Antes de que saltaran por enésima vez las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ, Moncloa se comprometió a asumir algunas de las propuestas del primer partido de la oposición, fundamentalmente aquellas referidas a la despolitización de la Justicia. Por eso el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, pidió al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que le adelantara el nombre de los dos magistrados en los que estaban pensando para el Tribunal Constitucional y, a pesar de la insistencia, "nos los negó", aseguran fuentes de la dirección del PP.

Tras elegir para el tribunal de garantías al ex ministro de Justicia y ex diputado del PSOE Juan Carlos Campo, y a una ex directora general del Ministerio de la Presidencia y catedrática de Derecho Constitucional, Laura Díez Bueso, al PP no le extraña que Bolaños mantuviera silencio. Gobierno y populares habían acercado posturas para acabar con “las puertas giratorias” -esto es, evitar saltos de la política a la justicia con ida y vuelta sin tiempo de carencia entre una cosa y otra- lo que suponía evitar nombramientos para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de aquellos que hubieran desempeñado algún cargo en la política durante los cinco años previos.

Pactaron el fin de las "puertas giratorias" y tiempos de carencia de cinco años para el CGPJ

No es el caso, desde luego del ex ministro Campo, al que cesó sorpresivamente Pedro Sánchez en la profunda crisis de Gobierno acometida en julio del año pasado como ministro de Justicia. Los indultos a los condenados por sedición y malversación de fondos públicos en el juicio del procés fueron el colofón de su paso por el edificio de la calle San Bernardo de Madrid. Otro tanto puede decirse de Díez Bueso, que hasta abril ocupó la dirección general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, en Moncloa.

Precisamente, en el entorno del ministro insisten en que el Tribunal Constitucional nunca fue objeto de negociación con el PP. Es cierto que se trata de un nombramiento exclusivamente gubernamental, pero no menos cierto que choca de pleno con un supuesto compromiso destinado a despolitizar la justicia. "No afectaba al TC", insisten en Moncloa, pero "si echan de menos el acuerdo, si no les tiemblan las piernas, lo firmamos esta misma tarde», retan al PP.

En Génova destacan de Campo y Díez un currículo "lleno de inconstitucionalidades". Aluden a la autoría de los dos estados de alarma en plena pandemia, rechazados por el TC, y al Real Decreto Ley "que llevó a Pablo Iglesias al CNI". También recuerdan, en estos tiempos convulsos por las rebajas de condena y excarcelaciones a delincuentes sexuales, que Campo "es el autor del catálogo de penas de la ley de sí es sí" en su calidad de ministro de Justicia y, por tanto, proponente con la titular de Igualdad, Irene Montero.

Feijóo pondrá en conocimiento de la UE la propuesta de Campo para el TC

Pero el PP quiere ir más allá de las críticas. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este miércoles su intención de "poner en conocimiento de las autoridades e instituciones europeas, la politización de la justicia y de los órganos del Estado en nuestro país". Y por si había alguna duda, ha subrayado, "vamos a acreditar el por qué no fue posible avanzar en la independencia judicial y la despolitización de la justicia en el CGPJ".

Con la propuesta de Campo y Díez Bueso "el Gobierno ha profundizado en politizar la justicia y lo ha elevado a la máxima potencia. ¿Cómo es posible que el ministro que lleva a Consejo de Ministros el indulto de los sediciosos pueda formar parte de un tribunal que va a valorar los recursos de inconstitucionalidad sobre las cuestiones que afectan a la sedición?", se ha preguntado el líder del PP. En definitiva, esto es, a su juicio, "incompatible con las democracias occidentales y las propuestas del comisario de Justicia Europeo".

No sería la primera vez que la Comisión Europea pone los ojos en el estado de la Justicia española. Varias veces ha instado a PSOE y PP a desbloquear la renovación del CGPJ y, a renglón seguido, abordar cambios en el sistema de elección de sus miembros. Desde Moncloa siempre han apuntado a la voluntariedad de las "recomendaciones" europeas, que, por otra parte, aducen "no cumple nadie" y así se lo manifestó Bolaños al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, cuando visitó España el pasado mes de septiembre.

Cree Feijóo que todo responde a una amplia estrategia destinada a controlar las instituciones del Estado, desde la Fiscalía General, al Tribunal Constitucional, el CNI y el CGPJ. "Creo que la mayoría de los españoles están descubriendo por qué no fue posible hacer un acuerdo para el Consejo. Y no fue posible porque el Gobierno nunca renunció a politizar la justicia y diseñar un Código Penal escrito por políticos condenados por el Tribunal Supremo. Esto es un problema obsesivo del control por el control del presidente Sánchez", ha sentenciado.