El próximo Plan de Vivienda 2018-2021 facilitará a las comunidades autónomas el alquiler a personas que hayan sufrido el desahucio de su vivienda habitual en pisos propiedad de bancos u otros propietarios que se encuentren vacíos. Se trata de un anuncio que ha realizado este miércoles 21 de febrero el ministro de Fomento Íñigo de la Serna en el Congreso, durante la interpelación dirigida por el diputado de Podemos Rafa Mayoral durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso.

Según ha dicho de la Serna, el plan permitirá que estas viviendas se pongan "a disposición de las comunidades autónomas" y así estas administraciones puedan disponer de ellas para un alquiler social. El ministro ha dicho que espera aprobar el próximo plan en la primera quincena de marco. El debate ha sido bronco y ha habido un duro rifirrafe entre de la Serna y Mayoral, pero la medida del Gobierno de Rajoy en un guiño a la formación morada.

Rebajar los alquileres

El titular de Fomento ha asegurado que el próximo Plan de Vivienda será "ambicioso" y espera que con él se favorezca que comunidades autónomas y grandes ayuntamientos "empiecen a cambiar un poco la política dirigida a favorecer un aumento de la oferta que conseguía disminuir el precio del alquiler".

"Es el asunto fundamental en el que se puede conseguir un resultado satisfactorio en cuanto a la regulación de los precios de alquiler en nuestro país", ha apostillado, reconociendo que, aunque existe una "cultura del alquiler superior en otros países", las políticas adoptadas por el Gobierno han conseguido incrementarla "sustancialmente". De la Serna ha dicho también que su objetivo es presentar próximamente en el Consejo sectorial el plan y su reparto de fondos para que las comunidades autónomas puedan proceder a firmar los convenios correspondientes y ha defendido que "más de la mitad" de observaciones realizadas por estas administraciones se han incorporado al plan. Varias de ellas, ha dicho, referidas a colectivos más vulnerables.

"No se ha leído el dictamen"

El ministro ha realizado estas valoraciones, consecuencia de la interpelación dirigida por el portavoz de Vivienda de Unidos Podemos, Rafa Mayoral, que ha criticado al Gobierno por no hacer nada a pesar del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a la vivienda.

"Me da la sensación de que no se ha leído el dictamen", ha lamentado el diputado de Podemos. Mayoral ha señalado que la primera de las recomendaciones pasa por la adopción de medidas legislativas o administrativas "para garantizar que las personas demandadas puedan oponerse o presentar un recurso".

Guindos, "representante de los bancos"

"Más claro, el agua: la ley española no cumple la norma internacional. Esto es lo que tiene. Estamos fuera de la legalidad internacional", ha dicho Mayoral, que ha calificado como de "vergüenza" que el Gobierno respondiera a ese dictamen hablando de los existentes mecanismos de protección a los deudores hipotecarios "cuando le preguntan por desalojos forzosos sin alternativa habitacional". En este sentido, ha criticado que su enmienda a la totalidad al proyecto de reforma de crédito hipotecario del Gobierno no obtuviera apoyo en el Congreso y la mayoría de la Cámara optara por que fuera la norma de Guindos, "el representante de los bancos", ha dicho, la que prosperara.

"No eran las propuestas de Unidos Podemos. Eran las que vienen proponiendo los organismos internacionales. Algo fácil de entender: los desalojos sin alternativa habitacional son ilegales. Algo básico para entender y articular un sistema democrático", ha dicho.

Por su parte, De la Serna ha señalado que aunque los datos de lanzamientos de viviendas "aún es preocupante", ha destacado que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de ejecuciones "ha alcanzado su cifra más baja desde 2008".

"Algo tendrá que ver algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno", ha defendido, destacando que, gracias a las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy desde 2012 se han suspendido más de 24.000 lanzamientos y se han adjudicado 9.020 viviendas del Fondo Social habilitado, el 90% de las disponibles para colectivos vulnerables, según ha explicado.