El PSOE, sumido en un cisma ideológico inédito desde las primarias de 2017, se ha visto obligado a mover ficha en la Ley Trans para calmar el fortísimo debate interno existente entre las feministas históricas y el colectivo LGTBI. La dirección del partido ha decidido finalmente no tocar la parte del proyecto relativa a la autodeterminación de género (es decir, el corazón del texto), pero sí ajustará un concepto que introdujo el Ministerio de Igualdad y con el que no está de acuerdo: la equiparación de las agresiones machistas con la “violencia intragénero” (o sea, la violencia que se produce en las parejas del mismo sexo).

Ferraz intenta escapar de una división cada vez más lacerante y que había llegado hasta el punto de que se habían presentado escritos cruzados de las feministas y del sector LGTBI ante la comisión federal de ética y garantías del partido. El recrudecimiento de la guerra se produjo esta semana, cuando Carla Antonelli, la primera parlamentaria trans de España, diputada durante diez años (2011-2021) en la Asamblea de Madrid, anunció su baja de militancia por la “decepción” con su partido tras retrasar la tramitación del proyecto de ley, al pedir por segunda vez la ampliación del plazo de presentación de enmiendas tras superarse el debate de totalidad. La ministra Irene Montero manifestó su “preocupación” por lo que entendía como “trabas” del PSOE a uno de los proyectos estrella de su departamento.

La cúpula subrayaba que no había ningún tipo de maniobra dilatoria, que lo que se perseguía era la búsqueda de una mayoría parlamentaria amplia y un debate sosegado. Pero la tensión interna había aumentado en las últimas horas y Ferraz por eso ha tomado ya la decisión. Según confirmaron fuentes de la dirección, no se enmendará la libre determinación de género. Esto es, que para el cambio registral de sexo bastará con la manifestación de la libre voluntad de la persona a través de una doble comparecencia en un plazo máximo de cuatro meses.

Esto implica asimismo que no se modificará tampoco la parte que afecta a los menores trans, muy contestada por las feministas del partido. Es decir, que a partir de los 16 años podrán cambiarse de sexo y de nombre como sucede con los mayores de edad, por sí mismos. Entre los 14 y los 16 años, lo tendrán que hacer con consentimiento paterno o de su representante legal y, de lo contrario, con el aval de un defensor judicial. Y entre 12 y 14 años, con autorización del juez.

Confirmación de Montero y Bolaños

Sin embargo, en el PSOE manifiestan sus “dudas sobre la equiparación de algunas violencias a la violencia de género”. Esto es lo que está recogido en el artículo 65 del proyecto de ley y que se incorporó como novedad en la segunda vuelta, el pasado junio, cuando Carmen Calvo, que había visado redacción en primera lectura un año atrás, ya no estaba en el Gobierno. Los socialistas consideran que la equiparación de la violencia en parejas del mismo sexo no puede equipararse a la violencia machista, estructural y que se ejerce sobre la mujer.

Queremos dar seguridad jurídica a la ley, que sabemos que acabará recurrida por el PP y sus socios de Vox en el TC", alegan en Ferraz

“Queremos dar seguridad jurídica a la ley, que sabemos que acabará recurrida por el PP y sus socios de la ultraderecha en el Tribunal Constitucional”, manifiestan en Ferraz. “El legislativo puede mejorar la ley y hacerla más robusta ante esos ataques de los que son verdaderos enemigos de los derechos de los colectivos”, remachan.

Que el proyecto de ley impulsado por Igualdad y remitido por el Consejo de Ministros iba a ser enmendado por el PSOE ya estaba claro desde hace semanas, pero este mismo jueves lo volvieron a confirmar los ministros de Hacienda y de la Presidencia, María Jesús Montero y Félix Bolaños, pesos pesados del partido y del Ejecutivo, en sendas declaraciones públicas.