Tras más de diez horas de tiras y aflojas, de máxima tensión, con el Gobierno y sus terminales presionando para que el Tribunal Constitucional aplazara la decisión sobre la reforma que afecta, entre otras cosas, a la forma de elegir a los miembros del propio Tribunal de Garantías, los seis magistrados conservadores que conforman la mayoría se mantuvieron firmes y decidieron pararla en seco antes de que el jueves se vote en el Senado.

Es un varapalo para Pedro Sánchez, que ahora tendrá que improvisar alguna salida que le permita sacar adelante las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional (una batería añadida a la reforma del Código Penal, con la supresión del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación, en virtud del pacto con ERC a cambio de su apoyo parlamentario), con las que pensaba cerrar el año.

Es un choque sin precedentes entre el Gobierno y el árbitro que dirime sobre las disputas entre los poderes del Estado. Sánchez ha puesto toda la carne en el asador para evitar lo que este lunes se produjo al borde de las 10,30 de la noche. Incluidas descalificaciones de medios afines al presidente del Tribunal, Pedro González-Trevijano, y al ponente Enrique Arnaldo, que ha defendido a capa y espada sus argumentos y ha logrado mantener unido al bloque conservador.

Desde el Gobierno se afirma que la decisión del TC es un "ataque a la soberanía popular", que ya dio luz verde a la reforma. Por su parte, el PP califica la decisión como "un triunfo de la democracia"

Por otra parte, fuentes próximas al Gobierno han insistido en que la decisión del TC supone un "ataque a la soberanía popular". Algo que suena a déjà vu. Estamos en una situación parecida a la que vivimos en los meses de septiembre y octubre de 2017. Los independentistas catalanes plantearon un conflicto entre el poder legislativo, representado por el Parlament, y los tribunales, tanto el TSJC como el Tribunal Constitucional, que, de acuerdo con la legislación vigente, tenían la obligación de parar la declaración unilateral de independencia.

Ahora, desde el Gobierno, y abiertamente desde uno de sus componentes (UP), se afirma que la soberanía popular está por encima de lo que diga el Tribunal Constitucional y se justifica por el hecho de que en el seno del Tribunal de Garantías hay una "mayoría conservadora". Ni se plantea que lo que ha hecho el Gobierno con su reforma exprés sea legal. Lo ha decidido la mayoría en el Congreso y punto. Pablo Iglesias, que sigue siendo referente no sólo para la extrema izquierda, dijo ayer en un tuit: "Si la maniobra de la derecha judicial en el TC y el CGPJ se consuma, tendríamos un enfrentamiento entre el poder democrático (Congreso) y poderes del Estado que habrían perdido su legitimidad al desligarse del Congreso". A este hombre todavía no le ha entrado en la cabeza que el concepto 'legítimo' significa conforme a la ley, y que, en un Estado de Derecho, la ley está por encima de los poderes del Estado. El poder legislativo puede cambiar las leyes, pero no incumplirlas, por mucho que lo pretenda una mayoría.

Por su parte, el PP saludó la decisión del TC como un "triunfo de la democracia y del Estado de Derecho".

El Gobierno tiene toda la legitimidad para intentar modificar el Código Penal para pagarle su apoyo parlamentario a ERC; incluso puede modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional para que se produzca un cambio de mayoría en su seno, pero debe hacerlo por las vías legalmente establecidas. La precipitación, querer cerrarlo todo de prisa y corriendo antes de que termine el año para así tener despejado el panorama de cara a las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo es lo que le ha llevado al Gobierno, inducido por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a elegir una vía equivocada. Lo lógico hubiera sido que el Gobierno hubiese llevado esas iniciativas al Congreso como proyecto de ley, lo que hubiera supuesto avalar con las suficientes garantías democráticas dichas reformas. Pero no lo ha hecho. Y de eso, del procedimiento, es de lo que se ha discutido en el Pleno del Tribunal Constitucional.

La batalla ha sido cruenta. El Gobierno, utilizando al PSOE y a UP, había puesto varios recursos ante el TC el domingo por la tarde para dilatar la decisión sobre la medida cautelarísima propuesta en su recurso de amparo por el PP, que suponía evitar que saliera adelante la reforma. La más importante estaba destinada a dejar al grupo conservador en minoría mediante la recusación del presidente de Tribunal, González-Trevijano, y del magistrado Antonio Narváez, ambos con el mandato caducado desde el mes de junio. Pero la recusación no salió. El bloque conservador votó en bloque en contra: 6 votos contra 5.

Esa fue la primera señal de que la mayoría iba a mantenerse unida para afrontar la votación final. Ahora, el TC queda partido en dos mitades, y el Gobierno iniciará una ofensiva para dejar al margen de la democracia a sus miembros conservadores y, por supuesto, al PP. Nos esperan días que van a marcar la historia.