Establecer un límite en al precio de los alquileres puede tener múltiples efectos colaterales. Uno de ellos es que los propietarios de viviendas en las denominadas zonas tensionadas decidan dejar el alquiler residencial y se pasen al formato vacacional, que ofrece una rentabilidad mayor.

"El establecimiento en el mismo de límites máximos en los precios del alquiler tradicional de los barrios más tensionados de las ciudades (que son dónde se localiza un mayor volumen de Viviendas de Uso Turístico), puede paradójicamente incrementar sustancialmente el diferencial de rentabilidad en favor del alquiler turístico y, en consecuencia, generar una mayor salida del stock de vivienda dedicado a la residencia permanente de habitantes en esos barrios", advierten desde la patronal turística Exceltur.

La asociación que encabeza el CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, ha elaborado un extenso informe sobre la evolución de este tipo de viviendas y los efectos sobre los barrios donde más abundan. Entre otras cosas, reclaman una normativa a nivel estatal a través de un real decreto que de cobertura jurídica para aplicar de manera efectiva las normas autonómicas que han tratado de regular este fenómeno.

El alquiler de larga estancia ofrece, según los responsables de la organización, una rentabilidad mucho menor frente al alquiler vacacional. Según explicó este martes el director de Estudios de la patronal, Óscar Perelli, con una vivienda de 80 metros cuadrados, el propietario medio en las principales 20 ciudades es capaz de obtener casi 20.000 euros si lo dedica al alquiler vacacional, frente a los poco más de 10.000 que logra si lo alquila a un residente fijo. Todo siempre que cumpla con sus obligaciones tributarias.

Desde el fin de las restricciones por la pandemia, la patronal asegura que se está produciendo una rápida vuelta del alquiler turístico a los niveles prepandémicos. En el tercer trimestre de 2022 se produjo un aumento del 33,8% de plazas en VUT en las principales ciudades españolas con respecto al mismo período de 2021. En tan sólo tres trimestres, la oferta de VUT se ha incrementado en 73.894 plazas, con grandes capitales a la cabeza como Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.

Prórroga del 2%

Para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha pactado con la formación EH Bildu la prórroga del límite del 2% para los alquileres vigentes a los que toca renovación. La actualización de la renta no puede pasar de ese umbral, salvo acuerdo entre las partes. La medida está en vigor desde el pasado mes de abril.

"El Gobierno alarga una medida intervencionista en el mercado del alquiler que ha sumado la generación de incertidumbre y que tiene como consecuencia la reducción de la oferta", dice el director de Estudios del portal inmobiliario Pisos.com. "Antes las actualizaciones de precios se situaban en cifras muy moderadas y razonables. El propietario prefiere mantener un buen pagador, que le cuide su activo que arriesgarse a perderlo por un incremento superior", ha añadido.

El límite del 2% en la renovación anual de los contratos de alquiler ya ha supuesto una pérdida para los propietarios de unos 1.400 millones de euros, según un estudio del portal Idealista. "El Gobierno vuelve a dejar sobre los hombros de los propietarios la subida de la inflación y no les ofrece ninguna compensación a cambio, como ya sucede en Portugal por ejemplo", dice Francisco Iñareta, portavoz de la plataforma.

Además, añade que "no modificar nada sustancial en esta medida tendrá como consecuencia un agravamiento del problema de falta de oferta que sufre el mercado español" y considera que la medida "resultará beneficiosa para todas las familias que ya viven de alquiler, pero tendrá consecuencias nefasta para aquellas otras que lo buscan o buscarán en los próximos meses".

Desde la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), creen que "la prórroga de esta limitación sitúa al mercado en una situación crítica, que desincentiva la inversión en alquiler, y que desviará la oferta al sector de la venta, agravando el problema del acceso a la vivienda, más aún en un contexto de endurecimiento de los tipos hipotecarios, lo que perjudica a los colectivos sociales más vulnerables".