El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha declarado este miércoles a raíz de una querella por un presunto delito de estafa a inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital realizada en 2012. La declaración de Ron ha durado algo más de una hora y no ha recibido preguntas por parte del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Durante su intervención, el expresidente ha explicado delante del juez que "el 2 de octubre de 2012, el Banco de España nos solicitó un plan de capitalización y lo aprobó, incluyendo la ampliación de capital, el 31 de octubre siguiente. El plan fue autorizado también por la Comisión Europea". Además, ha asegurado que también contó con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ángel Ron también ha declarado que de los 2.500 millones de la ampliación de capital, el propio Consejo de la entidad invirtió 520 millones de euros. El expresidente Ron ha destacado que los inversores que entraron en esa ampliación pudieron vender “con beneficios” hasta “bien entrado 2017''.

Esta situación llega después de que el juez admitiese el pasado mes de junio dos querellas contra esa ampliación de Banco Popular al considerar que pudieron incurrir en "omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener, incumpliendo los deberes de información establecidos en orden a garantizar la transparencia del mercado de valores".

Cabe precisar que los hechos en los que indaga Pedraz son distintos de los que se investigan en otro juzgado de la AN, el Central de Instrucción Número 4. En concreto, el juez José Luis Calama indaga en dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital de ese año, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

En una de las querellas admitidas, presentada por Miguel Ángel Pereira y en representación de otras 50 personas que perdieron su dinero como consecuencia de la citada ampliación de capital, se relata la situación financiera del banco en los años 2010, 2011 y 2012 y se enumeran los indicios por los que se entiende que se faltó a la verdad en la información dada para la ampliación de 2012.

Para Pedraz, eso exige analizar la situación financiera de la entidad antes de 2012 para clarificar si existen indicios de actuación delictiva por los querellados. Este primer escrito se dirige contra Ron, Higuera y contra el propio Banco Popular.