Hacienda ha cambiado de opinión. Si bien hace unas semanas el nuevo impuesto a los ricos, o impuesto a las grandes fortunas, entraría en vigor en 2023 y no sería hasta la declaración de la renta de 2024 cuando empezaría a recaudarse, ahora han decidido adelantar los tiempos.

Desde el Ministerio de María Jesús Montero confirman a este medio que entrará en vigor este mismo año y se recaudará ya en 2023, frente a la versión defendida por las mismas fuentes desde el 29 de septiembre, día que se anunció y explicó la medida. Entonces, aseguraron que no se recaudaría hasta el 2024.

Fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) quien este martes hizo notar que en el Plan Presupuestario que el Gobierno envió hace unas semanas a Bruselas aparecía que este impuesto tendría efectos recaudatorios en 2023. "El plan presupuestario dice que la recaudación entra en 2023 y 2024 y para que exista esa recaudación tiene que aprobarse en 2022", afirmó el director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández-Huertas Moraga, en una rueda de prensa.

"Para que tenga recaudación en 2023, tiene que entrar en vigor antes", aclaró el experto. Hasta la fecha, el Gobierno había asegurado que empezaría a tener efectos recaudatorios en 2024, por el propio diseño del impuesto. Se trata de una figura nueva y desde el Ejecutivo apreciaban que no podría aprobarse antes, ya que planea sacarlo adelante como enmienda a la proposición de ley que tramita el Congreso para gravar los ingresos extraordinarios a energéticas y entidades financieras.

Lo que Hacienda ahora no aclara es qué patrimonio tendrá en cuenta la nueva figura: piden esperar a la letra pequeña, a que se apruebe la ley. Pero el impuesto sobre el patrimonio -al que vendrá a enmendar el llamado "impuesto de solidaridad para las grandes fortunas"- se aplica sobre los bienes que el contribuyente poseía el año correspondiente a la declaración de la renta que presenta. Es decir, que para la declaración de la renta de este 2022, que se presentará en primavera de 2023, tendrá en cuenta el patrimonio de 2022 -utilizará esa base imponible-.

El Gobierno prevé recaudar 3.000 millones en dos años

Con el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas el Gobierno pretende recaudar unos 3.000 millones de euros durante los dos años que prevé que esté vigente, aunque la AIReF estima que será algo menos -1.270 millones en 2023 y de 1.370 millones en 2024-. El impuesto permitirá deducir el impuesto de patrimonio que actualmente gestionan las comunidades autónomas.

Como novedad, tampoco está claro que vaya a tratarse de un impuesto temporal, aunque así se ha concebido a priori. Podemos está presionando para conseguir que sea permanente, algo que a priori rechaza el Ministerio -socialista- de Hacienda, y que previsiblemente dependerá del resultado de las próximas elecciones, en principio, en diciembre de 2023.

Sí parece más decidido que el nuevo impuesto gravará a contribuyentes con más de tres millones de euros -unos 23.000 según el Gobierno- bajo un tipo mínimo del 1,7%, que aumenta con la fortuna. Los que cuenten con entre 5 y 10 millones de patrimonio, pagarán un 2,1%, y los que posean más de 10 millones, un 3,5%. El objetivo de este tributo es "pedir un mayor esfuerzo a las grandes fortunas que se traduzca en beneficio para el interés general".

Además, en la práctica, sustituirá al impuesto sobre el patrimonio en aquellas comunidades autónomas donde este se haya bonificado al 100%. Afectará así sobre todo a Madrid y Andalucía, y esos contribuyentes solo tendrán estos dos meses para llevar a cabo posibles planificaciones. En el mismo sentido, no tendrá ningún efecto en Cataluña donde el impuesto de patrimonio ya tiene el efecto que busca este impuesto sobre las grandes fortunas, puesto que grava más que el impuesto sobre patrimonio de la ley original.

En el resto de comunidades, será deducible lo abonado por el actual impuesto sobre el patrimonio. Es por eso que los expertos califican este tributo como una armonización fiscal por la puerta de atrás, algo que los expertos designados por el Gobierno y que elaboraron a principios de este año el Libro blanco para la reforma fiscal recomendaban hacer. Por eso, Madrid y Andalucía han anunciado que llevarán la nueva figura a los tribunales.