Lo sucedido ayer en Moncloa no debe llevar a engaño. La reunión entre el presidente Sánchez y el líder de la oposición, Núñez Feijóo, a la que se añadieron posteriormente el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, no dio para mucho. El único acuerdo, en realidad, fue el de transmitir a la opinión pública la voluntad de ambas partes de llegar a algún acuerdo. Pero nada más.

Los acontecimientos se precipitaron al domingo por la tarde, cuando Carlos Lesmes supo, tras ponerse en contacto con ellos, que ni Bolaños ni González Pons tenían prevista ninguna reunión antes del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tendrá lugar el próximo jueves a las 16,30. Constató el bloqueo total de la negociación y decidió cumplir su promesa: dimitir.

Lesmes no consultó su decisión con ningún miembro del CGPJ, ni siquiera a sus más íntimos. Lo único que hizo fue hablar por teléfono con alguno de ellos unos minutos antes de hacerse pública la noticia. Con un tono serio y un punto dramático, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo apareció en los informativos de televisión a las nueve de la noche, como si del anuncio de algo gravísimo se tratara.

Inmediatamente después, el presidente del Gobierno transmitió a los medios su decisión de convocar urgentemente al líder de la oposición para una reunión a primera hora de la mañana del lunes en el Palacio de la Moncloa.

La expectación era máxima. Algo tenía que salir de ahí. O bien un acuerdo, o bien la ruptura total. Pues ni lo uno, ni lo otro. Lo que se pactó fue una tregua, un tiempo añadido para ver si lo que no se ha podido resolver en años se resuelve en unos días.

De la reunión en Moncloa sólo ha salido un pacto de no agresión, una tregua. Sin embargo, si el jueves se pacta el nombre del nuevo presidente del CGPJ, se abre una vía para la renovación del TC y la del propio Consejo

Todo está en el aire. Y si Feijóo no mueve ficha y pone como condición sine qua non para pactar la renovación del CGPJ y el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional (TC) el compromiso de Sánchez para que, en la próxima renovación, los jueces nombren directamente a 12 de los 20 miembros del Consejo, entonces no habrá acuerdo. En Moncloa insisten en mantener el sistema actual.

En lugar de haber mantenido alguna reunión discreta para desbrozar el camino, Sánchez optó por añadir algo más de dramatismo a la dimisión sin precedentes del presidente del CGPJ. Demasiadas expectativas para tan poca sustancia.

Y, sin embargo, podría haber una vía para el acuerdo, siempre que se vayan salvando uno a uno los obstáculos que hay para que se desenmarañe este jaleo que tiene al ciudadano atónito. Aunque yo todavía no he escuchado, como sí la ministra de Justicia, a nadie hablar en el metro de este asunto, es evidente que la imagen de los jueces está sufriendo un desgaste innecesario.

La primera cuestión debe resolverse el próximo jueves: la sustitución de Lesmes al frente del CGPJ. El propio Lesmes, con un informe ad hoc realizado por el jefe del Gabinete Técnico del Consejo, Eduardo Fontán, dejó resuelta la cuestión, al proponer para el cargo al presidente de la Sala Civil del Supremo, Francisco Martín Castán. El problema es que la mayoría del Consejo, tanto progresistas como conservadores, no está de acuerdo con el criterio de Fontán. Los progresistas creen que debe ser el vocal más antiguo del Consejo el que debería sustituir a Lesmes, lo que le daría la plaza a Rafael Mozo, también progresista.

Los conservadores tienen mayoría para bloquear ese nombramiento, pero estarían dispuestos a apoyar a Mozo si antes se pactan algunas cuestiones no menores de régimen interno (renovación de órganos técnicos, control de la comunicación del CGPJ, sustitución de personal interino, etc.). Si esos asuntos se pactan de aquí al jueves, es muy probable que ese día salga del Pleno extraordinario un nuevo presidente del Consejo. Probablemente, Mozo.

El segundo paso sería el nombramiento de los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden al CGPJ. Aquí tampoco habría mucho problema, pero el PP ha echado el freno porque quiere, como cosa previa, que el magistrado del TC Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud el pasado mes de julio, y que pertenece al bloque conservador, sea sustituido por otro magistrado de su misma ideología. Como su nombramiento le corresponde al Senado, el PSOE tiene en su mano aceptar o no ese requisito. Si lo acepta, el Tribunal Constitucional quedaría renovado con una mayoría progresista que, con toda seguridad, nombrará a Cándido Conde Pumpido como presidente.

El PP, insisten las fuentes de Génova, no se opone a que los progresistas obtengan el control del Constitucional, pero sí a que éstos obtengan una mayoría desproporcionada, insólita en el tribunal de garantías.

Si se diera ese segundo paso, la renovación del CGPJ sería como coser y cantar, ya que al Gobierno lo que realmente le interesa es controlar el Constitucional justo cuando hay algunas decisiones muy importantes pendientes que tendrán trascendencia política.

Por tanto, se podría arreglar este asunto si cada uno pusiera un poco de su parte. Pero, por ahora, lo que hay tras la reunión de Moncloa es sólo fuego de artificio.