Guerrero ratifica que la Junta eludió cambiar el sistema de los ERE en 2005

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Javier Guerrero ha ratificado este miércoles durante la novena sesión del juicio la declaración que en calidad de investigado prestó a petición propia a finales de 2015 ante la actual titular del juzgado que instruye el caso ERE, a la que desveló la existencia de una reunión celebrada 10 años antes en la que la viceconsejera de Hacienda y el interventor general avalaron la legalidad del procedimiento utilizado para el pago de las ayudas a prejubilados y a empresas en crisis. El sistema no se cambió hasta que estalló el escándalo de las prejubilaciones falsas de Mercasevilla.

La Sala ha terminado de visionar este miércoles la comparecencia de Guerrero -el alto cargo que gestionó el fondo de reptiles y uno de los principales imputados del caso- ante la magistrada María Núñez Bolaños el 21 de octubre de 2015, su sexta declaración judicial durante la instrucción de esta macrocausa y la primera ante la sucesora de la juez Mercedes Alaya. A continuación, el abogado de Guerrero le ha preguntado a su representado si se ratificaba o no en su contenido y éste ha dicho que sí con una sola matización: ha dicho que por error situó en la citada reunión a Antonio Lozano, director general de Presupuestos de la Junta, y ha reparado ahora en que no estuvo.

A diferencia de la estrategia seguida con sus declaraciones policiales (11 de marzo de 2011, 26 de enero y 21 de febrero de 2012) y la primera ante Alaya (del 7 al 9 de marzo de 2012), el ex director general de Trabajo y Seguridad Social se ha reafirmado en el contenido de lo que le dijo a la juez Núñez Bolaños y al fiscal Manuel Fernández Guerra en el otoño de 2015 cuando lo interrogaron durante más de hora y media.

A preguntas de su abogado, el ex alto cargo ha explicado este miércoles que no ha querido ratificar dichas declaraciones policiales y judiciales durante la fase de instrucción porque "había errores" y porque se habían "tergiversado" sus palabras.

Así, aseguró que él nunca utilizó la expresión "fondo de reptiles" para referirse a la partida presupuestaria 22.E o 31.L que aparece en su boca en el informe elaborado por el inspector de la Policía Rafael Salvador tras tomarle declaración como testigo el 21 de diciembre de 2010. "No ha salido de mi boca", ha declarado Guerrero, quien se ha quejado de que la utilización de esa frase ha proyectado la idea de que en la Consejería de Empleo tenía "fondos reservados". "Yo no podía hablar de un 'fondo de reptiles' cuando había una partida presupuestaria que se aprobaba» en los presupuestos de la Junta de Andalucía por el Parlamento, ha agregado.

Extracto del informe policial en el que Javier Guerrero describe la partida para los ERE como "fondo de reptiles para crisis".

Según contó entonces a preguntas del fiscal Anticorrupción, acompañó al entonces viceconsejero de Empleo -Agustín Barberá- a una reunión a la Consejería de Hacienda a la que habrían asistido la viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; el interventor general, Manuel Gómez Martínez, y el director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano (al que ha situado fuera este miércoles). Los cuatro se sientan en el banquillo de los acusados junto al ex director general de Trabajo y 17 ex altos cargos más, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El ex director general de Trabajo reveló la existencia de una reunión en la Consejería de Hacienda en 2005 tras las alertas de la Intervención

Esa reunión fue solicitada por Barberá y tuvo lugar en 2005, después de que la Intervención General de la Junta emitiera el 'Informe adicional al informe de auditoría de cumplimiento correspondiente a 2003' en el que advertía de que se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento legalmente establecido para la concesión de ayudas. A esa alerta otorgó una importancia capital el juez que terminó la instrucción de la pieza del caso ERE en la que se dilucida la legalidad del procedimiento específico, como expuso en el auto por el que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado.

En sede judicial, Javier Guerrero explicó que en aquel encuentro de trabajo se expuso el sistema que se estaba empleando y que Martínez Aguayo indicó que se siguiera "con el mismo procedimiento": la Consejería de Empleo otorgaba las ayudas y encargaba al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o su sucesora la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) la materialización del pago mediante transferencias de financiación. "Nos levantamos y nos fuimos", indicó Guerrero, quien aseguró que el interventor "estuvo también de acuerdo".

La decisión de continuar adelante con el sistema con el que la Junta de Andalucía había repartido ya varios centenares de millones de euros en ayudas a prejubilaciones y empresas en crisis se tomó cuando la Intervención ya había empezado a poner de manifiesto que se estaba haciendo un "uso inadecuado" de ese mecanismo presupuestario, dado que las transferencias de financiación sólo pueden servir para sufragar los gastos generales de las empresas públicas pero no para pagar subvenciones.

Guerrero reconoció ante la juez que el sistema utilizado era "discrecional" y defendió la inclusión de su suegra como falsa trabajadora en un ERE

El día que Guerrero desveló aquella reunión en la Consejería de Hacienda, Gómez Martínez aseguró desconocer la existencia de la misma. "En todo caso, si se produjo, yo no asistí", manifestó el interventor general, al que ni la Fiscalía, ni la juez, ni las acusaciones, ni otras defensas le preguntaron por este episodio cuando prestó declaración como imputado ante Núñez Bolaños el 4 de marzo de 2016.

Según expuso al principio de su comparecencia, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social acudió al juzgado el 21 de octubre de 2015 para "dejar claro de una vez cómo era el sistema de concesión de ayudas sociolaborales en Andalucía", que -subrayó- era "exactamente el mismo que marcaba la orden ministerial de abril del 95 con el que se daban las ayudas del Ministerio de Trabajo".

Javier Guerrero negó la existencia de "trama" alguna e insistió en que "había un mandato y un procedimiento" impuesto por sus superiores y al que se ciñó "siempre", en alusión al convenio marco firmado el 17 de julio de 2001 entre el consejero de Empleo (José Antonio Viera) y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA): Antonio Fernández. Éste se rubricó cuando él llevaba casi dos años al frente de la Dirección General de Trabajo, cargo al que accedió a finales de septiembre de 1999 y en el que se mantuvo hasta abril de 2008.

"Yo creí siempre que actuaba dentro de la legalidad. No entendería que la Administración le diera a un gestor suyo un procedimiento que no fuera legal para llevar a cabo su trabajo", justificó. En otro momento de la declaración, a preguntas del abogado del ex consejero Antonio Fernández, insistió: "Nunca tuve dudas de que era legal. No habría trabajado si hubiera visto que el procedimiento era ilegal".

Con todo, preguntado por la juez Núñez Bolaños si consideraba el sistema ajustado a Derecho, respondió: "Creo que es discrecional. Se podía regular de otra manera. Me pareció en su momento un sistema de trabajo como cualquier otro".

"Todo el mundo no era igual"

Para sorpresa de la instructora, Guerrero señaló que no había unos criterios previos de concesión de las ayudas porque "todo el mundo no era igual" y defendió la inclusión de su suegra como beneficiaria de una póliza de prejubilación asociada a una empresa en la que nunca trabajó. "Tenía el mismo derecho que los 6.300 restantes porque se quedó sin trabajo. No le iba a negar lo que no le negué a nadie que tenía derecho", mantuvo.

Reconoció que no había ningún tipo de inspección y que no se controlaba si, una vez que los trabajadores recibían la ayuda, éstos volvían a trabajar. "A 6.300 personas [beneficiarias de prejubilaciones] era muy difícil que yo las controlara", trató de justificar.

El alto cargo llamó la atención sobre el hecho de que en el periodo en el que se dieron las ayudas se registraron numerosos procesos de reestructuración en Andalucía, lo que exigía una respuesta de la Administración autonómica. "Intentamos ayudar a todo el que vino pidiendo ayuda y lo hicimos de la mejor manera que supimos", agregó Guerrero, que no obstante reconoció que no le gustaron los "derroteros" que andando el tiempo tomaron "ciertas entidades con las ayudas públicas".

Pagos de otras consejerías

El ex director general de Trabajo terminó reconociendo que las ayudas de fondo de reptiles sirvieron en algunos casos para pagar créditos o deudas cuyo abono correspondía a las empresas y que en una ocasión se sufragó un gasto que correspondía a otra consejería: una 'ayuda a empresa' por importe de 915.091 euros al Servicio de Emergencia Sanitarias 112. Fue por un "compromiso" del consejero de Empleo, observó.

Sea como fuere, aseguró que nunca denegaron una solicitud de ayuda desde la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y rechazó que se hubiera lucrado o hubiera ayudado a lucrarse a terceros. "He vivido de mi sueldo. No me he llevado un duro".

Guerrero, "un hombre tímido"

El ex director general de Trabajo sostuvo que todos los expedientes de ayudas estaban completos cuando él estaba en la Consejería de Empleo y dio por hecho que algunos habían sido "expurgados" a raíz de que estallara el escándalo. "Mis expedientes estaban impolutos", insistió.

En aquella comparecencia, en la que se negó a responder las preguntas de las acusaciones y sólo contestó a las defensas, Javier Guerrero rechazó que tuviera responsabilidad en las sobrecomisiones sufragadas por la Junta de Andalucía por la formalización de pólizas de prejubilaciones y dijo que eran los políticos los que salían ante la prensa a "vender su gestión" porque él "era un hombre muy tímido".