Podemos se gastó al menos 50.000 euros en despedir a errejonistas tras Vistalegre II

El resultado de Vistalegre II, el segundo congreso estatal de Podemos del que hace ahora un año, no sólo ha dejado cambios en la fotografía general del partido: también ha pasado factura en su cuenta de gastos. La formación de Pablo Iglesias desembolsó al menos 50.000 euros para el despido y la sustitución de un treintena de trabajadores que apoyaron las tesis de Iñigo Errejón en primarias y que salieron forzosamente de la organización tras la victoria de Iglesias.

Los despidos se realizaron en dos tandas; la primera de ellas tuvo lugar sólo unos días después de la Asamblea General de Vistalegre II: el 20 de febrero de 2017 se hicieron efectivas las primeras cartas de despido. La segunda fue a mediados de marzo. El envío de burofaxes, redacción de cartas de despido, indemnizaciones e incluso una empresa de recursos humanos para renovar el personal son algunos de las partidas que el partido emitió tras su congreso.

La web de Transparencia de Podemos da testimonio a grandes rasgos de los pagos destinados a reestructurar el partido, ahora controlado totalmente por afines al secretario general, a excepción de 18 errejonistas que se salvaron de la purga. Errejón controlaba hasta hace un año gran parte del aparato del partido y tras Vistalegre II se enfrentó a la pérdida completa de poder orgánico. Las purgas no obtuvo respuesta alguna por parte de Errejón, que acordó con Iglesias ser el candidato de Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid a cambio de pacificar el partido y evitar las discrepancias.

Así, la masa errejonista fue expulsada de Podemos sin que le fuera permitida réplica alguna. Los despidos, además, tenían una cláusula de silencio: en caso de que los implicados revelaran su despido, los purgados se enfrentarían a una multa y se enfrentaban a la amenaza de más salidas: los compañeros de filas que también habían apoyado a Errejón y qeu se mantenían contratados podían perder su relación laboral con el partido si los despidos salían a la luz.

La primera imagen de aquel nuevo Podemos tras Vistalegre II fue la del Congreso de los Diputados: Iñigo Errejón era enviado a la tercera fila del hemiciclo y sustituido en el escaño y en la Portavocía parlamentaria por Irene Montero. Detrás de esa fotografía se dejaba entrever la caída de toda una corriente: el errejonismo -el movimiento que obtuvo un 33% de los votos en Vistalegre II- tenía decretada su defunción. No era el único.

Carolina Bescansa, una de las tres firmantes del acta fundacional de Podemos junto a Iglesias y a Juan Carlos Monedero, fue despojada tras el Congreso de la Secretaría General del grupo parlamentario que ostentaba hasta entonces. La que había ejercido la representación legal del partido desde sus inicios también dejó de serlo tras esta asamblea. El 19 de febrero, sólo una semana después de Vistalegre, la nueva ejecutiva controlada por Iglesias aprobó su sustitución por el secretario de Organización, Pablo Echenique. Bescansa sería meses después purgada de los últimos puestos de responsabilidad que tenía tras sus críticas a la fallida estrategia catalana del partido. Tras ser apartada de la Comisión Constitucional del Congreso, Montero también pasó a sustituirla.

Indemnizaciones e incógnitas

El nuevo Podemos salido de la asamblea estatal gastó casi 35.000 euros sólo en indemnizaciones a los despedidos por motivos ideológicos, y aunque sus puestos de trabajo no tuvieran carácter estrictamente político. Miembros del equipo de informática, redes sociales, prensa o producción audiovisual fueron destituidos junto a todos los componentes de la Secretaría Política, que estaba ostentada por Errejón y que fue eliminada tras la batalla fraticida. El equipo de argumentario, una de las áreas más sensibles encargada de elaborar el discurso de Podemos, pasó tras Vistalegre a depender directamente de la Secretaría General. Todo el equipo de discurso del primer Podemos fue desalojado de sus funciones.

Las indemnizaciones correspondientes a los despidos se distribuyeron en dos partidas distintas, según consta en la página web, donde aparecen los dos pagos correspondientes a las dos remesas de despidos. El primero de ellos, bajo el concepto "indemnización nóminas" y fechada el 31 de marzo, es del importe de 23.057,19 euros. El segundo, con el mismo concepto y emitido el 30 de abril, era de 10.361 euros. Un total de 33.418,91 euros en la treintena de salidas.

Según publicó en su día el periódico económico Expansión, los despedidos en esta segunda tanda fueron indemnizados con 32 días por año trabajado y un plus de 12 adicionales. Un total que ni siquiera alcanza a los 45 días por año trabajado que contemplaba para los despidos improcedentes la reforma laboral planteada por el PSOE. Una reforma laboral a la que Podemos se opuso frontalmente.

A eso hay que añadir el pago a los abogados, el envío de burofax de notificación de despido, los costes de los pleitos judiciales y de actos de conciliación...o la factura de la empresa de recursos humanos que contrató Podemos para cubrir las vacantes que quedaron tras los despidos. Sin embargo, no todos los gastos constan en la página web. Figuran, por ejemplo, hasta seis partidas con el concepto de "Comisión transferencia pago finiquito y liquidación de nómina", seguido del nombre de los implicados.

Aunque la comisión por los gastos bancarios -por el importe de entre 0,10 y 0,40€- sí están reflejadas en la web, no hay rastro del dinero que el partido gastó en las partidas de finiquito y liquidación de nóminas. Lo mismo ocurre con las indemnizaciones por despido objetivo, despido improcedente o por conciliación: los céntimos que se corresponden con las comisiones bancarias de las transferencias figuran en la web, pero no especifica el importe destinado a cada uno de ellos.

La masa salarial de Podemos a nivel estatal también deja constancia de las salidas: si en febrero eran de 203.109 euros, en abril esta cifra cayó hasta los 165.446 euros, cerca de 40.000 euros menos en nóminas. En marzo, la partida estatal de nóminas en marzo fue de 225.713. Aunque la formación ha rechazado dar cualquier explicación al respecto a consultas de este medio, este pico puede deberse a dos razones: la primera, que los finiquitos y las liquidaciones de los contratos se incluyeran en la última nómina de los despedidos, o que los nuevos trabajadores contratados para suplir a los salientes se incorporaran el mismo marzo.

Una empresa de RRHH para suplir a los purgados

Podemos destinó también 13.000 euros -sin impuestos- en contratar a una empresa de recursos humanos para que reclutara a los nuevos trabajadores en sustitución de los purgados. En la web de la formación, y bajo el concepto "Servicios Profesionales Independientes. Servicios Rrhh", el partido detalla los seis pagos realizados a la compañía, de la que no se especifica el nombre por no constar factura alguna. Esta empresa tenía por objetivo suplir a los trabajadores expulsados y lograr la renovación total del personal. Esa relación laboral se extendería en los siguientes cuatro meses, hasta lograr la restitución de equipos.

Podemos contrató a la empresa de recursos humanos diez días antes de la asamblea de Vistalegre II

Sí viene la fecha en que iniciaron su relación laboral: el partido de Iglesias contrató por primera vez a una compañía de este tipo el 1 de febrero de 2017, apenas unos días antes del congreso de Vistalegre II. Este primer importe, de 500 euros, contrasta con las siguientes partidas de 2.500 euros el 2 de marzo, el 3 de abril, el 28 de abril, y los 5.000 euros que pagaron entre mayo y junio. Ese mes, la masa salarial igualó la anterior a Vistalegre II y es también el último mes del Podemos ha publicado sus cuentas.

Entre los servicios profesionales contratados, también está el despacho Éfeso Abogados, a quienes encargaron la redacción de las cartas de despido "con fecha de efectos 20-2-2017 [aquí en PDF]". En una factura con fecha de 4 de abril, el despacho tasa en 400€ la redacción de estas cartas y en 300€ el "asesoramiento, negociación y redacción de acuerdo en conciliación judicial", apunta, "en procedimiento de despido". Los envíos de los burofax y de más de una treintena de cartas certificadas también vienen reflejados en la página web.

A esto se suman las tasas facturadas por los abogados de Podemos, distribuidas en varios pagos menores y difíciles de rastrear. Los abogados del partido emitieron estas facturas por cada acto de conciliación con trabajadores ante el tribunal de arbitraje y conciliación de Madrid. En una de ellas, que se corresponde con el "estudio, preparación y resolución de 3 expedientes de conciliación" por un valor de 286,2 euros, especifica que los trabajos son "por encargo del Responsable de RRHH Estatal de Podemos", Pablo Fernández Alarcón.

Fernández Alarcón es uno de los hombres más poderosos del partido pese a ser puesto por los inscritos en el número 39 en Vistalegre II. El responsable del área de Recursos Humanos, o responsable del área de Cuidados según el nombre oficial de Podemos, fue el encargado de elegir a los despedidos, de procurar que las salidas no se hicieran públicas y de negociar los nombres de los 18 que finalmente se mantuvieron en sus puestos. Fernández Alarcón fue el ejecutor de lo que algunos consideraron un ERE encubierto. En su biografía del partido, el dirigente se define como "profesional del derecho y de los RRHH" y se describe entre otras cosas como "despedido en un ERE".

Además de ser el responsable de RRHH, Fernández Alarcón acumula múltiples responsabilidades internas: es el responsable de Gerencia de Podemos, el responsable de Coordinación con las Alianzas y Unidad Popular -un área de especial importancia dada la intención de Podemos a construir candidaturas de unidad popular- y es uno de los responsables del área Anticorrupción, Regeneración Democrática y Administración Pública, dependiente de la Secretaría de Acción Institucional.