"El Estado de Derecho Mediambiental funciona mal en España. No se cumplen las sentencias y las líneas rojas no funcionan. Nuestro país es una zona muy atractiva para la delincuencia medioambiental". Así de contundente se mostró este miércoles Faustino Gudín, juez representante del Foro de Jueces para el Medio Ambiente de la Unión Europea (EUFJE), durante la Jornada sobre el presente y el futuro de la abogacía ambiental en el Consejo General de la Abogacía Española.

Distintos expertos jurídicos abordaron las carencias de la Justicia española para perseguir los delitos medioambientales y hacer cumplir las normas internacionales sobre Medio Ambiente a las administraciones públicas.

Jesús Gálvez Pantoja, Jefe de la Unidad Central de Medio Ambiente (UCOMA) de la Jefatura del SEPRONA, destacó que la Guardia Civil presenta 120.000 denuncias al año por acciones contra el Medio Ambiente pero consideró que sería necesario simplificar, clarificar y homogeneizar la ley para que se abran investigaciones judiciales y concluyan con éxito.

Fianzas que imposibilitan acusaciones populares

Precisamente el juez Gudín se refirió también a la necesidad de que existan leyes claras que faciliten el trabajo de las organizaciones no gubernamentales denunciantes, a las que otorgó un papel "fundamental" en la denuncia de actuaciones públicas que atenten contra la Ecología y se mostró contrario a la imposición de fianzas muy altas para que puedan ejercer la acusación popular, lo que a veces les imposibilita continuar con su labor.

También se refirió a las medidas cautelares que obligan a pagar cantidades millonarias a los afectados por delitos medioambientales como una traba para que las sentencias se cumplan efectivamente. Consideró que la falta de formación específica de los jueces y magistrados en nuestro país dificulta el éxito de investigaciones y explica, en parte, que se dicten tan pocas sentencias contra las Administraciones Públicas por prevaricación.

Por su parte, el fiscal de Medio Ambiente de Teruel, Jorge Moradell, resaltó que, actualmente, los fiscales provinciales carecen de legitimación para dirigirse contra las administraciones por la vía contencioso-administrativa, otro factor más que dificulta la apertura de investigaciones por omisión del deber de garantizar el derecho a un medio ambiente sano para las generaciones actuales y las futuras.