El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha recurrido en los tribunales la resolución por la que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le instaba a entregar una copia de la auditoría financiera a la oficina técnica de cooperación en Panamá, encargada tras descubrirse que un administrativo contable de dicho centro -llamado Omar Antonio Guevara Barrios y en busca y captura desde hace dos años y medio- había desfalcado más de cinco millones de dólares durante más de una década.

En un escrito fechado el pasado 6 de octubre, al que ha tenido acceso este diario, la Abogacía del Estado combate el dictamen con el que Transparencia desestimó a mediados de agosto el argumento invocado por Asuntos Exteriores para no proporcionar la información y le concedía un plazo de diez días hábiles para que facilitara el documento requerido. El procedimiento ha recaído en el Juzgado Central Contencioso-Administrativo 4, que ya ha reclamado una copia del expediente al departamento que dirige José Manuel Albares.

Mientras entra en el fondo del asunto y dicta sentencia, los servicios jurídicos del Estado han pedido que se decrete cautelarmente la suspensión ce la ejecución de la resolución, al entender que el cumplimiento inmediato haría perder "inexorablemente" la finalidad del recurso en caso de que finalmente se estimara. El juzgado ya ha dado traslado de dicha petición al CTBG para que, como parte demandada, exponga lo que considere procedente.

"La denegación de la medida cautelar que se solicita generaría el perjuicio irreparable del acceso prematuro a una información cuya divulgación podría ser declarada improcedente por una futura sentencia en cuanto al fondo", razona la Abogacía del Estado en su escrito. En su opinión, acceder a esta petición no provocaría "ninguna perturbación grave" a los intereses del solicitante, que a lo sumo sufriría el perjuicio -alega- de disponer con retraso de la información en caso de que el juzgado avale el criterio defendido por Transparencia.

'Agujero' de cinco millones de dólares

El 6 de octubre de 2021, la dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) -dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación- encargó a Rosse Mary Flores Quinteros que realizara una auditoría financiera a su oficina técnica de Panamá por 38.738,56 euros. El plazo de ejecución era de 90 días, por lo que debió terminarse a principios de 2022.

La adjudicación se producía año y medio después de que la División de Control y Mejora de la Gestión -adscrita a la Dirección General del Servicio Exterior- cifrara en 5.035.845,38 dólares estadounidenses el agujero provocado por su contable Omar Antonio Guevara Barrios, quien se fue apropiando de dichos fondos durante 13 años mediante la falsificación de la firma del coordinador general de la cooperación española en Panamá en decenas de talones con cargo a cuentas bancarias de la Aecid. Ese informe se puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas, que instruye un procedimiento por responsabilidad contable por alcance.

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Cuando este redactor solicitó a través del Portal de la Transparencia una copia de la auditoría financiera llevada a cabo por Flores Quintero, Asuntos Exteriores inadmitió la petición con el argumento de que concurría uno de los límites al derecho de acceso previstos en la ley. En su opinión, divulgar dicha información podría suponer un perjuicio para las investigaciones en marcha, sin mayor concreción.

Asuntos Exteriores ha alegado que no entrega la auditoría para no perjudicar las investigaciones que están en marcha

Ese argumento no encontró el respaldo del CTBG, que amparó la reclamación e instó al ministerio a proporcionar una copia del documento. Transparencia afeó a Asuntos Exteriores que hubiera hecho una "mera invocación" del citado límite "sin justificación alguna ni mayor esfuerzo argumentativo" en contra de lo establecido tanto en sus criterios interpretativos como por la jurisprudencia de los tribunales.

En este sentido, el CTBG no pasa por alto el hecho de que no se aportase "dato alguno" sobre la existencia de un procedimiento de investigación -instado en Panamá y con varios investigados ya a la espera de que se pueda detener a Guevara Barrios- ni se aclarase "en modo alguno" de qué forma se perjudicaría la persecución penal del delito si se daba a conocer el documento. Tampoco -añade- se llevó a cabo el juicio de ponderación que exige la ley.

En su resolución, Transparencia hacía ver que entender incluidos con carácter general en el citado límite cualquier documento administrativo relacionado directa o indirectamente con un procedimiento judicial "comportaría una interpretación extensiva del mismo", algo que choca con el criterio que vienen defendiendo tanto la autoridad independiente encargada de velar por la transparencia en las entidades públicas como los tribunales.

El balón está ahora en el tejado de la justicia, que debe decidir en primer lugar si suspende cautelarmente la ejecución de la resolución -como ha pedido la Abogacía del Estado- y en última instancia valorar si el ministerio de Albares colmó las exigencias previstas en la ley a la hora de invocar un límite de acceso al derecho de información.