El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que se sientan en el banquillo de los acusados por el caso ERE y para el que la Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión por malversación de caudales públicos, ha pedido al tribunal que posponga su declaración al sufrir una "disfonía incapacitante" de la que está en tratamiento y por la que los médicos le han recomendado que no haga esfuerzo vocal.
Al término de la sesión de este lunes, el abogado de Fernández, el letrado Alfonso Martínez del Hoyo, ha pedido la palabra para confirmar la disposición de su representado a prestar declarar y para solicitar un cambio de orden hasta que aquél haya ya mejorado. La defensa apoya su petición en un informe médico, que ya ha entregado ya tanto al tribunal como a las partes.
Según el turno previamente establecido, Antonio Fernández sería el segundo encausado en declarar tras Javier Guerrero, que ha empezado este lunes y continuará en la sesión del martes. El tribunal que preside el magistrado Juan Antonio Calle tendrá que resolver ahora si accede a la petición de este procesado, intervenido quirúrgicamente años atrás de un cáncer de garganta.
Viceconsejero de Empleo entre 2000 y 2004 y consejero de Empleo de 2004 a 2010, Antonio Fernández es uno de los encausados clave en la pieza en la que se dilucida la responsabilidad de los altos cargos en la ideación, diseño, organización, establecimiento y mantenimiento del procedimiento específico con el que la Administración andaluza repartió arbitrariamente más de 855 millones de euros para prejubilados y empresas en crisis entre los años 2000 y 2010.
En su condición de presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Fernández fue uno de los dos firmantes del convenio marco con el que se instauró el 17 de julio de 2001 el sistema bajo sospecha: era la Consejería de Empleo el que concedía las ayudas con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles pero encargaba la materialización del pago al extinto IFA o a su heredera la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) tras hacerle llegar los fondos mediante transferencias de financiación. La otra persona que puso su rúbrica a dicho documento fue José Antonio Viera, entonces consejero de Empleo.
Firmante del convenio clave
Se trata de un documento que ha tenido una importancia de máxima relevancia durante la instrucción, por cuanto tanto la juez que inició la instrucción como la Fiscalía Anticorrupción y otras acusaciones sitúan en el origen del presunto fraude que se investiga desde hace más de siete años.
El 24 de abril de 2012, Fernández se convirtió en el tercer imputado del caso ERE para el que Mercedes Alaya -la magistrada que abrió el caso en enero de 2011 cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla- dictó prisión incondicional, accediendo a la petición realizada en la vistilla de medidas cautelares la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que ejercen el PP y Manos Limpias. El ex alto cargo salió de prisión el 11 de agosto de 2012, después de que su familia y amigos reunieran los 450.000 euros de fianza que fijó la Audiencia de Sevilla.
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