonio Ballestero y Carmen Llombart hay ocho consejeros que no están dispuestos a nombrar antes de que ocurra dicha renovación que, según le habrían transmitido a los progresistas, creen que se está "gestando entre los interlocutores políticos competentes". Así lo manifestaron Bach, Cuesta y Mozo en un comunicado con su interpretación de la reunión después de que los conservadores hicieran lo propio, algo que se ha repetido después de las últimas reuniones.

Los conservadores: "Estamos trabajando"

Los vocales conservadores informaron después del infructuoso encuentro de que habían trasladado a sus interlocutores que "estamos trabajando a fin de ejercer las competencias atribuidas por Ley al CGPJ, limitadas al nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional".

Sin embargo, también consideraron que "hay que dar tiempo" para que la visita que hizo el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, a nuestro país, "rinda los efectos que todos esperamos". Es decir, que PSOE y PP renueven el CGPJ, algo que quieren que ocurra antes de realizar el nombramiento de los magistrados del TC. Consideran preferible que, si Gobierno y PP sellan finalmente un acuerdo de renovación -como instó el presidente Carlos Lesmes afirmando que dimitirá si no ocurre en los próximos días- sea el nuevo Consejo quien realice los nombramientos. Sin embargo, estarían dispuestos a nombrarlos ellos en caso de que hubiera acuerdo, según trasladaron a este diario.

Los vocales progresistas responsabilizan a los conservadores de haber llevado a una situación "sin perspectiva de acuerdo inmediato" al afirmar que no encuentran candidatos. Aseguran que ellos sí podrían "formalmente y de manera inmediata concretar un candidato/a de excelencia y perfil jurisdiccional y jurídico intachable e inobjetable" para que los conservadores propusieran al suyo.

Estos últimos, por su parte, reprochan a sus interlocutores que presentaran una lista de nueve magistrados del Tribunal Supremo que estarían dispuestos a ir al Constitucional y después hablen de una terna entre la que podrían elegir un nombre definitivo sin aportarlo.

La sustitución de Lesmes

Ante tal situación de bloqueo, toma relevancia el papel del presidente Carlos Lesmes, que puede unirse al grupo de progresistas y el minoritario de conservadores a quienes los primeros logren convencer para nombrar candidatos.

El foco está puesto en él además porque vinculó su posible dimisión entre esta semana y la próxima a que PSOE y PP "visibilicen" movimientos para desbloquear el consejo de jueces. Si no lo hacen, afirmó, renunciará.

Entregó, incluso, un informe del Gabinete Técnico del Consejo en el que se afirma que en el caso de que deje el cargo podrá ser sustituido "sin necesidad de acuerdo alguno" por el vicepresidente sustituto del Tribunal Supremo, Francisco Marín.

Esta vía también ha abierto una brecha en el CGPJ. Entre los conservadores se creó malestar porque haya indicado cómo debe ser su propia sucesión, pues consideran que si decide marcharse no tiene por qué indicar cómo debe articularse y que ésta debería decidirse entre todos los vocales. Entre los progresistas hay quienes consideran que el vocal más veterano, Rafael Mozo, debería asumir su función.