Cuenta a sus compañeros de profesión el magistrado Pablo Llarena que se siente “rejuvenecido” desde que instruye en el Tribunal Supremo el proceso abierto a raíz de la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Ser la persona que dirige una de las causas judiciales más importantes que se ha instruido en nuestro país en las últimas décadas es para este magistrado de carácter templado un reencuentro con su juventud y con sus primeros años de profesión como juez instructor en Torrelavega (Cantabria) y luego en Burgos, su ciudad natal.
Pablo Llarena -que ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1989- es un amante del derecho, materia con la que creció en casa al ser hijo de un matrimonio de abogados. Es un magistrado que, paradojas de la vida, hizo la mayor parte de su carrera como jurista en Cataluña para años después ser el instructor del 'procés'. Fue presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, órgano al que se incorporó en 1998, donde dejó un “buen recuerdo” como jefe al hacer gala de su carácter dialogante.
Además, ha ejercido como profesor de la Escuela de Práctica Profesional de la Abogacía de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor colaborador de un postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Barcelona.
Quienes le conocen aseguran que su comportamiento afable y ponderado compensa la gran responsabilidad que ha asumido en los últimos meses al investigar a las cabezas visibles del Govern que apostaron por separar -saltándose la Ley- dicha autonomía de España. Sin embargo, el togado no se achanta ante nada y sigue mostrando día a día que es un hombre tranquilo y medido.
Pablo Llarena es un gran apasionado del mundo de las motos; no en vano tiene una Harley Davidson con la que ha ido a Italia
Llarena está casado con la actual directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, y es padre de dos hijos ingenieros aeronáuticos. Uno que ya lo es y otro que está en ello. Su perfil más desconocido es el de gran aficionado al mundo de las motos, no en vano tiene una Harley Davidson con la que se fue a Italia en una ocasión.
Es un jurista de corte conservador pero que rehúye de las ideas preconcebidas. Fue el presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), donde previamente ejerció como portavoz con los medios de comunicación. Una actitud que contrasta con el silencio sepulcral y hermetismo que ha decidido mantener ahora que investiga el intento de independencia de Cataluña. "Es un proceso demasiado complejo como para tener interferencias externas", argumenta.
En enero de 2016 fue nombrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por 16 votos, es decir, con el consenso del grupo progresista y conservador del órgano de gobierno de los jueces.
Sus colegas de la Sala lo definen como un magistrado con gran capacidad analítica y que jamás tiene un mal gesto con sus compañeros
Sus colegas de la Sala lo definen como un magistrado con gran capacidad analítica y que jamás tiene un mal gesto con sus compañeros. Además, destacan de él que cuando acude a una deliberación siempre está dispuesto a escuchar las ideas del resto del tribunal.
Aunque Pablo Llarena tiene criterio propio. Lo está demostrando durante la instrucción del procés. Rechazó imputar en el Supremo al major de los Mossos d' Esquadra Josep Lluís Trapero pese a la insistencia de cuatro pesos pesados de la Carrera Fiscal que entienden que debe ser investigado por el Alto Tribunal y no por la Audiencia Nacional al ser una pieza clave en la supuesta rebelión. Tampoco excarceló el juez a los líderes del procés -Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis- cuando así lo deseaba el Gobierno de Mariano Rajoy y así se lo hizo saber.
No obstante, no todos son elogios para este burgalés ya que dentro de la Carrera Judicial hay quien critica que algunos de sus autos sobre el procedimiento catalán son “demasiado políticos”. Se le ha reprochado, por ejemplo, que no cursara la euroorden contra el ex president Carles Puigdemont cuando viajó a Dinamarca pese a que así se lo reclamó la Fiscalía.
Lo que nadie duda a estas alturas es que el magistrado Llarena maneja entre sus manos una instrucción histórica con la que el Estado de Derecho tiene que responder a quienes trataron de desafiarlo.
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