Viera, sobre el sistema de los ERE: era para dar "agilidad" a las crisis laborales

José Antonio Viera ha defendido este miércoles que el sistema para la concesión y pago de prejubilaciones y ayudas en crisis implantado durante su etapa como consejero andaluz de Empleo buscaba "agilidad y rapidez" a la hora de dar respuesta a las numerosas crisis laborales que sufría la comunidad en aquellos años y cuya resolución era una prioridad que le transmitió el presidente Chaves cuando le confió el cargo. "Había que resolver el drama personal de trabajadores que se quedaban sin nada", ha mantenido.

Titular de Empleo entre 2000 y 2004, Viera es el segundo de los 22 procesados que declara en el juicio en el que se dilucida la responsabilidad de los altos cargos en la ideación, diseño, puesta en marcha y mantenimiento del procedimiento específico mediante el que la Junta de Andalucía comprometió ayudas por más de 855 millones de euros entre 2000 y 2010. Es la primera pieza del caso ERE que se enjuicia.

José Antonio Viera ha tratado de hacer ver al tribunal que él no estaba en el día a día de la Consejería de Empleo

Durante su minucioso interrogatorio, el fiscal Anticorrupción se ha interesado por la firma del convenio marco del 17 de julio de 2001 que Viera rubricó como consejero de Empleo junto a Antonio Fernández junto al presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y que la tesis acusatoria sitúa como origen del fraude. En virtud de dicho convenio, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social -dependiente de la Consejería de Empleo- era el organismo que otorgaba la ayuda pero era el IFA quien actuaba como 'caja pagadora' materializando el abono mediante transferencias de financiación.

El encausado ha explicado que al comienzo de su etapa dio la indicación a su viceconsejero, Antonio Fernández, de que había que buscar una "fórmula legal, ágil y rápida" para responder a la situación de crisis que sufrían muchas empresas que empleaban a centenares de trabajadores. José Antonio Viera ha dicho que firmó dicho convenio marco "con apariencia absoluta de legalidad" y que le dio el visto bueno cuando el documento había completado todo el "circuito" administrativo: la Dirección General de Trabajo, la Secretaría General de Empleo, la Secretaría General Técnica y la Viceconsejería. "Antonio Fernández trae el convenio a mi despacho y me dice cómo va a funcionar", ha agregado.

Ésta es la tónica que Viera ha mantenido durante todo el interrogatorio: que firmaba lo que los servicios técnicos y su equipo directivo habían validado previamente, lo que le llevaba a pensar que contaba con todos los parabienes legales. "No se me pasa por la cabeza que un dirigente del Gobierno trate de vulnerar la legalidad ni el papel del interventor", ha mantenido en otro momento del interrogatorio. "En la Consejería no estábamos por eludir los controles de la Intervención y cometer fraude. Tengo larga vida en política", ha indicado.

Preguntado sobre si leyó algún informe jurídico sobre la legalidad del convenio marco antes de rubricarlo, el ex alto cargo ha explicado que de la Consejería de Empleo dependían 18 centros directivos que producen una "ingente cantidad de procedimientos administrativos". "Cuando me llega el documento estoy plenamente convencido de que ha pasado todos los trámites que le correspondían", ha respondido.

También ha negado que tuviera conocimiento previo de las ayudas que concedía su subordinado y ahora bajo sospecha

La firma de dicho convenio marco del 17 de julio de 2001 se produjo meses después de que el interventor delegado de la Consejería de Empleo había puesto reparos al pago de uno de los plazos de la póliza de prejubilación a los ex trabajadores de la cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina por importe de 159 millones de pesetas. A este respecto, Viera ha reconocido que fue informado de dicho reparo por el viceconsejero y que se elaboró un escrito de discrepancia que motivó que la Intervención General terminara reconociendo la "competencia" de la Consejería de Empleo y de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para conceder las ayudas y levantara el reproche. "Entendí que estábamos haciendo las cosas dentro de la legalidad", ha insistido.

El ex titular andaluz de Empleo imagina que el viceconsejero le informó de que se había elevado a la reunión semanal de Viceconsejeros -conocida como consejillos- el borrador de orden para regular la concesión de ayudas sociolaborales y que le diría que no había pasado el filtro. Ese documento fue analizado al menos en tres sesiones y nunca se aprobó, firmándose por el contrario el citado convenio marco.

"Miles de expedientes administrativas"

José Antonio Viera ha tratado de hacer ver al tribunal que él no estaba en el día a día de la Consejería, ya que de ésta integraban 18 centros directivos que generaban "miles de expedientes administrativos".

También ha negado que tuviera conocimiento previo de las ayudas que concedía su subordinado el director general de Trabajo y Seguridad Social a prejubilados y empresas en crisis hasta que éstas se sometían a ratificación en el consejo rector del IFA, si bien ha admitido que al menos una vez instó a aquél a que atendiera la petición que empresarios de la Sierra Norte de Sevilla le habían planteado en una reunión acerca de la construcción de un matadero en la localidad de El Pedroso para que el valor añadido de la elaboración de productos derivados del cerdo ibérico se quedara en esta comarca.

Dicho proyecto fue liderado por los ex alcaldes socialistas de El Pedroso José Enrique Rosendo y José María Sayago, al frente de un conglomerado empresarial que recibió gran parte de las ayudas directas a empresas concedidas durante la etapa de Viera como consejero de Empleo y en la que trabajó una hija de éste.

El ex alto cargo reconoce haberse interesado por las ayudas a dos empresas en una sede del PSOE cuando ya no estaba en la Consejería

El ex consejero ha reconocido haberse reunido con el ex director general de Trabajo Juan Márquez en una sede del PSOE para pedir información sobre dos expedientes relativos a ayudas a una empresa del sector del corcho y un hotel de la Sierra Norte y que su conocimiento sobre Rosendo y Sayago, más allá de lo que ha puesto de manifiesto la instrucción de la causa, es "cero". "Jamás me he reunido con ellos para discutir nada sobre su holding de empresas", ha afirmado.

Preguntado por el fraccionamiento de ayudas, como en el caso de las ayudas a la empresa sevillana Pickman, Viera considera que si ello era así obedecía a una "mecánica" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y que él estaba "convencido de su legalidad". "No tenía que tener sospechas", ha dicho.

El fiscal también le ha preguntado por la afirmación realizada por Javier Guerrero ante la juez Núñez Bolaños acerca de que en alguna ocasión tuvo que hacer frente a compromisos asumidos por el consejero y que no le correspondían a su departamento, como la ayuda de más de 900.000 euros otorgada al Servicio de Emergencias Sanitarias. El ex titular de Empleo ha indicado que el convenio firmado con la Consejería de Gobernación en diciembre de 2002 detallaba que los directores generales de ambos departamentos "desarrollarían" el acuerdo. "Cuando firma ese convenio, sin duda alguna, ha pasado todos los trámites correspondientes", ha subrayado.

Chaves "no conocía los instrumentos

En cuanto a las cuantiosas ayudas a Santana Motor y si se abordaba la situación de esta empresa pública en los Consejos de Gobierno de la Junta, Viera ha señalado que sólo informaba de conflictos concretos y que el presidente de la Junta Manuel Chaves "no tenía conocimiento sobre los instrumentos que se vehiculaban para la reorganización de Santana". "Conocía el problema, pero no los instrumentos", ha añadido.

A preguntas de su abogado, ha señalado que no conocía que las ayudas del Gobierno al amparo de la Orden ministerial de 1995 se dieran sin concurrencia y publicidad, hasta que no ha tenido constancia de las declaraciones de ex altos cargos del Ministerio de Empleo o de informes remitidos por el director general de Empleo, Javier Thibault, a la juez Núñez Bolaños sobre las ayudas extraordinarias concedidas a trabajadores entre 1995 y 2012 a nivel estatal, que ascienden a más 1.000, afectando a más de 23.000 trabajadores y para las que se destinaron 416 millones.