La falta de un acuerdo parlamentario que sirva para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no supone automáticamente la convocatoria de elecciones y el fin de la legislatura. De hecho, los planes del Ejecutivo son muy diferentes y permitirían llegar al año que viene con las cuentas prorrogadas del pasado ejercicio. Así lo ha aclarado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este miércoles en conversación informal con los periodistas en el Congreso de los Diputados.
Montoro ha explicado que la Constitución permite mantener la prórroga presupuestaria sin límite temporal. En ese caso, la actualización de las cuentas se realizaría a través de la aprobación de leyes que el Gobierno propondría a través de reales decretos. "No es lo deseable, pero es posible", ha puntualizado el ministro.
Esta fórmula parlamentaria permitiría aprobar 'a trozos' las novedades fundamentales de las cuentas para 2018, como serían las ofertas públicas de empleo, el reparto de 4.230 millones de euros a las comunidades autónomas, las mejoras salariales previstas para los funcionarios o la equiparación salarial de los cuerpos policiales. Para facilitar que los grupos políticos aprueben esos reales decretos, especialmente en materia laboral, el Gobierno ya ha empezado a trabajar con los sindicatos, con los que pretende pactar todas las medidas.
Montoro ha lamentado que los partidos políticos se nieguen a aprobar los PGE por "apriorismos ideológicos" y luego voten a favor de esas medidas porque son positivas para las comunidades, los ayuntamientos y los ciudadanos.
En ese sentido, ha avanzado que su partido, el PP, presentará próximamente una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que se debatirá con el resto de grupos parlamentarios mientras el Gobierno negocia con las comunidades autónomas.
Por su parte, el grupo de Ciudadanos, aliado parlamentario del Gobierno, sigue exigiendo la dimisión de la senadora del PP implicada en la trama Púnica Pilar Barreiro como condición a su apoyo a los Presupuestos de 2018.
La prórroga presupuestaria no impediría que el techo de gasto de 2019, que actualiza los objetivos de déficit de las administraciones públicas y la financiación autonómica para ese año pueda ser ratificado en el Congreso a finales de junio o principios de julio.
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