El Ayuntamiento de Barcelona estudiará con sus servicios jurídicos la viabilidad de reclamar que el Gobierno central resarza al consistorio por el perjuicio en la imagen de la ciudad que ven en la actuación policial en la jornada del referéndum del 1-O, según una propuesta aprobada por el pleno este viernes.

La propuesta constata el "derroche de recursos públicos" que implicó la Operación Copérnico, desplegada para impedir la votación, y ha contado con el apoyo del PDeCat, Barcelona en Comú, ERC, CUP y el edil no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates), frente a el rechazo de Cs, PSC y PP.

El teniente de alcalde Jaume Asens ve poco viable que pueda reclamarse, ya que el valor a resarcir es intangible -la imagen de la ciudad-, pero garantiza que lo estudiarán y que exigirán una compensación por todo daño y perjuicio posible en el proceso penal en el que está personado.

El líder del PDeCat, Xavier Trias, ha lamentado que las cargas para impedir la votación del 1-O le trasladan a la década de 1950, y ha dicho que se había trabajado para dejar atrás la dictadura con una transición democrática que no ha funcionado: "No hay un espíritu de concordia, sino de enfrentamiento, rabia y de querer imponer sus opiniones".

'Fuerzas de represión'

Ha advertido de que estas medidas también perjudican a los cuerpos policiales porque "los están volviendo a convertir en fuerzas de represión", y cree que provocaron imágenes que desprestigiaron la ciudad, que ha sufrido una pérdida de imagen, no por el proceso independentista, sino por la violencia policial, según ha dicho.

La republicana Trini Capdevila ha sostenido que los 87 millones de euros destinados a la operación fueron desperdiciados porque no evitaron el 1-O, cuando se produjo una "violencia contra la población civil escandalosa". Maria Rovira (CUP) ha sostenido que la inteligencia y la astucia permitieron una votación que una operación de 87 millones no pudo impedir: "La fuerza del pueblo fue mayor".

El derroche del Govern

La líder de Cs, Carina Mejías, ha replicado que el derroche de dinero público es del Govern y las formaciones independentistas, que considera que son las que deben resarcir el daño a los catalanes y a los barceloneses, ya que han provocado fractura social, huida de empresas y perjuicio de la reputación.

La portavoz socialista, Carmen Andrés, ha condenado las cargas policiales y las imágenes que generaron, pero ha dicho que muchos ciudadanos se preguntan los recursos públicos destinados al proceso independentista y al 1-O: "Quieren saber si ha habido un derroche para llegar a la nada y al fracaso".

El presidente del PP, Alberto Fernández, ha subrayado que el 1-O marcó un antes y un después, "con un común denominador, el de la mentira y la frivolidad del procés, que no ha tenido ningún escrúpulo a la hora de engañar" a los catalanes, y que ha generado una factura económica y fractura social, ha dicho.