¿Quién se atrevería a poner un pero a los pensionistas, quién osaría discutirles una sola coma de sus exigencias, quién podría oponerse a sus protestas? Nadie, porque es un hecho que los pensionistas son hombres y mujeres que han trabajado toda su vida, que han cotizado durante esos años en activo en la creencia errónea de que estaban contribuyendo a su propia pensión futura, cuando la realidad es que a lo que estaban contribuyendo era a pagar las pensiones de los que en ese momento estaban jubilados.

Los pensionistas han sido, además, el sostén de cientos de miles de familias cuyos miembros jóvenes habían sido golpeados por la feroz crisis de los años precedentes y que pudieron acogerse al amparo del dinero de los abuelos. Sin ellos, sin el abrigo de sus pensiones, es probable que en este país hubieran estallado muy serios y muy continuados conflictos sociales. Ellos han sido el colchón que ha amortiguado los peores golpes de la crisis.

Pero tan cierto como eso, lo es que los pensionistas fueron durante este tiempo atroz los únicos trabajadores que tenían asegurados sus ingresos sin ninguna variación absoluta. El resto de la población, en su inmensa mayoría, vio reducido su salario de manera dramática  o directamente se quedaron en la calle. De modo que no es gratuito decir que las auténticas víctimas de la crisis no han sido los pensionistas sino los trabajadores en activo.

No es gratuito decir que las auténticas víctimas de la crisis no han sido los pensionistas sino los trabajadores en activo

A pesar de ello, es evidente que hay pensiones en España que no alcanzan a asegurar el mínimo nivel de supervivencia y ese es un umbral que reclama un incremento inmediato. Pero las exigencias de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, que exige la derogación de las reformas de las pensiones emprendidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y por el de Mariano Rajoy en 2013, no están puestas en razón de una manera indiscutible.

La reforma impulsada por el PSOE prolongó de manera progresiva la edad de jubilación hasta alcanzar los 67 años, una edad en la que la mayor parte de los españoles pueden considerarse relativamente jóvenes. No es en absoluto un abuso por parte del anterior gobierno. Y amplió el período cómputo para el cálculo de la pensión desde los 15 a los 25 años además de alargar de 35 a 37 años el periodo de cotización exigida para disfrutar la jubilación completa con la edad de 65 años.

Fueron decisiones pactadas con los sindicatos, la CEOE y el resto de las formaciones políticas que el Gobierno de Mariano Rajoy terminó de aplicar cuando llegó al poder. De manera que todas esas reformas se hicieron sobre la base de un consenso que los jubilados que ahora se manifiestan en las calles deberían tener en consideración.

Todas las reformas se hicieron con un consenso que los jubilados que ahora se manifiestan en las calles deberían tener en consideración

Reclaman los manifestantes pensiones dignas. Y eso no tiene discusión. Reclaman también subidas de acuerdo con el IPC, porque en estos momentos la subida que el Gobierno garantiza es de un 0,25%. Y ahí entran ya serias dudas porque indexar las pensiones a la subida del nivel de vida es una reclamación razonable pero puede convertirse en un compromiso imposible de financiar en el futuro si la inflación se disparara, cosa improbable pero no imposible.

Pos eso, más que prometer insensatamente subidas de las pensiones, lo que tienen que hacer con urgencia los partidos políticos es perder el miedo y abandonar la tentación de aprovecharse políticamente del problema y dedicarse en cuerpo y alma a establecer un sistema en el que los ingresos se destinen exclusivamente al pago de este capítulo, despojándolo de excrecencias y de gastos que en puridad no le correspondería asumir.

Dicho esto, hay que añadir que el sistema de pensiones de un Estado moderno no puede quebrar porque es la clave de bóveda del estado de bienestar de cualquier país desarrollado, especialmente en Europa y que, por lo tanto, cualquier gobierno está obligado a dejarse la piel para encontrar la fórmula que garantice la sostenibilidad del sistema.

Por esa razón este es un debate esencial pero también es cierto que es un caramelo muy goloso para cualquier partido que esté en la oposición. Son casi nueve millones los pensionistas que hay hoy en España, suficientes para determinar una victoria electoral. Por eso todas las formaciones políticas se aplican a apoyar las peticiones de los pensionistas cuando el país entra en un período electoral, como es ahora el caso porque todos se preparan para pescar en ese caladero de votos para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Pero el problema de la pensiones, de su sostenibilidad, no se resuelve en el debate de un pleno sino después de un profundo estudio y de grandes acuerdos posteriores dentro del Pacto de Toledo.

Son casi nueve millones los pensionistas que hay hoy en España, suficientes para determinar una victoria electoral

En este aspecto, hacen bien los pensionistas cuando rechazan ser utilizados por los partidos y por los sindicatos para mayor gloria de sus siglas. Pero no nos engañemos: en este abandono general a que han sido sometidos los pensionistas organizados, sólo Podemos ha estado más rápido y ha acogido la necesidad de esta Coordinadora Estatal de ser escuchada y de recibir apoyo, también logístico. Las exigencias de los pensionistas que se manifiestan estos días probablemente van a encontrar una respuesta rápida pero parcial por parte del Gobierno. Sobre todo para cortar la salida a los partidos de la oposición que estos días se aprestan a sumarse a las manifestaciones convocadas.

Pero es necesario insistir aun a riesgo de acabar despellejada: las víctimas de la crisis no han sido los pensionistas, que han seguido cobrando sus prestaciones, sino los trabajadores que estuvieron en activo y que se han quedado en la calle o han visto reducidos sus salarios al nivel de la miseria.

El incremento salarial por parte de las empresas que ya tienen beneficios es una reivindicación tan urgente, yo diría que más, que la actualización de las pensiones.